La inclusión de patovicas con actitudes racistas en el Programa de Mitigación de Riesgos en Escuelas y Actividades Escolares que depende del Ministerio de Educación porteño generó manifestaciones de repudio de varios diputados de la oposición al gobierno de Mauricio Macri. Asimismo, el sindicato ATE de la Capital Federal se declaró en estado de alerta y movilización y convocó para una marcha a la Jefatura de Gobierno de la ciudad, mañana a las 11 (ver aparte), con el propósito de lograr la inmediata reincorporación de treinta empleados despedidos que fueron reemplazados por aquel grupo que en su mayoría pertenece a una agencia de seguridad privada. Un comunicado que firmaron ocho legisladores señala que además existe un “importantísimo agravante: según todas las denuncias de los trabajadores, este nuevo ‘personal’ actúa como una verdadera ‘patota’ neonazi, jactándose de golpear a menores en sus trabajos como patovicas en los fines de semana, festejando el cumpleaños de Adolfo Hitler, colocando una esvástica como fondo de pantalla en varias de sus computadoras y repitiendo constantemente comentarios antisemitas y xenófobos”.

Francisco “Tito” Nenna, ex dirigente gremial de la UTE-Ctera y flamante diputado del bloque Encuentro Popular para la Victoria, denunció: “Es una barbaridad que en un lugar donde teóricamente tiene que estar resguardada la seguridad de las escuelas y de los trabajadores de la educación, aparezcan patovicas de actitudes violentas, que nada tienen que ver con la mitigación de riesgos en las actividades escolares. Esto se va a transformar en un escándalo político. El programa depende del secretario de Educación, Andrés Ibarra, que es el responsable de este lugar y de que la coordinación la lleven adelante dos personas que pertenecen a una empresa privada, que fue autorizada el 30 de julio de 2009 por este gobierno para poder actuar. Son negocios privados, transferencias de fondos y, además de todo eso, cuestiones que no tienen que ver con el resguardo de la seguridad de las instituciones, además de la seguridad física de los docentes y de los alumnos”.

Junto a Nenna también firmó el comunicado su compañera de bloque, Gabriela Alegre, la ex integrante de la Comisión de Educación de la Legislatura. Página/12 publicó una investigación sobre las condiciones en que se desarrolla el Programa de Mitigación de Riesgos en Escuelas y Actividades Escolares el domingo 27 de diciembre. En la nota se informaba que, en el área donde se planifican los simulacros de emergencias para evacuar establecimientos educativos de la ciudad (cuya dirección es San Juan 250, en San Telmo), había patovicas pertenecientes a Flashpoint Seguridad, una compañía que regentea el coordinador del Programa, Sebastián Alberto Amato, y que la política de incorporaciones se basa en la discriminación de los aspirantes a un puesto de trabajo, entre otras denuncias.

Una de las más graves es la que mencionó Nenna en su despacho de la Legislatura: “El agravante del problema es tener personajes que utilicen la violencia contra docentes y alumnos. Lo rechazamos totalmente y vamos a denunciar la violencia y la discriminación utilizadas. Por lo tanto, haremos un pedido de informes desde la Legislatura, para saber más de este funcionamiento. Nosotros, que siempre hemos actuado desde el lugar de la no violencia, desde el lugar de la no violencia en la democracia, vamos a acompañar también a los treinta trabajadores despedidos”.

Además de Nenna y Alegre suscribieron el comunicado los diputados opositores Rafael Gentili, de Proyecto Sur; Martín Hourest, de Igualdad Social; María Elena Naddeo, de Diálogo por la Ciudad; Gonzalo Ruanova y Gabriela Cerruti, de Espacio Plural, y Diana Maffía, de la Coalición Cívica. Hourest dijo que, ante la aparición de la empresa de seguridad en el Ministerio de Educación, “el límite entre lo público y lo privado se emborrona por un caso como el de Flashpoint. Se trata de grupos que pretenden desplazar al estado en cuestiones mercantiles y que tienen un nervio autoritario como la UCEP”. Ruanova señaló que los hechos “no hacen más que ratificar el perfil de un gobierno deficitario y de un tinte claramente autoritario. No puede concebirse que en un área destinada a la prevención en escuelas públicas ingrese gente así”.

En el texto titulado “Regalo de fin de año de Mauricio Macri: despidos y patotas neonazis en el Gobierno de la Ciudad”, los legisladores se refirieron a las cesantías en el Programa que se remonta a 2005 y que comenzó a funcionar después de la tragedia de Cromañón, de la que se cumplieron cinco años el 30 de diciembre. Mencionaron que Carlos Lelio, el director general de Personal Docente y No Docente, fue el único que recibió a los trabajadores afectados, todos profesionales egresados o estudiantes avanzados de la UBA, pero les esgrimió como argumento que debía despedirse al 15 por ciento del personal “en vistas de un supuesto error, a saber, un exceso de ampliación de personal realizado en 2008”.

También se sumó a los cuestionamientos el diputado Raúl Puy, de Diálogo por Buenos Aires: “Apenas asuma el nuevo ministro Bullrich tiene que intervenir el Programa o encauzarlo en el objetivo original para el cual fue creado. El gobierno de Macri ha sido permisivo con gente que demuestra una ideología totalmente opuesta al sistema democrático”. La diputada Delia Bisutti, de Proyecto Sur, una especialista en temas de educación, agregó: “Es alarmante enterarse de que el Programa de Mitigación de Riesgos en Escuelas Públicas lo lleven a cabo patovicas de una agencia de seguridad poniendo en riesgo a docentes y alumnos. Una vez más queda al descubierto el pensamiento de Macri acerca del rol del Estado y su desprecio hacia la escuela pública, como quedó constatado con la frustrada designación de Posse en el Ministerio de Educación”.