Los jefes de los bloques de la Coalición Cívica, la UCR, el PRO y el peronismo disidente presentaron en Diputados un pedido de juicio político al jefe de Gabinete, Aníbal Fernández. La iniciativa, promovida inicialmente por Elisa Carrió, fue ganando adherentes en los sectores más duros de la oposición. “Aníbal Fernández deberá dar explicaciones por sus acciones en contra de la República y los valores constitucionales”, estimó el jefe del bloque de PRO, Federico Pinedo, mientras que la líder de la CC dijo que quiere ver al funcionario “en el banquillo de los acusados”.

El pedido de juicio político fue firmado por Carrió y Pinedo, junto con Oscar Aguad, por la UCR, y Felipe Solá, por el bloque de Peronismo Federal. Los cuatro plantearon que Fernández cometió “mal desempeño y delitos en el ejercicio de la función pública”. Consideraron que la intervención de Fernández en el caso de la jueza María José Sarmiento y en el conflicto gremial en el Sindicato de Aeronavegantes implica “una clara afectación al principio de independencia del Poder Judicial”.

El proyecto de resolución contiene un error en su único artículo: dice que Fernández es “ministro del Interior” y no jefe de Gabinete. Más allá de las erratas, los dirigentes opositores consideraron que el Gobierno “utiliza el Consejo de la Magistratura como forma de coerción” y que con sus declaraciones públicas Aníbal Fernández “procede a presiones para precipitar la renuncia a los cargos” de los jueces. Interpretaron que la actuación del funcionario forma parte de “los embates contra el Poder Judicial que se han incrementado paulatinamente en el transcurso de los gobiernos de Cristina Fernández y Néstor Kirchner”.

Entre las medidas que le cuestionaron al jefe de Gabinete está la controversia por los fallos sobre la interna de la Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA) y la “intimidación a la jueza Sarmiento”, cuando el Gobierno envió una comisión de la Policía Federal a localizarla. La magistrada había considerado “una presión” la presencia de un patrullero enfrente de su casa. Los diputados opositores consideraron que “no sólo existió un patrullero como instrumento de presión, sino una serie de declaraciones por parte del jefe de Gabinete”.

Los bloques opositores presentaron el pedido de juicio político en una conferencia de prensa a la que asistieron unos veinte diputados. Los dirigentes afirmaron que pueden revocar a Fernández con mayoría simple en las dos cámaras y se entusiasmaron con la posibilidad de que el pedido avance en la Comisión de Juicio Político de Diputados, donde se presentará el planteo para que se inicie una investigación.

“Nuestra intención es ver al jefe de Gabinete sentado en el banquillo de los acusados en la cámara, por abuso de autoridad y mal de-sempeño de sus funciones”, se regodeó Carrió. “Al jefe de Gabinete no le corresponde ordenar a la Policía Federal que desobedezca un fallo de un juez que no le gusta al Gobierno. Eso es una clara violación del sistema republicano, lo mismo que la persecución a la jueza Sarmiento”, se sumó Pinedo, quien fue denunciado por el gobierno nacional junto con Aguad por “estafa procesal” en la causa que llevaba Sarmiento. El diputado de PRO consideró que la denuncia penal fue “sencillamente porque cada uno hizo lo que creía que debía hacer ante una causa judicial”. El dirigente macrista estimó que “la gente de a pie tiene la sensación de que no puede acudir a la Justicia si el Gobierno no quiere”.