El jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, apeló a tres decretos para vetar total o parcialmente una cantidad idéntica de leyes con un tronco común: la defensa de los derechos humanos en la ciudad. El 26 de noviembre de 2009, la Legislatura votó el Comité de Prevención de la Tortura, el Registro de ex Presos Políticos y un subsidio para la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos (APDH) que incluso, en los dos últimos casos, habían sido apoyados por el bloque de diputados oficialistas. Pero el Ejecutivo no dejó pasar ninguna de esas iniciativas y, además, se opuso mediante otro decreto a los Foros de Seguridad (Fosep) que tenían como finalidad “participar en el diseño y elaboración del Plan General de Seguridad Pública”, cuando se aproxima el demorado lanzamiento de la Policía Metropolitana.

Los vetos a las leyes fueron publicados en los boletines oficiales 3338 y 3339 del martes último y ayer, respectivamente, y habían sido firmados el 6 y 8 de enero. El decreto 15/10 frenó el Comité de Prevención de la Tortura contemplado en la ley 3298 que estaba “destinado a prevenir torturas y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes en los lugares de detención e internación, públicos y privados, por medio de visitas periódicas”. En su artículo 4, la norma establecía que dicho Comité “cumplirá la función de monitoreo respecto de todos los lugares de detención e internación con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y respecto de aquellos que, situados fuera del territorio de la ciudad, se encuentran bajo la órbita de alguno de los poderes locales”.

El Observatorio de Derechos Humanos porteño difundió ayer un comunicado en el que considera “fundamental que en nuestra ciudad funcione un organismo de dichas características, teniendo en cuenta, además, la creación de la Policía Metropolitana que empezará a actuar próximamente”. La ley 3298 no pasó el filtro de Macri, su jefe de Gabinete, Horacio Rodríguez Larreta, y el ministro de Justicia, ahora cultor del bajo perfil, Guillermo Montenegro, quienes firmaron el respectivo decreto. Tampoco habían acompañado la ley en el recinto los diputados del PRO que perdieron la votación por 28 a 18 votos.

El 26 de noviembre también se aprobó la ley 3268 del Registro de Ex Presos Políticos que había impulsado el diputado del Frente para la Victoria Juan Cabandié y que funcionaría en el ámbito de la Subsecretaría de Derechos Humanos porteña. El recorrido de la norma comenzó cuando el legislador interiorizó del proyecto a Helio Rebot, el entonces subsecretario del área, pero éste “rechazó la iniciativa”, según le informó a Página/12 una fuente muy cercana al legislador. El Registro es algo que ya existe al menos en Córdoba y La Rioja, y otras provincias avanzan en la implantación de un ente semejante. Como fuere, el proyecto llegó igual a la Legislatura y se aprobó hasta con los votos del PRO.

El artículo 3 de la ley definía que el Registro “será de carácter voluntario e incluirá a todas aquellas personas que tengan no menos de un año de residencia en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que hayan revestido el carácter de presos políticos en cualquier lugar del territorio nacional, entre el 16 de septiembre de 1955 y el 10 de diciembre de 1983...” La iniciativa de Cabandié encuadra dentro del Programa Nacional de Ex Presos Políticos que funciona dentro de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y que está a cargo de Roberto Regalado.

El decreto 6/10 que vetó esta ley sostiene en sus considerandos “que no surgen del texto en análisis, razones, necesidades o finalidades que justifiquen la creación en el ámbito local de un registro como el propuesto, máxime cuando se pretende incorporar al mismo casos de todo el territorio nacional”.

La última de las leyes sobre derechos humanos, la 3299, le otorgaba un subsidio de 72.000 pesos a la APDH, uno de los organismos más antiguos del país. Fue vetada mediante el decreto 16/10. Según el Observatorio, el principal fundamento de Macri para firmarlo fue que “el control y rendición de dicho subsidio debe hacerlo la Auditoría y no la Legislatura, como dice la ley, lo que podría haberse traducido en tan sólo un veto parcial de un artículo y no de toda la ley”. La norma aprobada en la Legislatura con el respaldo del PRO, pese a lo cual, Macri también la rechazó, sostenía en su artículo 2 que “el subsidio otorgado tiene por destino la manutención del inmueble que ocupan, el pago de impuestos, la compra de insumos y de bienes y de todo aquello necesario para el desenvolvimiento de su actividad, conforme al objeto social establecido en los estatutos de la asociación beneficiaria”.

El veto del jefe de Gobierno también alcanzó a la creación de los Foros de Seguridad Pública (Fosep), aprobados mediante la ley 3267 que disponía en su artículo 3, la promoción de “la efectiva participación comunitaria en la elaboración, diseño, evaluación y seguimiento de las políticas públicas de seguridad”. Cada Foro, una especie de réplica de los que impulsó en la provincia de Buenos Aires el ex ministro de Seguridad, León Arslanian, iba a estar integrado “por organizaciones de la sociedad civil o entidades comunitarias y vecinales con personería jurídica, domicilio y actuación en el ámbito territorial de la comuna correspondiente”.

Macri firmó el decreto 5/10 que los vetó porque “en materia de seguridad pública, las normas respectivas establecen que es competencia del Poder Ejecutivo presentar anualmente el Plan General de Seguridad Pública”.