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Pese al hermetismo judicial, Página/12 pudo saber que la declaración de un policía que revista en la División Defraudaciones y Estafas acerca de maniobras sospechosas realizadas por un conocido banco privado fue incluida en el expediente que instruye María Romilda Servini de Cubría, en el marco de la investigación sobre fuga de depósitos y violaciones al “corralito” financiero por parte de entidades bancarias. La denuncia había quedado radicada en el juzgado de instrucción 47, a cargo de Mónica Berdión de Crudo aunque en el mes de feria intervino como subrogante su par Eliseo Rubén Otero, quien aún no habría registrado la causa ni dado vista al ministerio fiscal.
En la tarde del 4 de enero pasado, un empleado de Defraudaciones y Estafas que, al mismo tiempo, revista desde hace 14 años como policía adicional en la sucursal que el Banco Piano tiene en Cabildo 1181, observó que la rutina se había alterado. El habitual arqueo de divisas extranjeras se realizaba con un ánimo diferente: una premura y desprolijidad inusuales se evidenciaba en el conteo de billetes y la apertura de los sobres con divisas conocidos como pocket money. Es más, según el relato del denunciante, se rodeó de un llamativo secreto, al punto de que a él y a otras personas encargadas de la custodia fueron invitados a salir del recinto donde se realizaban las tareas y hasta la empresa transportadora de caudales era diferente a la que cumplía normalmente con esa misión.
Sorprendido, el funcionario policial preguntó al personal de la nueva compañía transportadora hacia dónde se dirigían. La extrañeza del denunciante aumentó cuando escuchó la respuesta: a Ezeiza, le dijeron, aunque el policía sumamente nervioso no pudo recordar con precisión si no se trataba de un barrio privado de Ezeiza. Asimismo y siempre según su declaración, había escuchado comentar que la maniobra consistía en sacar los dólares del país para reingresarlos luego a mayor valor y que ese simple ida y vuelta les haría ganar fortunas.
El policía se comunicó entonces con el área de Defraudaciones y Estafas, hizo un relato de los hechos y preguntó, además, si correspondía hacer la denuncia. En tal caso, explicó que estaba dispuesto a sostenerla dado que, de tratarse de un ilícito, podía hallarse vinculado con la masiva fuga de divisas de la que había informado la prensa. Defraudaciones y Estafas dio luz verde a la denuncia y se formó el sumario 9/02 instruido por el Departamento de Operaciones del área, remitido de inmediato al juzgado de instrucción 47, a cargo de Mónica Berdión de Crudo, quien por hallarse en período de feria fue subrogada por Eliseo Rubén Otero, titular del juzgado de instrucción 9, que estuvo de turno con Defraudaciones y Estafas durante toda la primer quincena de enero.
Al comunicarse la existencia de la denuncia al secretario del juzgado, éste procedió a ordenar una serie de medidas que abarcaban destacar una consigna en la puerta de la sucursal, la prohibición de salida de personal con sacas o envoltorios que permitieran contener dinero, así como la identificación de las personas que intentaran entrar o salir de la entidad. Aproximadamente a las nueve de la noche del 4 de enero, el gerente de la sucursal entregó las llaves del local a la policía. Al día siguiente (sábado 5 de enero), el banco presentó una nota ante Defraudaciones y Estafas solicitando autorización para que el lunes 7 se permitiera el pago a jubilados y pensionados y que la mencionada nota fuera presentada también al juzgado. El mismo lunes, el juez Otero convocó a su despacho al comisario responsable de Defraudaciones y Estafas, negó haber dado la orden de instalar una consigna policial, y exigió que las llaves fueran devueltas al gerente.
La disposición se cumplió el mismo lunes, tal como consta en las actuaciones 11 y 12 del propio Departamento de Operaciones. Pero ese lunes, empleados judiciales habían podido advertir que, antes de que el juez revocara las medidas cautelares ordenadas por el secretario, dospersonas habían abandonado el despacho del magistrado, despidiéndose de él con signos de confianza y cordialidad. Los dos visitantes eran Eduardo Piano y su abogado, Alfredo Iribarren, cabeza del influyente despacho que defendió, en las sombras y por intermedio de Mariano Cúneo Libarona, a Amira Yoma y luego a Raúl Juan Pedro Moneta.
Alertados de que la causa era imposible de localizar por las vías normales –el sistema informático de registro de la Corte Suprema– bajo las carátulas acostumbradas (dirección, nombre del banco, etc) y de que al parecer tampoco se había dado vista al fiscal, los empleados judiciales resolvieron poner al tanto de los sucesos al fiscal federal Carlos Stornelli, quien interviene en la investigación de la causa por subversión económica radicada en el juzgado de Servini de Cubría a raíz de una denuncia de las diputadas Graciela Ocaña y Marcela Rodríguez.
El juez de instrucción Eliseo Rubén Otero accedió tardíamente a la magistratura, tras revistar durante largos años como secretario. La intervención de los hermanos Hugo y Jorge Anzorreguy, se comenta en el Palacio, logró el ascenso que parecía ya imposible. El gran debut judicial de Otero se produjo precisamente con la absolución del ex intendente Carlos Grosso, el hombre cuya reaparición pública en la Casa Rosada produjo (entre otro puñado de razones) la caída del efímero presidente Adolfo Rodríguez Saá.