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Debido a un singular modo de cálculo de los haberes provinciales, los jubilados estatales cordobeses cobran en promedio el equivalente al 101 por ciento de un trabajador activo en la misma posición. Según informó oficialmente la Caja de Jubilaciones de la provincia en un reciente comunicado, los retirados perciben “hasta un 20 por ciento” más que un trabajador activo. Esta ventaja relativa para algunos tiene como contrapartida un lastre para las cuentas públicas de la provincia mediterránea, que a fin de año consiguió de la Nación asistencia financiera para cubrir en los próximos dos años parte del déficit de su sistema previsional, que en 2009 alcanzó a 1300 millones de pesos. Ese convenio permitió relajar las relaciones del gobernador Juan Luis Schiaretti con la Casa Rosada.

Los que se jubilaron bajo una de las normas en vigor –de las más abarcativas en número de beneficiaros– cobran más de lo que reciben como remuneración mensual quienes ocupan el puesto que ellos dejaron al retirarse, según datos de la Caja de Jubilaciones de la Provincia de Córdoba. Ejemplos hay muchos y son ilustrativos. Un medio de la capital mediterránea publicó, semanas atrás, un artículo detallando algunos de estos valores de referencia, a saber, una maestra de grado con treinta años de antigüedad cobra un salario de bolsillo de 2415 pesos; jubilada, su ingreso sube a 2431 pesos mensuales. Un director de escalafón con los mismos años de servicio tiene un neto de 7280 pesos contra un haber de 7353.

Esa diferencia a favor de los pasivos resulta de la ley que obliga a garantizar el 82 por ciento móvil del mejor sueldo percibido en los últimos cuatro años en actividad, pero bajo condiciones particulares. Esa proporción no se calcula sobre el salario neto sino sobre el bruto. De ahí resulta que el número final puede superar cómodo el 100 por ciento del sueldo tomado como base.

La ventaja entraña el riesgo de que el sistema termine colapsando por la falta de financiamiento, en particular porque hay algunos regímenes particulares que luego refuerzan la remuneración del pasivo con otros adicionales. Tan así es que la provincia exigió a la empresa provincial de energía (EPEC) y al Banco de Córdoba reforzar el aporte patronal para poder solventar con más holgura haberes que rozan los 8000 pesos por mes.

La Justicia ya acudió en auxilio de las cuentas provinciales imponiendo recortes para las jubilaciones que están por encima de los 6000 pesos. Pero esos parches no permiten eludir el subsidio que la Caja requiere, tanto del Tesoro provincial como del nacional, amén de que hay subsistemas que son dramáticamente deficitarios. El pago a los ex legisladores o funcionarios de más rango del Poder Ejecutivo cordobés (con jubilaciones promedio de 6447 pesos) requiere una asistencia equivalente al 79 por ciento de esa cifra, ya que el aporte de los activos apenas cubre poco más del 20.

Según un comunicado de la Caja de Jubilaciones de la Provincia de Córboba, “el haber bruto promedio es aproximadamente un tres por ciento más alto que el salario bruto promedio. Si se consideran las remuneraciones líquidas, es decir descontando los aportes, los pasivos tendrían ingresos más de un 20 por ciento superiores a los activos”. El mismo texto señala que el déficit equivale al costo de construir 7500 viviendas de planes oficiales, parámetro para poner de relieve el peso de cubrir el bache.