El juez federal Norberto Oyarbide le puso un número a la fortuna de Ricardo Jaime: cuarenta millones de pesos es el monto que resolvió embargarle al ex secretario de Transporte y a su familia en la causa en la que investiga su posible enriquecimiento ilícito. También ordenó secuestrar el yate y el avión que se le adjudican, ya que en los últimos allanamientos apareció documentación que refuerza la teoría de que podrían ser suyos, aunque estén a nombre de enigmáticas sociedades extranjeras.

Oyarbide también había dispuesto la inhibición de bienes de Jaime, su esposa Silvia Reyss y sus respectivas hijas. Todos ellos, además, tienen prohibida la salida del país. El embargo es una medida dirigida a propiedades específicas que quedan congeladas en cuanto se notifica a los registros provinciales correspondientes: son cuatro inmuebles en Córdoba, dos en Río Gallegos y dos en Brasil. El objetivo, en cualquier caso, es evitar que el ex funcionario y quienes se sospecha que podrían haber contribuido a que disfrazara su riqueza hagan operaciones económicas que terminen borrando pruebas o les permita deshacerse de posesiones aún no detectadas o cuya titularidad está en plena verificación.

El cálculo de los 40 millones surge, según la resolución de Oyarbide, de “la calidad y naturaleza de los bienes que han aparecido”, los “valores de referencia” tomados “de Internet”, los 400 mil dólares que Reyss estaba comprometida a pagar por un inmueble en Florianópolis, el avión que costó cuatro millones de dólares, el yate valuado en más de un millón de dólares, más algunas otras propiedades y el dinero secuestrado en el departamento que alquila el ex secretario en Libertador al 600 (40 mil dólares, 10 mil euros, 50 mil pesos y 20 reales). En rigor, Jaime “no cuenta con bienes registrables a su nombre”, señala el juez. Una de las vías para juzgar el enriquecimiento ilícito es identificar a los presuntos testaferros.

El embargo fue ordenado en simultáneo con la inhibición de bienes, el domingo 28 de marzo, pero recién trascendió ayer. Dos días antes, Oyarbide había allanado –a pedido del fiscal Carlos Rívolo– varias propiedades ligadas al ex funcionario. La documentación secuestrada permitió dar con bienes del grupo familiar que aún no habían sido detectados, lo que abona cada vez más –sumado al dinero en efectivo que fue descubierto– la hipótesis de que el capital de Jaime y las mujeres que lo rodean no se condice con los sólo 100 mil pesos que dijo tener en su última declaración jurada, la de 2008. A juzgar por esa presentación, perdió plata mientras fue funcionario. Al asumir, en 2003, declaraba 248.700 pesos.

A las dos casas en el country Cuatro Hojas cerca de la ciudad de Córdoba y el spa Alleviare –que explota Reyss– ubicado a dos cuadras, se sumó el hallazgo de un departamento en la calle Olmos 878, en el mismo edificio donde vivían Jaime y su ex esposa, señalaron fuentes judiciales. Según la escritura, hallada en los procedimientos, el departamento estaba a nombre de Reyss, que se lo vendió a Delome SA, actual titular. Esa sociedad, a su vez, extendió un poder a Agostina, una de las hijas de Reyss, para que disponga del bien. En el juzgado sospechan que es de Jaime.

Delome ya había surgido en el expediente, ligada al Lear Jet 31A en el que se movía Jaime. Según declaró en la causa Carlos Colunga, gerente de Mac Air –la empresa de jets privados de Franco Macri–, Delome pagaba algunos de los vuelos de Jaime y quien intervenía como una suerte de representante era Manuel Vázquez, asesor del ex titular de Transporte. Vázquez también aparece en la compra del avión. Es la cara visible de Pegasus Equity Investments, una sociedad con acciones “al portador” radicada en Costa Rica, que adquirió el jet en Estados Unidos –gestiones mediante de Julián Vázquez, hijo de Manuel– en diciembre de 2008.

En el juzgado suman los datos que alimentan la teoría de que Jaime habría sido más que un usuario del Lear Jet: el avión fue traído al país a pedido del hijo de un asesor clave de Jaime; el nexo con Mac Air, que había acordado traer el avión (aunque luego lo albergó Aero Rutas), era Delome SA; esa firma figura como dueña de un departamento familiar. También está a nombre de ella la cédula verde del Toyota Corolla en el que se movía el ex funcionario, según los documentos secuestrados en el departamento de avenida Libertador al 600 que alquila Jaime.

El Toyota también tiene orden de secuestro de Oyarbide. El avión, que permanecería en un hangar uruguayo, es rastreado por Interpol, igual que el yate modelo Altamar 64, que se sabe que estuvo amarrado en Brasil y en Uruguay. Salió de San Fernando en mayo del año pasado con una tripulación contratada para su traslado. Estuvo en la localidad brasileña de Itajaí, al norte de Florianópolis, y luego en Punta del Este. Lo había comprado la firma Dalia Ventures, con sede en Delaware, Estados Unidos. Lo que lo liga a Jaime es la persona autorizada a retirarlo: otra vez, Manuel Vázquez.

Interpol, a pedido de Oyarbide, verifica las características de un inmueble adquirido por Reyss en Florianópolis. Todavía no está claro si es una posada administrada por una de las hijas de Jaime o una vivienda. Para esa compra-venta, Reyss fijó domicilio también en el sur de Brasil, otra de las propiedades que la Justicia está chequeando. Se pidió, a través de una rogatoria, la intervención de un juzgado brasileño para hacer todas las averiguaciones. Un dato llamativo es que la operación habría sido firmada por la esposa de Jaime en enero. El documento que la consigna está escrito en portugués. Pero no habría registros de que ella haya salido y vuelto a entrar a la Argentina. Este fue uno de los disparadores de la prohibición de ir al exterior para toda la familia.

Todavía la Justicia intenta determinar el monto de los ingresos de Reyss en el spa Alleviare. Está inscripta como monotributista, en la categoría más baja, a pesar de sus importantes gastos (por ejemplo, paga los viajes en efectivo). Todavía se están reconstruyendo los pagos con tarjeta de la familia y sus movimientos bancarios. Con todo, allegados a la causa advierten que desde el momento que se supo que Jaime pagaba un alquiler cercano a los 2000 dólares mensuales y expensas por unos 1500 (por el departamento de Retiro) ya había algo que no cerraba, con un sueldo de funcionario que rondaba los 10 mil pesos.

Oyarbide es el mismo juez que acaba de citar a indagatoria a Mauricio Macri por el espionaje, el mismo que sobreseyó a los Kirchner por supuesto enriquecimiento ilícito y que metió preso a Juan José Zanola por la mafia de los medicamentos, entre los últimos hitos. En cuanto a Jaime, como paso previo al llamado a indagatoria, el fiscal Rívolo le exigirá que justifique su patrimonio. En los próximos días, otro juez, Claudio Bonadío, definiría si lo procesa por volar en aviones privados invitado por empresas a las que debía controlar.