Más de un maestro porteño se habrá sorprendido al ver que el gobierno de la ciudad pondrá en manos de la policía parte de la capacitación docente ofrecida este verano. En el marco de un escándalo por espionaje ilegal que involucra a un ex funcionario del Ministerio de Educación porteño, y con un nuevo ministro resistido por la comunidad educativa, la oferta de un curso sobre adicciones dictado por toxicólogos de la Federal resultó, al menos, extraña, y puso a los gremios docentes en estado de alerta.

“El docente actual frente al fenómeno adicción” es el título del curso de capacitación que será dictado en el Centro de Pedagogías de Anticipación (CePA), en su sede de Caballito, del 17 al 23 de febrero de 2010. La cursada estará a cargo de dos miembros de la División Prevención Social de Toxicomanías de la Policía Federal Argentina.

“Que pasen por los colegios y den una charla informal, vaya y pase...”, comenta Héctor Neri, secretario general del gremio Sadop. “¿Pero a nivel formativo con docentes? Sobre el tema de la drogadicción la policía puede aportar una cuadrícula, no una currícula.”

Eduardo López, titular de la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE-Ctera), ya anticipó su rechazo. “Nosotros abordamos el tema desde la prevención en un marco de contención. La policía, en cambio, lo aborda desde una perspectiva represiva.”

Mabel Novelino, jefa del Departamento de la Escuela de Capacitación, asegura que la cursada no tiene esa orientación. “Las personas que dan el curso son profesionales”, asegura. “Lo nuestro es una apuesta por lo multidisciplinario. En la oferta que damos hay un montón de cursos para que ellos saquen sus propias conclusiones.”

Sin embargo, los sindicatos docentes están bastante disconformes. “¿Qué tienen que hacer los policías en el CePA?”, lanza Manuel Gutiérrez, secretario general de Ademys, que agrupa a los docentes de educación media y superior. “Esto implica naturalizar la represión como estrategia en la lucha contra la droga. Nosotros, como educadores, tenemos que arribar al tema de la drogadicción desde un enfoque preventivo, poniendo las cuestiones estructurales por encima del tema penal.” Gutiérrez reclama, además, que “las actividades las realicen especialistas en educación y docencia”.

Novelino entiende que los gremios encaren “la defensa de la fuente laboral” docente, y por eso aclara que “60 de los 75 cursos que tenemos están dictados por especialistas en educación”. Los quince restantes, asegura, son “cursos agregados” que el gobierno no paga. “Fue una oferta que las instituciones nos hicieron, no usamos dinero público para organizarlos.”

Para Neri, lo más contradictorio del asunto es que cuando tuvo lugar el escándalo por las escuchas ilegales, el macrismo le había echado la culpa a la Policía Federal. “¡Y ahora les mandan a los que supuestamente originaron las escuchas a capacitar a los docentes!”, exclamó el titular de Sadop.

Desde el gobierno porteño afirman que la polémica por el seminario fue un problema de “timing”. Según explican en el CePA, los cursos de verano de 2010 fueron armados en agosto, meses antes de que estallara el escándalo por el espionaje que terminó con el procesamiento de Jorge “Fino” Palacios. La Legislatura, sostienen, los había obligado a duplicar el número de seminarios sobre adicciones, y su “error” fue recurrir a personal policíaco para dictarlo. “Si a alguna asociación le molesta, lo vamos a retirar. Queremos evitar la confrontación”, explica Novelino.

El CePA fue fundado en 1984 como centro de capacitación continua. Depende del Ministerio de Educación de la ciudad, que ahora dirige el resistido Abel Posse, y en sus seminarios de formación participan cada año más de 20 mil docentes.

Informe: Federico Poore.