“En el sumario que instruimos durante casi un año y medio, entre junio de 2007 y noviembre de 2008, no percibimos ninguna irregularidad. De esa manera, le propusimos, junto con la otra abogada sumariante, la doctora Mariana Laura Grosso, al jefe de área y al defensor del Pueblo, Guillermo Mondino, el cierre del expediente. Ambos estuvieron de acuerdo y firmaron el archivo del sumario sin que se realice ninguna denuncia penal. El doctor Mondino no manifestó en ese momento las dudas que hoy expresa ante la prensa ni realizó ninguna manifestación en cuanto a que le parecían elevadas las comisiones pagadas.” En resumen, ese fue el testimonio que ayer prestó la abogada sumariante de la Defensoría del Pueblo, Julieta Ghioldi, ante el juez federal Julián Ercolini y el fiscal Gerardo Pollicita, en la causa por supuestas coimas en la exportación a Venezuela de maquinaria agrícola y otros bienes industriales. La firma de Mondino aparece en el informe final de la Defensoría debajo de la palabra “conforme”, convalidando que no se hallaron irregularidades. El fiscal Pollicita sugirió que la Defensoría debió investigar más, aunque la realidad es que todos los acuerdos, incluyendo los realizados con las traders como Palmat, estuvieron rubricados en contratos oficiales.

La abogada sumariante acompañó el informe final que hizo la Defensoría sobre las exportaciones a Venezuela. En el texto se transcriben los acuerdos entre los gobiernos y entre las empresas y las traders. El expediente se inició a raíz de la denuncia de un particular, que pidió la reserva de su identidad, en 2007. Ese denunciante no habló de coimas, sino de la intervención de empresas y contratos fantasma. El trabajo de la Defensoría fue verificar en qué consistió toda la operación.

Uno de los puntos del informe se refiere a las razones de la contratación de “agentes exteriores de comercio” (las traders). Se menciona a Palmat Internacional, Madero Trading y Palmat Intertrade. Las empresas argentinas que, individualmente, firmaron los acuerdos con las traders fueron Iveco, Maquinarias Agrícolas Ombú, Vassalli, Apache, Ascensores Servas, Mainero, Mendo-Ma, Bufalo y un largo listado de compañías.

Según declararon las empresas, la mecánica de toda la operación fue la siguiente:

- A raíz de un acuerdo firmado por Néstor Kirchner y Hugo Chávez, se abrió la posibilidad de suministrarle a Venezuela casi 300 millones de dólares en maquinaria agrícola y otros bienes industriales.

- El acuerdo no establecía cuáles serían las marcas y los modelos de la maquinaria a suministrar. Eso lo tenían que pelear los empresarios.

- El contrato establecía los siguientes servicios: “Negociar en forma individual o colectiva los contratos de suministro entre la empresa argentina y el ente que designe el Ejecutivo de Venezuela, coordinar con la empresa la pronta y diligente ejecución de todos los actos que se requiera para ejecutar el contrato de suministro; coordinar todas las actividades para que la empresa reciba en forma diligente los pagos; promover los negocios y productos de la empresa; obtener y suministrar a la empresa toda la logística; cooperar en la realización de todos los trámites aduanales en Venezuela; asistir a la empresa en la capacitación y adiestramiento del personal venezolano que operará la maquinaria; inspeccionar la maquinaria; brindar apoyo logístico a la empresa para armar y operar localmente la maquinaria objeto del contrato”.

- Sobre esa base, Palmat se convertía en una especie de concesionaria de las empresas argentinas en Venezuela y por eso el contrato incluye la exclusividad. Parte de su trabajo consistía –según el contrato– en vender, es decir, convencer a los venezolanos de que tal marca y modelo debía ser comprado utilizando los fondos acordados entre los dos países. Y, además, hacer entrar la maquinaria a Venezuela, entregarla y organizar el entrenamiento de quiénes la iban a usar.

- La Defensoría verificó la existencia de lo firmado por Argentina y Venezuela; que las empresas exportadoras fueran realmente fabricantes de las maquinarias, que las traders fueran empresas de existencia real y que toda la operación estuviera documentada.

- La Defensoría no verificó, por ejemplo, si las traders hicieron su trabajo, pero eso quedó más bien claro a partir del hecho de que se concretaron tres tramos del acuerdo. El primero, por 113 millones de dólares; el segundo, por 155 millones y el tercero, por 75 millones. El total fue entonces de 343 millones de dólares.

Ghioldi declaró ante el juez que si la Defensoría encontraba una irregularidad debía girar el expediente a la Procuración para que realice una denuncia penal. “En este caso concreto, se consideró (...) que no había irregularidades como para proponer la judicialización.” La abogada reiteró que la Defensoría recibió toda la documentación que les pidió a las empresas, las traders y el Estado, que a Mondino lo cobrado por las traders no le pareció alto y que no planteó ninguna objeción en el informe final que se hizo casi un año y medio después de la instrucción del sumario.

En el monto de lo cobrado por las traders está la clave. Los empresarios sostienen que ese porcentaje es incluso aquel con el que se quedan los concesionarios que venden maquinaria en la Argentina. Además manifiestan que tenían otras propuestas para actuar en la operación de Venezuela, pero que eran más caras: pedían el 20 por ciento y no el 15. Y alguna provenía de una trader brasileña.