Martes, 3 de agosto de 2010 | Hoy
Por Irina Hauser y Raúl Kollmann
El juez federal Norberto Oyarbide le pedirá hoy a su par de instrucción porteño, Ernesto Botto, una copia de la causa en la que se investiga por fraude a Mauricio Macri, Horacio Rodríguez Larreta y otros funcionarios en relación con la adjudicación de la publicidad en el mobiliario urbano. Oyarbide descree que las escuchas telefónicas realizadas por Ciro James a Carlos Avila en 2007 y 2008 tengan que ver con ese negocio, pero el abogado querellante Mariano Bergés, que representa a Spinazzola, una empresa que fue concesionaria de la cartelería en refugios de colectivos, hizo una presentación vinculando escuchas con mobiliario urbano.
Oyarbide –y también Avila– está convencido de que aquella operación de espionaje tenía que ver con que Avila negociaba con Julio Grondona la ruptura del contrato de televisación del fútbol entre la AFA y Torneos y Competencias. Avila es propietario del Golf Channel y mantuvo largos diálogos con Grondona sobre la posibilidad de establecer el Fútbol Channel, rompiendo con TyC, como lo hizo finalmente la AFA el año pasado. Las escuchas coinciden exactamente con los tiempos de esa negociación.
Según quienes transitan los pasillos de Tribunales, la causa por el mobiliario urbano es “una papa igual o más caliente todavía” para Macri que el expediente de las escuchas. La Sala VI de la Cámara del Crimen, integrada por Mario Filosof, Gustavo Bruzzone y Marcelo Lucini, revocó el sobreseimiento del jefe de Gobierno, apartó al juez de primera instancia Facundo Cubas y el sorteo hizo recaer el expediente en Botto. La publicidad en el mobiliario urbano fue adjudicada a la empresa Publicidad Sarmiento, de los hermanos Orlando y Eduardo Terranova. Estos presentaron antecedentes de haber trabajado en el rubro en Mendoza y Córdoba, pero la documentación era falsa. Estas irregularidades les fueron advertidas a la administración Macri, pero de todas maneras el negocio –de unos 120 millones de pesos– se le adjudicó a Sarmiento a través de dos decretos. Todo indica que Macri será llamado a declaración indagatoria.
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