Luego de contratar a dos de los abogados más caros de Europa con el objetivo de evitar ser juzgado en la Argentina, donde ocurrieron los vuelos de la muerte que confesó ante sus compañeros de la aerolínea Transavia, el ex piloto naval Julio Poch modificó su estrategia y manifestó ayer ante la Audiencia Nacional de España su voluntad de ser extraditado y sometido a “un juicio justo”. Fuentes judiciales calcularon que en dos semanas podría concretarse el próximo vuelo del marino sobre el Atlántico y en un año estaría en condiciones de ser juzgado.

El teniente de fragata de 57 años, que según sus colegas holandeses “defendía el hecho de haber arrojado gente al mar”, explicó ante los jueces que se considera víctima de “una jugada política” del reino de los Países Bajos, donde ejerce como princesa una hija de Jorge Zorreguieta, secretario de Agricultura de la última dictadura. El lunes trascendió que una de las hijas de Poch le envió una carta a la sucesora del reino con la esperanza de obtener ayuda, y el propio imputado anticipó en declaraciones al diario De Telegraaf sus intenciones de probar su inocencia en el país. Poch contó con orgullo que en la cárcel de Madrid lo llaman “gentleman” y, con citas de “expertos” no identificados, afirmó que existe en la Argentina una “caza de brujas” por los crímenes de la última dictadura.

El ex oficial de la Armada fue detenido el 22 de septiembre en el aeropuerto de Valencia. De inmediato contrató a Gerard Spong, afamado defensor de causas impopulares en Holanda, y a Ignacio Peláez, ex fiscal de la Audiencia Nacional y ex representante de España ante organismos de la Unión Europea. Spong se paseó por los medios criticando a la Justicia argentina e insistiendo en la obligación de Holanda de repatriar al piloto que tiene doble ciudadanía. Su trabajo continuó al menos hasta la semana pasada, cuando dijo que en caso de ser extraditado su cliente debería estar entre seis y diez años con prisión preventiva, e invocó un supuesto informe de Human Right Watch para destacar las “grandes posibilidades” de ser condenado pues “sólo el treinta por ciento” de los represores resultan absueltos. En realidad, según el CELS fueron absueltos siete de los 75 imputados que llegaron a juicio, el 9,3 por ciento.

Peláez también alternó trabajo jurídico con declaraciones en los medios. Ya en octubre pasado dijo que la detención respondía a “temas más políticos que otra cosa”, sugirió que el reino de los Países Bajos evitó concretar la detención de Poch y, como consecuencia “la patata caliente se la han mandado a España”. La semana pasada les anticipó a periodistas holandeses que iba a plantear ante la Audiencia Nacional un “fraude de derecho” en contra de Holanda por negarse a detenerlo en su territorio, y afirmó que su cliente no tendría en la Argentina “un juicio imparcial y justo” porque gran parte de los jueces “son de izquierda” (sic).

El 6 de octubre Poch declaró ante el juez Eloy Velasco que no tuvo “nada que ver” con el terrorismo de Estado. El 30 de octubre, el Consejo de Ministros del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero aceptó tramitar la extradición al considerar que Argentina es competente para juzgar a sus represores. El 18 de diciembre, un juez de La Haya admitió que Holanda estaba facultada para juzgar a Poch y no descartó que le permitan volver para cumplir su condena, pero consideró que el juicio debía realizarse donde ocurrieron los crímenes, para “que los familiares de las personas desaparecidas puedan seguir el proceso”, y rechazó la extradición al reino de la princesa Máxima Zorreguieta.

El lunes, en diálogo con De Telegraaf, Poch intentó desacreditar al ex compañero de Transavia que lo denunció (no a los testigos directos de la confesión), culpó al gobierno holandés de su detención en España, que vinculó con el fantasma de Zorreguieta, y por primera vez manifestó su voluntad de ser extraditado a la Argentina. Ayer dijo ante los tres jueces de la Audiencia Nacional que llevaba “cuatro meses detenido injustamente”, que deseaba la extradición para “poder defenderse”, que le han “arruinado” su carrera por hechos de los que “no existen pruebas”, y que “lo más vergonzoso” era que la Justicia argentina lo acusó “sin investigar los hechos”. La afirmación carece de fundamentos: el juez federal Sergio Torres y su secretario Pablo Yadarola pidieron su captura internacional después de escuchar en persona a los testigos de su confesión. La posta de Spong y Peláez ya la tomó el abogado Gerardo Ibáñez, que el año pasado logró en Mar del Plata la absolución del coronel Alejandro Duret y que en la causa ESMA defiende al coronel Roque Angel Martello.

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