El Tribunal Oral Federal de Santa Rosa ordenó ayer la detención de diez acusados por delitos de lesa humanidad en la provincia de La Pampa, que afrontarán a partir del próximo 2 de agosto el primer juicio oral que se llevará a cabo en esa provincia por crímenes durante la dictadura. A todos ellos se los investiga por la llamada causa Subzona 1.4, en la que están acusados de violaciones a los derechos humanos, secuestros y torturas sobre 28 personas. Se prevé que las audiencias en este proceso se prolonguen al menos por tres meses ya que prestarán testimonio entre 120 y 150 víctimas alojadas en varios centros de detención de esa provincia.

Los jueces del TOF Santa Rosa, Eugenio Krom, Mario Armando Márquez y José Mario Tripputi, resolvieron ordenar el arresto de los represores para “preservar la tranquilidad de las víctimas”, según argumentaron. La medida recayó sobre el ex teniente coronel Fabio Carlos Iriart, por su rol como comandante de la Subzona 1.4 entre 1976 y 1977; Néstor Greppi, ex coronel a cargo de la Secretaría General de la Gobernación de La Pampa; Roberto Esteban Constantino, ex inspector mayor de la policía pampeana y jefe del grupo de tareas de la Subzona 1.4; Omar Aguilera, comisario a cargo de la Jefatura de Operaciones; Roberto Oscar Fiorucci, ex subcomisario y jefe de Informaciones del grupo de tareas; Carlos Alberto Reinhart, comisario mayor e integrante del grupo; Athos Reta, subcomisario en la fuerza provincial e integrante del grupo de operaciones e informaciones; y los oficiales Antonio Oscar Yorio, Hugo Marenchino y Néstor Bonficacio Cenizo. Greppi, al momento de dictada la orden, se encontraba en Buenos Aires y quedó confinado a la espera de ser remitido en las próximas horas a Santa Rosa. Iriart, por su parte, por problemas de salud quedó alojado en calidad de detenido en su propio domicilio. Los restantes acusados están presos en la Unidad 4 del Servicio Penitenciario Federal en La Pampa. Allí permanecerán hasta la finalización de las audiencias, confirmaron fuentes judiciales. El ex coronel y jefe del Regimiento de General Pico Oscar Cobuta y el oficial Roberto Escalada también estuvieron imputados en esta causa, pero fallecieron antes de que se arribe a la etapa de juicio oral. En el proceso se investiga la llamada causa Subzona 1.4 y todos los represores están imputados por privación ilegal de la libertad agravada, por mediar violencia y amenazas, en forma reiterada, en concurso real con el delito de aplicación de tormentos, en forma reiterada. La investigación judicial determinó que un grupo de tareas militar y policial que respondía al Comando de la Subzona 1.4 del Ejército participó de los operativos en los que se detuvo ilegalmente a veinte personas en diversas fechas entre el 24 de marzo de 1976 y 1978. También se comprobó que a la mayoría de los secuestrados se les dio traslado a la seccional primera de la policía de La Pampa, donde eran sometidos a interrogatorios mediante amenazas verbales, agresiones físicas y torturas. Posteriormente, se los ingresaba a la Colonia Penal U4, o a la Unidad Nº 13 de esa ciudad, o a la Unidad Nº 6 de Rawson en calidad de detenidos a disposición del Poder Ejecutivo, donde permanecían hasta ser liberados. De la misma forma, en un procedimiento similar, el 14 de julio de 1976, ocho docentes del Instituto Secundario José Ingenieros fueron secuestrados de la sede del establecimiento y desde allí fueron trasladados a la comisaría local para luego ser llevados al Puesto Caminero de la Ruta 35, donde fueron interrogados y torturados.