La Presidenta dispuso que todos los barcos que quieran navegar entre los puertos del territorio continental argentino y los puertos de las islas Malvinas y Sandwich del Sur deberán solicitar “autorización previa de las autoridades competentes” del Ejecutivo. La disposición se fijó a través del decreto 256/2010, que la mandataria firmó ayer a la mañana en la quinta de Olivos. Según lo establecido por la norma, también deberán pedir autorización los buques que se dirijan a las Malvinas y que en su hoja de navegación pretendan atravesar aguas de soberanía argentina. La decisión primero fue anunciada por el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, desde el Salón Sur de la Casa de Gobierno. “Es en defensa de los intereses de los argentinos”, dijo. La propia CFK salió a defender la medida horas más tarde. “El Reino Unido se niega a sentarse a una mesa a discutir como lo ordenan las Naciones Unidas”, denunció. La jefa de Estado recordó que varias resoluciones de la ONU impiden a las dos partes –tanto Buenos Aires como Londres– iniciar acciones unilaterales en la zona en litigio. “Esas resoluciones han sido desoídas sistemáticamente por el Reino Unido”, dijo. Luego adelantó que la semana próxima planteará este tema en la cumbre del Grupo Río que se celebrará en Playa del Carmen, México.

La decisión de ordenar a los barcos que quieran llegar a Malvinas navegando por aguas argentinas –o que antes y después pretendan fondear en puertos argentinos para reabastecerse de combustible– que soliciten autorización de manera previa responde a una estrategia que se ha venido analizando desde hace semanas en la Cancillería. Se trata, según comentaron a Página/12 en altas esferas del Palacio San Martín, de una “estrategia diplomática y comercial” que tiene como objetivo “encarecer el proceso de exploración” que están llevando adelante los británicos. En concreto, si un buque de carga que navegara desde las islas Canarias hasta Malvinas no pudiera reabastecerse en los puertos argentinos, se vería obligado a desviarse de rumbo original: el desvío implicaría una demora en su arribo a destino; eso redundaría en un mayor costo de logística.

En el Gobierno aseguran que el decreto que la Presidenta firmó ayer no es la primera medida de ese tipo que se adopta desde que CFK llegó a la Rosada. Hace dos años, tanto el canciller Jorge Taiana como el ministro de Planificación, Julio De Vido, firmaron dos resoluciones que intentaban fijar sanciones comerciales contra la exploración petrolera de carácter unilateral que estaba llevando adelante el gobierno británico. Taiana resolvió dar por finalizado el acuerdo de explotación de hidrocarburos que se había firmado durante la gestión de Guido Di Tella y su famosa teoría del “paraguas” en materia de soberanía. De Vido, en una resolución vinculada con la anterior, dispuso que las empresas que exploraran o comenzaran tareas de exploración en aguas de Malvinas bajo dominio británico serían pasibles de ser sancionadas por el gobierno argentino.

Este año, tras el arribo del buque Thor Leader al puerto de Campana, en el Ejecutivo comprobaron que la exploración unilateral de Gran Bretaña se veía favorecida por un “vacío legal” que no se había previsto a la hora de fijar sanciones. “¿Y qué pasaba con los buques? ¿Qué pasa con el transporte de la logística necesaria para la plataforma petrolera?”, se preguntaban anoche ante Página/12 en los niveles superiores de la Cancillería. Ese fue el razonamiento que llevó a la Presidenta a pensar sanciones comerciales contra los buques que navegaran por aguas argentinas o pretendieran anclar en puertos argentinos antes o después de hacer escala en Malvinas. Fuentes oficiales también reconocieron que antes del arribo del Thor Leader, un buque de carga con bandera de la isla de Man, hubo otro caso similar que pasó inadvertido: se habría tratado de un barco que también provenía de Malvinas y que logró retirarse de un puerto argentino sin recibir ningún tipo de sanción.

La idea de obligar a los barcos que quieran ir a Malvinas y navegar por aguas argentinas a pedir previamente autorización comenzó a ser analizada el viernes último en la Rosada. Ese día se reunieron Taiana, De Vido y el secretario legal y técnico, Carlos Zannini. Los tres comenzaron a delinear el borrador de lo que sería el decreto 256. Mientras los tres funcionarios preparaban el texto que firmaría la Presidenta, en el Gobierno se comentó con mucho interés la cobertura que ciertos diarios británicos especializados en finanzas habían hecho de la evolución del precio de las acciones de Desire Petroleum a lo largo de esa semana. “Ese viernes, el Financial Times informó que las acciones de la empresa estaban bajando en la Bolsa. A eso apuntan nuestras sanciones, siempre por la vía pacífica y legal. A que la tasa de riesgo que debe enfrentar toda empresa petrolera sea cada vez mayor”, argumentaron a Página/12 desde la Cancillería.

Ayer, tras el anuncio del jefe de Gabinete y las palabras de la Presidenta refrendando el contenido del decreto, la embajada británica en Buenos Aires hizo circular su primera respuesta. En el comunicado ratificaron su soberanía sobre las Malvinas aunque reconocieron que el gobierno argentino podía aplicar nuevas leyes en el marco de su territorio. “El Reino Unido no tiene ninguna duda sobre su soberanía sobre las islas Falklands (Malvinas) y territorios marítimos circundantes, y tiene totalmente claro que la exploración de hidrocarburos es un emprendimiento totalmente legítimo. Es un tema para la Argentina de cómo aplica sus leyes dentro de sus propios territorios”, dijeron voceros de la embajada a la agencia DyN. Esos dichos fueron en la misma línea de lo que había declarado el primer ministro Gordon Brown, al ratificar que Londres no pensaba detener sus emprendimientos de exploración a pesar de las quejas de la Argentina.

El decreto en cuestión, aparte de establecer la “autorización previa expendida por la autoridad nacional competente” para todo buque que se proponga navegar entre Malvinas y el territorio continental argentino, dispone que cinco ministerios del gabinete –Cancillería, Planificación, Industria y Turismo, Economía y Justicia– trabajen en forma conjunta para que la nueva regulación sea aplicable y no quede, como tantas veces, en una declaración de principios sin ninguna consecuencia fáctica: la famosa letra muerta.