La Justicia dictó el sobreseimiento de Luis D’Elía en la causa por la toma de la comisaría 24ª, que el dirigente social lideró en 2004 en repudio del asesinato de Martín “el Oso” Cisneros, un militante de su organización. La Sala I de la Cámara en lo Criminal y Correccional Federal consideró que “ya han transcurrido holgadamente los plazos de prescripción de las acciones penales” contra el titular de la Federación Tierra y Vivienda, procesado junto a otros dos manifestantes por el juez Sergio Torres tras la ocupación del establecimiento. El cierre de la investigación también favoreció al coordinador del comedor Los Pibes, Angel “Lito” Borello, y a Luis Alberto Bordón, padre de Sebastián Bordón, el joven asesinado en Mendoza.

“Me arrepiento de no haber hecho más para que no asesinen a Martín (Cisneros). Si asesinan a un compañero, voy a volver a estar a la cabeza de la protesta social”, afirmó D’Elía tras conocerse la medida, en una conferencia de prensa que organizó en el segundo piso de la sede de la Central de Movimientos Populares. “Fuimos a protestar porque estaba libre un asesino. Había mucha indignación –explicó el dirigente a Página/12–. De todas formas, vamos a apelar, para probar que más allá de la prescripción tenemos derecho a peticionar ante las autoridades”, sostuvo.

El 25 de junio de 2004, D’Elía encabezó la toma de la comisaría 24ª junto a piqueteros y vecinos, exigiendo la detención de Juan Carlos Duarte por el asesinato del Oso Cisneros, militante del comedor Los Pibes. Los manifestantes argumentaban que Cisneros había fallecido en la esquina de Olavarría y Necochea, después de una discusión con Duarte, un personaje vinculado con distintas actividades ilegales que gozaba de protección policial y pedían la inmediata detención del acusado. “En el expediente quedó probado que el tipo tenía tres capturas –detalló D’Elía–. Como el tipo vendía drogas para la comisaría, no lo detenían. Eso enfureció a los vecinos”, explicó. Duarte terminó detenido y fue condenado por el homicidio a 14 años de prisión.

Inicialmente, el juez Torres entendió que en aquella madrugada tuvieron lugar “coacciones agravadas” que apuntaban a “la obtención de una medida por parte de los poderes públicos”. La Cámara modificó esta figura y alivió la situación de D’Elía, al cambiar la carátula de la causa por la de atentado contra la autoridad, dado que “los imputados y los manifestantes exigieron a los funcionarios policías y a los representantes de la Secretaría de Seguridad Interior que efectivizaran la detención de quien era indicado como el autor” del crimen de Cisneros.

En este marco, el fallo de la Cámara explica que “ya han transcurrido holgadamente los plazos de prescripción de las acciones penales” por los que se acusa a D’Elía, y recuerda que la convocatoria a citación de Borello y Bordón recién tuvo lugar en agosto de 2009, con las acciones también prescriptas. En consecuencia, los jueces declararon “la extinción de las acciones”, es decir, el sobreseimiento de todos los acusados.

Los camaristas Eduardo Freiler y Jorge Ballestero lamentaron tener que cerrar la investigación de un hecho grave al reconocer que el sobreseimiento resulta “una solución desalentadora”. Sin embargo, aclararon que no se puede “echar mano de calificaciones infundadas y arbitrarias” para mantener abierta la causa como “un analgésico que oculta el verdadero problema: la mora procesal”.

Informe: Federico Poore.