Abogados de Abuelas de Plaza de Mayo y de los jóvenes adoptados de manera irregular por Ernestina Herrera de Noble, dueña del Grupo Clarín, debatirán hoy en audiencia pública ante la Cámara de Casación Penal el último planteo dilatorio formulado para evitar el entrecruzamiento de muestras de ADN de Marcela y Felipe Noble con los de familias que buscan niños desaparecidos durante la dictadura. “Dentro de lo escandalosa que es la situación, por dilaciones que ya llevan ocho años, esperamos salir de los tribunales con una sonrisa”, se esperanzó ayer Estela de Carlotto. La presidenta de Abuelas convocó al público a presenciar la audiencia, que comenzará a las 10 en la planta baja de Comodoro Py, y consideró que la decisión de la Sala II de Casación será “crucial” para saber si la Justicia “actúa como la ley manda”. También lamentó “que no se escuche a los chicos”, que son mayores de edad, pero curiosamente no firman los escritos de los abogados.

Luego de ser intimado por la Cámara Federal de San Martín, el juez federal Conrado Bergesio ordenó en febrero enviar al Banco Nacional de Datos Genéticos las muestras de ADN de los jóvenes, que según los expedientes de las adopciones nacieron dos meses después del golpe de Estado en lugares desconocidos. Luego, el magistrado ordenó que se les realizaran exámenes sanguíneos, salvo que aceptaran enviar al BNDG las muestras que se realizaron voluntariamente en el Cuerpo Médico Forense.

Los abogados Alejandro Carrió y Jorge Anzorreguy –quien también representa a Herrera de Noble– apelaron ambas resoluciones en nombre de las víctimas. La Cámara rechazó el planteo, consideró que las medidas de prueba eran conducentes e inapelables y llamó la atención sobre la ausencia de firmas de las víctimas. Los letrados de Clarín recurrieron entonces a Casación. En lugar de pronunciarse sobre el tema de fondo, los jueces Gustavo Mitchell, Luis García y Guillermo Yacobucci ordenaron suspender las pericias que permitirían esclarecer la identidad de Marcela y Felipe y, en su lugar, discutir sobre los fundamentos invocados por la Cámara de San Martín. Mitchell fue denunciado la semana pasada por Isabel “Chicha” Mariani, fundadora y primera presidenta de Abuelas, por su propia participación en la apropiación de Simón Riquelo, quien recuperó su identidad en 2002.

Carlotto advirtió ayer que si Casación acepta el recurso de queja de los abogados de Clarín “seguiremos con otras instancias, como la Corte Suprema de Justicia y organismos internacionales”. “Yo apelo al sentido común y digo que existe algo muy oscuro, porque si no, no habría tantas dilaciones”, reflexionó. La presidenta de Abuelas lamentó que “a los chicos no se los escuche y continúen viviendo en la incertidumbre” de no conocer su identidad.