La Sala III de la Cámara de Casación Penal confirmó que Jorge “Fino” Palacios, el primer jefe que tuvo la Policía Metropolitana, deberá seguir preso en la causa del espionaje. Es la segunda vez que este tribunal ratifica la prisión preventiva del ex comisario –a quien Mauricio Macri nunca dejó de defender– y respalda las imputaciones por violación de secretos y falsedad ideológica formuladas por el juez Norberto Oyarbide y avaladas por la Cámara Federal. En el expediente, esos delitos no sólo fueron atribuidos a Palacios, sino al resto de los implicados, entre ellos el propio jefe de Gobierno porteño y el espía Ciro James. Pero hay un tercer delito, el de asociación ilícita, sobre el cual los jueces de Casación esta vez mostraron discrepancias internas y dejaron en evidencia una fisura que el macrismo interpretó a su favor.

La defensa de Palacios, preso en Marcos Paz desde noviembre del año pasado, tenía muchas expectativas de que el tribunal de Casación lo dejara en libertad a pesar de que la Sala I de la Cámara Federal ya le había negado cuatro veces la excarcelación y la propia Casación había confirmado la prisión preventiva el 18 de marzo último. En el fallo de ayer, dos de los tres camaristas (Angela Ledesma y Eduardo Riggi) señalaron que la situación no varió desde aquella resolución. En ese entonces evaluaron que ante el tipo de “maniobras investigadas”, los “cargos que ostentó” y “su íntima relación con otros miembros de las fuerzas policiales” existía riesgo de que Palacios se fugara y pusiera en peligro la pesquisa.

Palacios, a quien Macri le confió el diseño y la jefatura de la Policía Metropolitana por considerarlo de su máxima confianza, quedó claramente implicado en el espionaje a raíz de la escucha a Sergio Burstein, dirigente de familiares de AMIA, fuerte crítico de su nombramiento en la fuerza. Las escuchas a Burstein –como todas las detectadas hasta ahora– fueron ordenadas desde dos juzgados de Misiones, las grababa la SIDE en Buenos Aires y las retiraba el ex policía Ciro James. Palacios y James hablaban entre dos y cuatro veces por día en la época de esa pinchadura, entre agosto y septiembre del año pasado, y además lo hacían casi sistemáticamente justo antes y después de que James retirara los casetes de las conversaciones de Burstein.

Luego el juzgado de Oyarbide identificó un patrón de contactos similares entre James y el Fino relacionados con otras tres escuchas (la del empresario Carlos Avila, la de dos gerentes de supermercados Coto y la de una mujer vinculada al empresario Samuel Liberman). Palacios renunció a la Metropolitana el 25 de agosto de 2009, cuando era inminente su procesamiento por encubrimiento del atentado a la AMIA, que se concretó. En esa causa Burstein es un activo querellante, razón por la que Oyarbide cree que lo espiaban (incluso el propio Macri).

En un comienzo, el Fino fue procesado por violación de secretos y privacidad y falsedad ideológica. Pero cuando Oyarbide juntó pruebas de que había muchas personas implicadas en la maquinaria de las escuchas (policías, jueces, secretarios judiciales y hasta Macri) les imputó, además, el delito de asociación ilícita. La Sala I de la Cámara Federal convalidó esa calificación. Al confirmar el procesamiento de Macri el mes pasado fue más lejos: habló de un aparato de inteligencia clandestino en la Ciudad, paralelo a las actividades legales de la Metropolitana.

Lo que la Cámara de Casación resolvió ayer fue un planteo de Palacios que cuestionaban su procesamiento por asociación ilícita y la prisión preventiva. Hasta ahora los jueces de Casación nunca habían opinado sobre este delito en este caso, el más grave de los que engloba la causa, y en rigor ayer la mayoría decidió obviar entrar en detalles al respecto. La marcada excepción fue Liliana Catucci, quien votó en disidencia: sostuvo que la Cámara Federal no demostró con suficientes fundamentos la existencia de esa organización delictiva y que omitió evaluar la prueba que hay en el expediente de primera instancia.

Los jueces Ledesma y Riggi rechazaron liberar al ex comisario y sus votos dan cuenta de la gravedad del caso, de que el espionaje existió y de que hay por lo menos dos delitos –los de violación de la intimidad y falsificación de documentos– que se le atribuyeron en primera y segunda instancia sin arbitrariedades a la vista, sobre los que se basa la detención. Con eso basta, dijeron, para que ahora Palacios siga preso. En esta etapa del expediente, aclararon, su función como tribunal es analizar sólo cuestiones equiparables a una sentencia definitiva (como la prisión preventiva de una persona), a menos que se establezca que hubo algún “dogmatismo” flagrante de los jueces inferiores al dictar un procesamiento. Para Ledesma ni siquiera lo hubo en el procesamiento por asociación ilícita. Para Riggi, cabe la duda en ese caso, pero la prisión preventiva tiene razones previas que siguen vigentes.

El fallo es una pésima noticia para Palacios porque lo encamina a un juicio oral y le anuncia que, mientras espera, seguirá detenido. Según interpretó en diálogo con Página/12 el abogado de Burstein, Hernán del Gaizo, “a partir de esta decisión la causa está en condiciones de ser elevada a juicio respecto de Palacios incluso por el delito de asociación ilícita, que no resultó desechado pese a que hubo un voto en disidencia”.

El pronunciamiento de Casación no tiene impacto directo sobre la situación de Macri. En la administración PRO analizaban la resolución con cautela, aunque decían ver “una esperanza, una lucecita al final del túnel” ante una evidente fisura dentro de esta Cámara en torno de la cuestión de la asociación ilícita. La misma sala, la III, es la que revisaría una eventual condena. Catucci es la primera jueza que en casi un año dice algo que podría leerse a favor de los intereses del líder de PRO: que la Cámara Federal incurrió en “un vicio” de fundamentación al interpretar “la figura de asociación ilícita”, que sólo hizo “afirmaciones genéricas” y “omitió examinar la existencia de pluralidad de planes delictivos por parte de los miembros” de la banda. Su colega Riggi dio una señal coincidente al decir que “parecerían atinadas las consideraciones efectuadas por la doctora Catucci”, pero al final votó en otro.

Lo que decididamente no es nada alentador para Macri es que Casación ha respaldado hasta ahora el grueso del expediente y en ningún momento lo puso en jaque. Podía haber liberado a Palacios y no lo hizo. Ayer ratificó por segunda vez las calificaciones penales derivadas de la violación a la intimidad con pinchaduras de teléfono de una decena de personas y por los documentos y expedientes que se trucharon para lograrlo. Esas figuras, más la de abuso de autoridad, fueron aplicadas al jefe de Gobierno porteño por las escuchas a su cuñado Daniel Leonardo y a Burstein.

Macri, al parecer, sigue en la tesitura de no apelar su procesamiento ante Casación. Ayer presentó un pedido al juez Oyarbide reclamándole que eleve su caso a juicio oral “porque ya se han producido todos los pasos procesales”. Pero es evidente que no es él quien manejará los tiempos. Tanto la Cámara Federal como la Casación le han señalado a Oyarbide que la investigación tiene varios asuntos pendientes de investigar. El juez, en consecuencia, planea nuevas citaciones y medidas de prueba.