El coronel Juan Manuel Cordero, uno de los máximos responsables de la represión ilegal en Uruguay, está cada día más cerca de ser juzgado en la Argentina por delitos de lesa humanidad cometidos en el marco del Plan Cóndor, la coordinación represiva organizada por las dictaduras del Cono Sur en los ’70. La Policía Federal de Brasil lo buscó ayer en su casa de Santana do Livramento para detenerlo y extraditarlo, tal como resolvió en agosto el Supremo Tribunal Federal (STJ), pero lo dejó internado en un hospital por un supuesto malestar. Un vocero del Ministerio de Justicia brasileño informó que la intención del gobierno de Lula es concretar hoy mismo el traslado. El juez Norberto Oyarbide, que instruye la causa Cóndor, tiene previsto tomarle declaración indagatoria mañana a las 11.

Cordero fue uno de los principales cuadros de inteligencia del Organismo de Coordinación de Operaciones Antisubversivas (OCOA), la pata uruguaya del Cóndor, que en Buenos Aires tuvo como epicentro el centro clandestino Automotores Orletti, donde fue reconocido por sobrevivientes orientales. Cordero está acusado, entre otros casos, por la desaparición de la nuera del poeta Juan Gelman y por el asesinato, en mayo de 1976, de los legisladores uruguayos Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, y de los militantes tupamaros Rosario Barredo y William Whitelaw.

Igual que Alfredo Astiz, que gracias a las leyes de impunidad tuvo que rendir cuentas primero por sus declaraciones y recién años después por sus crímenes, Cordero vivió impune en su país gracias a la ley de caducidad promovida por el ex presidente Julio María Sanguinetti y fue citado a declarar en 2003, acusado de hacer apología de la tortura, delito que él mismo practicó durante la dictadura uruguaya, entre 1973 y 1985.

En julio de 2004, un mes antes de que se librara su orden de detención, huyó a Brasil y se radicó en Santana de Livramento, en la frontera entre ambos países. Allí lo detectó Jair Krischke, del Movimiento Justicia y Derechos Humanos de Porto Alegre, y fue retratado por un reportero de la revista Caras y Caretas. La extradición a Uruguay no se concretó porque la pena máxima del delito imputado, “desacato por ofensa”, son dos años, menos que lo exigido por el Tratado del Mercosur para tramitarla.

El pedido de extradición, solicitado por el fiscal federal Miguel Angel Osorio, lo formuló en 2006 el entonces juez federal Guillermo Montenegro, hoy ministro porteño. Cordero fue detenido en febrero de 2007. Estuvo preso en una dependencia policial en Porto Alegre, luego en un regimiento militar, hasta que por “razones humanitarias” le concedieron el arresto domiciliario. Con la detención comenzó una campaña internacional para que el STJ concediera su extradición a la Argentina o al Uruguay, donde era requerido por el asesinato de Michelini y Gutiérrez Ruiz, no incluidos en la ley de caducidad. El 6 de agosto, el STJ votó a favor del envío a la Argentina, donde ocurrieron los hechos. La última maniobra dilatoria de Cordero, el lunes, fue un reclamo para ampararse en la ley de amnistía de Brasil. El vocero del gobierno de Lula que informó sobre la detención explicó que “se sintió mal y fue hospitalizado”, pero “no bien mejore será entregado, por Uruguayana o en vuelo de Porto Alegre a Buenos Aires”.