El juez Mariano Scotto, presidente de Unidos por la Justicia, tiene a su cargo una causa en la que debe investigar el presunto tráfico de influencias por parte del legislador macrista Avelino Tamargo, en el caso de una rezonificación del club GEBA para construir un microestadio con estacionamiento. Como informó Página/12, Scotto también preside la ONG que fundó Francisco de Narváez y que recibió más de 450 mil pesos por parte de la gestión PRO. Otra causa conexa que tiene en sus manos el juez involucra, además, al hombre de Mauricio Macri en Boca, José Beraldi, que preside GEBA. El magistrado no se excusó en ninguna de las causas, en las que no citó a los imputados, ni realizó pericias. En la misma ONG son socios varios jueces de la Ciudad, fiscales, funcionarios PRO y diputados nacionales, como la coloradista Natalia Gambaro, que recibió 21 mil pesos de esa asociación civil “sin fines de lucro”.

Unidos por la Justicia es una ONG que fundaron De Narváez, su mano derecha Gustavo Ferrari y el fiscal general de la ciudad Germán Garavano, como detalló este diario el domingo pasado. Desde fines de 2007 y hasta este año, esa ONG dio asesoramiento jurídico al programa Ciudadanía Porteña, del Ministerio de Desarrollo Social, por lo que cobró 75 mil pesos en 2007 y 225 mil en 2008. La gestión PRO se negó a informar a este diario cuánto recibió en 2009.

A fin de ese año, un informe de la Auditoría General de la Ciudad reveló que la ONG discriminaba a personas que requerían el plan alimentario y no actuaba ante denuncias de mujeres golpeadas (a algunas les llegaron a recomendar que “convencieran” a su pareja de firmar los papeles requeridos). Desarrollo Social tuvo que finalizar el convenio. Pero a no temer, porque en 2009 se firmó uno nuevo con el Ministerio de Desarrollo Urbano, por el que ya cobraron, a comienzos de 2010, 150 mil pesos.

La ONG tiene socios en lugares clave del Poder Judicial (ver aparte) y también asesora al Departamento de Estado de los Estados Unidos, a la fundación Konrad Adenauer y a la embajada británica, para la que Scotto dio cursos sobre lavado de dinero.

El juez pidió autorización al Consejo de la Magistratura para poder formar parte de la ONG y aquél se lo dio, pese a que la entonces consejera del ARI, Marcela Rodríguez, hizo algunas observaciones sobre los objetivos de la entidad de “ofrecer servicios de consultoría” y “participar de procesos licitatorios”. Scotto señaló en ese momento que la asociación era “sin fines de lucro” y que los cargos son ad honorem.

A pesar de esto, Natalia Gambaro, diputada (y especialista en seguridad) del espacio de De Narváez recibió 16 mil pesos en concepto de “tareas de investigación” para Unidos por la Justicia, según figura en el balance de 2007 de la ONG. En 2008, cobró otros 5 mil pesos. Página/12 intentó comunicarse con la diputada, que transmitió a través de sus voceros que no quería hablar del tema, pese a la defensa de la “Justicia independiente” que hizo la semana pasada. Por su parte, el juez contravencional Gustavo Letner –que es a su vez el revisor de cuentas de Unidos por la Justicia– cobró otros 2500 pesos, también por “tareas de investigación”.

Juez y parte

Este año, el presidente de la ONG, el juez Scotto, recibió la causa “Tamargo Avelino s/infracción art. 256 bis-párrafo 1”, en la que investiga el presunto tráfico de influencias del legislador PRO, en torno de un proyecto que presentó para rezonificar un sector del Parque Tres de Febrero (en los bosques de Palermo) para que el Club Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires (GEBA) pueda construir un microestadio cubierto con estacionamiento para 1400 autos. La zona que se pretendía rezonificar está calificada como “urbanización parque y zona de protección histórica”, por lo que no se pueden hacer esas construcciones.

Tamargo fue denunciado por un grupo de socios de GEBA, como parte de otra causa que involucra a las autoridades del club. En la causa en la que está imputado, la revisora de cuentas de GEBA, Iris Speroni, declaró contra él. “La comisión directiva nunca autorizó a ninguna persona a hacer gestiones por la rezonificación. Detrás de esto hay un móvil comercial para que alguno haga dinero. El señor Beraldi es compañero de la línea interna de Boca que preside Mauricio Macri y Tamargo tiene como líder de su partido político a la misma persona”, advirtió Speroni ante Página/12.

“Los que se beneficiarían por esto son los empresarios Marcelo Figori y Diego Finkelstein, que dicen ser amigos de Macri, aunque a mí no me consta”, indicó Speroni. Figori & Finkelstein son los dueños de las empresas Fénix Entertainment Group y Top Show. Como informó este diario, se trata de nombres de fantasía, dado que ante la Inspección General de Justicia (IGJ) sólo figuran como propietarios de la empresa Mibles SA, con un capital de 12 mil pesos. Los empresarios están investigados por la Justicia, así como por la Dirección de Habilitaciones del Gobierno porteño, por irregularidades en la habilitación del recital de Viejas Locas en el que murió Rubén Carballo. También están imputados por otro recital en GEBA.

“En esto están unidos Macri, Beraldi, Figori, Finkelstein y Tamargo”, indicó Speroni, que es querellante en la causa. “Es una denuncia absolutamente disparatada. Se me acercan cientos de vecinos a diario a presentarme proyectos”, se defendió Tamargo ante Página/12. “Me vinieron a ver un grupo de integrantes de la comisión de GEBA. Beraldi me contó el proyecto y me mandó dos personas. Y lo presenté porque es un proyecto beneficioso para la Ciudad”, aseguró. El único problema es que Beraldi lo niega. Desde la comisión directiva del club sostienen que no le pidieron nada a Tamargo: “No fue promovido por GEBA”, afirmó el secretario general Jorge Zelaschi, imputado en otra causa por supuesta administración fraudulenta.

Un cajón ahí

La causa Tamargo es un desprendimiento de esa investigación, en la que están involucrados allegados al jefe de Gobierno porteño. ¿Quién es el juez que la instruye? Scotto. Todo comenzó el 6 de mayo de 2009, cuando le arrancaron de las manos los cuadernos contables de GEBA a Speroni, a quien invitaron a retirarse. Según su denuncia, los que le arrancaron los cuadernos eran Zelaschi y Beraldi, vicepresidente segundo de Boca, es decir, la persona con el cargo más alto en el club que responde a Macri. Beraldi manejó los negocios de transferencia de jugadores del club.

La denuncia de Speroni le llegó al juez Scotto. Unas semanas más tarde, la desestimó “por ausencia de delito”. Poco después, recibió una nueva denuncia, esta vez de una vocal de GEBA, María Angélica Famularo, quien imputó a otro vocal, Miguel Higuaín, por “coacción” y denunció a la conducción por “administración fraudulenta”. El juez argumentó que la otra causa estaba cerrada y no tenía por qué intervenir.

La Cámara del Crimen le ordenó que investigara y le advirtió en el fallo que en la causa que archivó “no extrajo testimonios por el nuevo hecho”. Luego de un segundo fallo de la Cámara que lo conminó a actuar, el juez aceptó a Speroni como querellante y ordenó un allanamiento para secuestrar los libros contables y de socios. Su Señoría rechazó un pedido de la fiscal para que Speroni estuviera presente y advirtiera cuáles eran los documentos que había que incautar. Finalmente, la policía terminó siendo asistida por Zelaschi, a la sazón, uno de los imputados.

Scotto quiso enviarle la causa a una jueza que tenía un expediente por robo en GEBA. La magistrada lo rechazó y le recordó que esto “implicaría un retroceso material que perjudicaría la pronta y correcta administración de Justicia”. La Cámara le dio la razón pero, en el ínterin, el tiempo transcurrió y no se citó a ninguno de los imputados ni se hizo ningún tipo de pericias sobre los documentos secuestrados. Ya pasó un año del inicio de la causa que instruye el presidente de Unidos por la Justicia. Una ONG que, según su estatuto, busca “crear los cambios en el sistema judicial para transformarlo en más ágil y eficiente”.