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Por Washington Uranga y Natalia Aruguete
–¿En Argentina el Estado se alejó de la sociedad civil?
–Argentina ha sido un modelo para los organismos multilaterales de crédito respecto de qué tipo de cambios tendrían que producirse en el aparato estatal y en la relación entre el Estado y la sociedad. Se puso en marcha un proceso de transformación estatal que implicó un desguace. Se liquidó el patrimonio empresario estatal y se transfirieron responsabilidades de gestión a los gobiernos provinciales. Con el despido de 25 mil empleados, el aparato institucional del Estado nacional se convirtió en uno de los más pequeños del mundo, lo cual no implicó que disminuyera el gasto público. Lo que se modificó fue la composición del mismo. Teóricamente, reformas estructurales tales como las privatizaciones generarían ingresos frescos para el pago de la deuda, y el desprendimiento de “empresas deficitarias” implicaría la reducción del gasto público... Sin embargo, el gasto público general, que incluye al gobierno nacional y a los provinciales, aumentó en más del 60 por ciento en valores constantes. Aumentaron las transferencias a las provincias, lo que incrementó el gasto provincial; crecieron las transferencias al sector privado a través de subvenciones a las empresas privatizadas y el pago de intereses de la deuda externa. El rubro de transferencias pasó a ser el 80 por ciento del Presupuesto y el 20 restante fue para el funcionamiento normal. En los ‘90, el Estado redujo su aparato institucional aunque no su intervención. El Estado modificó la naturaleza de los destinatarios, retirándose de algunas funciones esenciales que fueron asumidas por otras instancias, como las empresas de servicios públicos que se dedican a formar un “Estado privado” paralelo al Estado nacional porque están prestando servicios públicos, las organizaciones de la sociedad civil, redes solidarias que ni siquiera están debidamente institucionalizadas. Desde el Gobierno se justificó este cambio en la necesidad de reducir el gasto político y dirigir el excedente hacia otras áreas como educación, salud, etc. El sector educativo y el de la salud se descentralizó y quedó en iguales o peores condiciones.
–¿Este era el proyecto definitivo?
–Lo que no llegó a hacerse es la reforma de segunda generación, que se anunció en el ‘95. Implicaba poner al Estado al servicio del papel que tenía que seguir prestando a la sociedad. Además, se produjo otro fenómeno. Con esta modificación profunda en la composición del gasto público aumentó la deformidad en la función de producción del Estado. Cierto tipo de servicios que debía prestar dejaron de prestarse. Existía demasiada gente y pocos medios para su funcionamiento y una infraestructura inadecuada, o no se contaba con los perfiles de personal requerido porque se había producido una salida masiva del mejor personal de la función pública. Esto debilitó la capacidad institucional del Estado para cumplir con los pocos papeles que se había reservado después del desmantelamiento.
–¿Qué políticas de Estado se impulsaron o qué instrumentos se dieron los niveles de decisión política para ir configurando el modelo?
–En los últimos años el Estado puso el piloto automático. No tuvo prácticamente ninguna intervención decisiva respecto de salvaguardar las fuentes de trabajo ni alentar la producción nacional. No existió una política industrial, ni comercial, ni agropecuaria... en realidad sí existieron políticas. Porque no hacer nada implica una posición política. ¡Siempre hay una política! Con la convertibilidad el Estado se privó de un instrumento fundamental de política macroeconómica.
–¿Por qué? ¿De qué se privó concretamente con la convertibilidad?
–De utilizar el mecanismo monetario como un instrumento flexible que determine si conviene emitir o restringir la circulación monetaria. Al privarse de estos instrumentos, limitó su capacidad de maniobra frente aun mundo globalizado con países que sí usaron esos instrumentos. Es necesario tener una política monetaria para mejorar la competitividad de la producción nacional. Acá se pensó que con poner el piloto automático, las fuerzas del mercado iban a producir los equilibrios necesarios y conducir al país a un crecimiento económico.
–¿Qué asuntos debería resolver el Estado? ¿Qué aspectos le incumben?
–Ninguna sociedad puede resolver todos los problemas que la aquejan y menos el Estado. Si resolviera todo, desaparecería. El Estado existe porque tiene capacidad de resolver esos problemas sociales y en tanto los atiende, los incorpora a su agenda, que representa su plan de trabajo. Muchas utopías se han construido en torno a la innecesariedad del Estado porque se supone que otras instancias, el colectivo de la sociedad o la mano invisible del mercado pueden producir los ajustes necesarios entre los individuos de manera que los problemas puedan resolverse por sí solos. Lo que justifica la existencia del Estado es que hay una agenda que no se agota.
–¿La crisis actual es producto de la corrupción que se dio en el poder político o del modelo económico instalado en el último cuarto de siglo?
–Es estrecha la visión que identifica un modelo con el plano exclusivamente económico. Las relaciones entre el Estado y la sociedad se dan en tres planos y todos deben ser considerados como parte de un “modelo”: el plano del desarrollo, el plano de la gobernabilidad y el plano distributivo. En toda sociedad organizada, el Estado nacional ejerce varios roles: organizador, garante, productor y distribuidor del ingreso. Las pautas que se establecen en cada uno de esos planos responden a un modelo de desarrollo, un modelo de gobernabilidad y un modelo distributivo. Se trata de un pacto de redistribución del ingreso y la riqueza entre los diferentes sectores sociales.
–¿La corrupción es inherente a este modelo de gestión o una y otro van por caminos separados?
–La corrupción tiene que ver con todos los planos de ese modelo. En los ‘60 había una gran polémica acerca de si la corrupción era un factor favorable al desarrollo económico de los países subdesarrollados, porque aceitando la maquinaria del Estado se podía lograr cierto tipo de políticas que favorecieran especialmente la inversión externa en el marco de una vinculación corrupta. Cuando se habla de gobernabilidad, se hace referencia al marco de legitimidad de la acción de gobierno. En la medida en que esa legitimidad se ve mellada por un comportamiento corrupto, la legitimidad tiende a decrecer. En el plano redistributivo, la corrupción es un mecanismo redistributivo, en la medida que reduce la porción del ingreso, apropiada a través de formas corruptas. Se manifiesta a través de tarifas de servicios exageradas, contratos leoninos, etc. Esto afecta la capacidad contributiva de la gente.
–¿La presión de la gente en la calle, en alerta permanente, podría llevar a cambiar el rumbo en las políticas públicas a partir de ahora?
–Hay que hablar de qué fue ese modelo y de qué otro modelo es posible. Partimos de una situación de crisis muy grave a fines del ochenta, con la hiperinflación, y con otras consecuencias respecto de la redistribución del ingreso y la riqueza en la Argentina. Las medidas del gobierno de Menem frenan el proceso hiperinflacionario y aseguran, por un tiempo, la estabilización de la economía, pero sólo garantizan grandes equilibrios macroeconómicos.
–¿Y qué perjuicios produce esto?
–Fue un modelo sesgado, que no apuntó a promover la producción nacional sino a la apertura indiscriminada de la economía, el aliento a la importación y la lenta desindustrialización y extranjerización de las empresas argentinas. Esto genera una burbuja donde dejan de observarse otros fenómenos que alteran, no ya los desequilibrios macroeconómicos,sino los equilibrios políticos y sociales. Un modelo de desarrollo económico sin rostro humano, que profundizó la diferencia entre ricos y pobres. Argentina pasó a ocupar, junto con Brasil, uno de los primeros lugares entre los países con mayor brecha entre ricos y pobres. Menem gobernó sin cortapisas, sin el control de los otros dos poderes: el Legislativo se esfumó y el Judicial se subordinó a la lógica del modelo que se instituyó. Además, la sociedad fue desmovilizada en todas sus formas de expresión.
–¿Qué posibilidades hay de cambiar esta situación?
–Depende de la conformación de una nueva alianza. Duhalde dijo que nació una nueva alianza con la producción nacional. Parecía que había un nuevo discurso respecto de quiénes iban a ser los sectores favorecidos y los que por, primera vez, iban a aparecer como perjudicados por la política estatal. Sin embargo, la relación de fuerzas no ha variado significativamente. Se está dando marcha atrás respecto de cuánto pierde el sistema financiero o el sector exportador de petróleo. Y veremos qué ocurre con el caso de las tarifas públicas. Ahí vamos a ver cuáles son las bases sobre las que se puede estar asentando el nuevo esquema de poder que se está construyendo en Argentina.
–¿Qué características tendría un nuevo esquema de poder?
–Me refiero a si efectivamente lo que se conocía como el capitalismo nacional, junto con el agro y las Pymes, estarán en condiciones de recuperar algún grado de centralidad dentro de esa nueva alianza. Hay que ver si las reivindicaciones que ellos están planteando van a encontrar algún eco en la política estatal. El problema no se resuelve con un cambio en la paridad cambiaria. Hay que recomponer las bases de todo un sistema productivo que ha sido liquidado. Esto implica inversión, créditos, creación de puestos de trabajo, un Estado que cumpla el papel de promotor de mercados externos, capacitación, es decir, generación de capital social. Por ahora, el Gobierno está tratando de ver cómo sale de la coyuntura, pero no tiene un plan. Ni siquiera tiene un plan para salir de la coyuntura.
–¿Las asambleas y la aparición sistemática de la gente en la calle puede traducirse en una participación genuina que implique un cambio en el curso de los acontecimientos?
–Son manifestaciones de democracia directa que han sido frecuentes en la historia de muchos países y que se exacerban en ciertas circunstancias críticas, donde la enorme polarización de los intereses que están en juego encuentra en este tipo de acciones la única forma de expresión, ya que no es representada por los mecanismos de la democracia. Y aparece el enfrentamiento entre los propios sectores sociales.
–¿Enfrentamiento entre qué sectores?
–El principal enfrentamiento está dirigido al Estado, es el destinatario de la bronca, de la protesta, de la reivindicación. Pero esto oculta el conflicto de fondo, un conflicto redistributivo. Acá están los deudores de menos o más de 100 mil pesos, o dólares, los que ganan y pierden con el cambio, y los bancos y las empresas de servicios públicos privatizadas contra el resto del mundo.
–¿Se podría concretar una convocatoria intersectorial entre las asambleas vecinales y los movimientos piqueteros? ¿Qué consecuencias traería?
–Me parece difícil pensar que haya mecanismos permanentes de vinculación intersectorial. No son similares las cuestiones que se debaten. La preocupación que plantea un ciudadano en Constitución no es la misma que la que plantea uno en Recoleta. Estas alianzas coyunturales pueden darse muy a menudo cuando existe algún margen de coincidencia entre los intereses que defienden unos y otros. Esto le puede dar más fuerza a la demanda, pero de ninguna manera puede significar que haya permanencia.O porque los intereses de unos se resuelven y entonces cesa el movimiento espontáneo, o simplemente porque los intereses de fondo entre uno y otro sector, que tienen que ver con pertenencias a determinadas capas sociales, terminan por diluir el vínculo.
–¿Las autoconvocatorias pueden contribuir al fortalecimiento de las instituciones democráticas?
–Es altamente positiva esta movilización social, ya que se expresa en consignas que están dirigidas a la necesidad de producir cambios en las instituciones políticas. Todo eso es parte de una reivindicación social amplia, conducente a ese necesario fortalecimiento institucional. Pero al mismo tiempo, es necesario que se produzcan otros fenómenos en forma paralela.
–¿Cuáles?
–Una renovación de los propios partidos políticos, cuyos objetivos no impliquen vivir de la política sino vivir para la política. La posibilidad de generar modelos de desarrollo de país, construcción de opciones. Plataformas partidarias que no sirvan sólo como máquinas eleccionarias que se reavivan cada dos o cuatro años según sea el calendario electoral, sino que sean un mecanismo permanente de construcción política.
–¿Qué pasaría si de estas convocatorias surgiera un partido político con la pretensión de representar las demandas que las generaron?
–Es difícil que se dé lo que en otro tiempo se llamó el “basismo” o movimientos de base que emergen en sociedades que atraviesan instancias críticas. Durante los años setenta, el presidente de Brasil, Fernando Henrique Cardoso, señalaba que era importante la incorporación de esos movimientos de base al funcionamiento de los partidos políticos. La representación y participación políticas son dos formas genuinas que deben formar parte de los mecanismos a través de los cuales la ciudadanía se conecta con el Estado. Tiene que ver con la capacidad de respuesta que tiene el Estado y con la incorporación de estas demandas en su agenda. Cuando esa agenda no contempla cierto tipo de reivindicaciones, la única forma de hacer oír la voz de la sociedad es a través de estos movimientos de base.
–¿Por qué ahora se vislumbra como principales enemigos sólo a las empresas y bancos de origen extranjero, en particular a los españoles, y no a los grandes grupos económicos locales que también se beneficiaron?
–La protesta se canaliza contra el actor visible y sobre él se descarga la ira de la ciudadanía. El proceso privatizador generó enormes privilegios, incluso demostrados a través de estudios patrocinados por el Banco Mundial. Estos abusos dieron origen al enriquecimiento de las empresas privatizadas, que han girado enormes dividendos a sus casas matrices. Cuando se hace público que estos sectores han sido responsables del despojo, la bronca se dirige directamente a sus empresas. En este momento, dirigirse contra las oficinas de Pérez Companc o de otro grupo económico que haya participado en las privatizaciones sería casi una sofisticación de quienes protestan.
–Frente a una crisis tan vertiginosa, ¿el Gobierno puede dejar de incorporar a su agenda las reivindicaciones de la sociedad?
–Los gobiernos son democráticos en tanto oyen a la sociedad. Los gobiernos autoritarios no oyen a la sociedad porque su voz está prohibida. En un régimen democrático, los medios de comunicación, el espontaneísmo, el basismo, las organizaciones comunitarias y las redes que se establecen entre ciudadanos para expresar sus demandas deben ser oídas porque son el mejor retroalimentador de la decisión pública. Muchas de las decisiones que se han modificado estos días fueron respuestas puntuales a los reclamos de la sociedad. Sin embargo, estas respuestas son epidérmicas, rozan la superficie de los problemas más profundos de esta sociedad, que se juegan en otros tableros. En ese sentido, esta pregunta no tiene unarespuesta definitiva porque va a depender de la relación de fuerzas y de cuán persistente es este movimiento social.
–¿De qué puede depender esa persistencia?
–Si es simplemente un reclamo coyuntural frente a la pérdida de posiciones en la escala social o en la situación patrimonial de cada uno, es demasiado poco respecto de lo que está en juego. Porque lo que está en juego es un nuevo modelo de país. No se trata de si tenemos corralito o de cuánto dura esa medida.
–¿Qué cambios se deben producir en la ciudadanía para construir un proyecto de país que desborde las reivindicaciones sectoriales?
–La experiencia argentina muestra que los distintos gobiernos han desoído a la sociedad. Tuvimos una democracia de tipo delegativa donde el ciudadano vota cada tanto tiempo y de esa manera hace conocer sus preferencias, encarnadas en determinada fórmula electoral. En este momento, la sociedad ha encontrado otras formas de hacer escuchar su voz...
–¿Pero...?
–Pero la única manera de modificar los contenidos, las orientaciones y las posiciones de los gobiernos va a depender fundamentalmente de un cambio en las posiciones del poder político. Bienvenidos los movimientos sociales y la voz de la sociedad, pero sería importante que sea una demanda estructural la que prevalezca sobre la coyuntura. Y que se encuentren los mecanismos de representación política que puedan hacer pesar esa voz dentro de la agenda estatal.