La imagen de dos de los camaristas de Bariloche, que la semana pasada ordenaron el apartamiento del juez Martín Lozada del caso de gatillo fácil que dio vuelta Bariloche, está enmarcada en un particular passe-partout jurídico. En 1998, Héctor Leguizamón Pondal ya había protagonizado un escándalo con claras connotaciones antisemitas al insultar a la fiscal Mirta Siedlecki y pedir el apartamiento del camarista Carlos Rozanski que lo investigaban por corrupción, “por tratarse de un judío”. Una década después, Pondal sumó a su cuenta un pedido de amparo contra el colegio más exclusivo de la región, el Woodville, bilingüe, de doble escolaridad y con una mensualidad accesible a pocos bolsillos. El amparo pedía que su hijo, que había sido reprobado en tres exámenes en febrero de 2008, debía repetir el cuarto año, injustamente desde la óptica del padre, quien consideraba que eran los docentes los que se habían excedido en su criterio y no su hijo el que no había estudiado. El juez civil respondió casi de inmediato ordenando la inscripción del joven en el quinto año. La decisión judicial desató un escándalo. Para esa época, el caso apareció retratado en graffiti por todo el pueblo: “Hacé como el juez Pondal”, decían con algo de bronca y lógica de estudiantina las pintadas. No fue el primer exabrupto público. Otro de los integrantes de la Cámara del Crimen, Miguel Lara, es motivo de la Ley 25.852 que protege a los menores de 16 años de ser expuestos y revictimizados en las audiencias judiciales. Ni ideólogo ni redactor, sólo motivo. Lara fue quien provocó a Rozanski a redactar el proyecto luego de que durante un juicio a un violador, Lara le preguntara a la víctima, una chica de 16 años con retraso mental: “Pero decime la verdad, ¿a vos no te gustaba el Pato? ¿Lo tocabas abajo?”.

La Fundación Educativa Woodville se asienta en el kilómetro 2900 de la avenida Los Pioneros, al pie del cerro Otto y en el sector más suizo del pueblo. El costo de su mensualidad, entre 850 y 1000 pesos, es sólo accesible a bolsillos de hijos de empresarios, de políticos de alto rango, familiares de eclesiásticos y de jueces. De doble turno, educación bilingüe, con exámenes de inglés sometidos a los niveles de la Universidad de Cambridge, materias que sólo se dan en ese idioma, y niveles de estudio muy rigurosos, el Woodville se mantuvo desde su fundación hace medio siglo en los términos de un cuidadoso bajo perfil. Hasta que el camarista Héctor Leguizamón Pondal lo lanzó involuntariamente a la exposición pública. En marzo de 2008 presentó un amparo ante el juez civil y comercial Carlos Cuéllar en el que solicitaba la revisión de los exámenes que su hijo había reprobado en el mes de febrero. Cuéllar concedió el amparo casi de inmediato, ordenando incorporar al joven en un plazo de dos días al quinto año, de manera condicional, hasta tanto se resolviera el pedido de nulidad de los exámenes. “El proceder de la Fundación Educativa Woodville es ilegal y arbitrario, además de abusivo”, sostuvo en su fallo Cuéllar.

El colegio rechazó el pedido de nulidad y no reinscribió al alumno considerando que los exámenes cumplían todas las normas requeridas. La crisis en que quedó sumido el colegio derivó en la renuncia de la rectora del secundario, mientras que algunos docentes denunciaban presiones por parte del camarista, y los compañeros del joven Pondal se reían o envidiaban en los pasillos mientras comentaban que “nos dijo que no había estudiado nada”. Finalmente, Pondal padre cambió a Pondal hijo de colegio luego de que el escándalo trepara a los medios y Bariloche apareciera pintada con un leitmotiv dedicado: “Hacé como el hijo de Pondal”.

Una década antes, la fiscal Mirta Siedlecki iniciaba una investigación penal por denuncias de corrupción sobre el mismo Leguizamón Pondal, por entonces juez de instrucción. Siedlecki había recibido denuncias por presuntos pedidos de coima a estudios jurídicos. Además de su investigación, la fiscal promovió seis o siete causas administrativas ante el Consejo de la Magistratura. Fue entonces que, según denunció Siedlecki ante la Superintendencia Penal, el juez investigado en presencia de otros funcionarios judiciales, la calificó de “esa judía de mierda”. Se inició entonces el correspondiente sumario.

El Consejo encontró indicios para iniciar el jury, pero cuando estaba por iniciar, el 10 de noviembre de 1998, Pondal presentó un escrito en el que pidió el apartamiento del presidente del Consejo. “(...) el juez Rozanski –decía el escrito de Pondal–, al compartir igual condición religiosa y/o racial (que la fiscal Siedlecki), está afectado en su imparcialidad”. Como años después, el passe-partout jurídico estalló en pleno Bariloche. La DAIA envió a su entonces presidente Rogelio Cichowolski y se presentó como parte querellante. También lo hizo el titular del Inadi, Víctor Ramos. Diputados de la Nación también sacó una resolución de repudio. Y desde California, el director de Relaciones Internacionales del Centro Simon Wiesenthal, Shimon Samuels, envió una carta transmitiendo su preocupación por el caso, con la firma del representante para América Latina, Sergio Widder, con sede en Buenos Aires. El organismo pedía la investigación y sanción a Pondal. No tuvo éxito. Rozanski se apartó, luego ganó el concurso como camarista federal en La Plata, el caso se estiró y el jury y las investigaciones quedaron en la nada. Leguizamón Pondal, finalmente, ocupó el lugar que dejaba el camarista que lo había investigado.

Su colega actual, Miguel Lara, en el pueblo lacustre es apodado cariñosamente como el Loco Lara. Dos décadas atrás era juez civil de primera instancia. Según aseguró un ex empleado, “agarraba los carbónicos del cesto, pasaba el lápiz y veía qué habían escrito. Los abogados se quejaban”. Fue ascendido a fiscal de cámara donde también duró un tiempo hasta su nuevo ascenso y llegó a camarista. El 29 de mayo del ’96, ya como camarista, Lara, junto a Rozanski y Alfonso Pavone (el mismo que firmó en abril pasado la nulidad de un fallo de Lozada que habilitaba el aborto de una menor violada) concurrieron a El Bolsón como tribunal del juicio al hermanastro de una chica de 16 años con retraso mental, a la que le introdujo un palo en el ano mientras la violaba. Durante el juicio, Lara preguntó a la víctima, según la grabación que Rozanski presentó en su posterior denuncia: “Decime, ¿a vos no te gustaba el Pato? ¿Lo tocabas abajo?”. Tras la denuncia, Rozanski elaboró un estudiado proyecto que derivó en la Ley 25.852, que reformó el artículo 250 del Código de Procedimientos Penal, para proteger al menor en consonancia con la Convención de los Derechos del Niño, prohibiendo su participación en una audiencia como víctima o testigo.

[email protected]