La reacción anticipada a la presentación que hoy hará el Gobierno del informe “Papel Prensa: La Verdad”, referido a los pormenores del traspaso del control accionario de esa empresa durante la última dictadura militar, alcanzó ayer ribetes de confrontación inéditos. “Esto inicia una fase dictatorial muy clara (...), Cristina inicia el camino de una especie de terrorismo de Estado”, disparó, desmedida, la diputada por la Coalición Cívica (sin alianza) Elisa Carrió. El informe que presentarán los directores del Estado en Papel Prensa analizará los mecanismos con los cuales se logró el traspaso de las acciones de esa empresa en el año 1976, de manos de Lidia Papaleo, viuda de Graiver, en favor de los propietarios de los tres diarios de mayor tirada nacional de entonces. El propósito de los autores de la investigación es poner en manos de la Presidenta de la Nación los datos que puedan ser llevados a la Justicia como elementos de prueba. En un sentido similar al de Carrió, se expresó el ex vicepresidente del menemismo Eduardo Duhalde, quien asimiló la investigación sobre Papel Prensa a “una escalada contra la seguridad jurídica”.

Durante el acto, previsto para hoy a las 18.30 en la Casa Rosada, se presentará el informe sobre la compra de las acciones de Papel Prensa. Según anticipó el síndico general de la Nación, Daniel Reposo, ese informe “demostrará que el poder civil participó del gobierno militar en contra de aquellos que estaban en situación de vulnerabilidad absoluta. Y se apropió de bienes que no le pertenecían”.

El trabajo sería presentado y entregado a la Presidenta de la Nación por la directora por el Estado en Papel Prensa, Beatriz Paglieri. Ayer, en una entrevista, la representante estatal en la firma describió que en el trabajo “hay pruebas irrefutables de la complicidad entre la dictadura militar y los dueños de los diarios Clarín, La Nación y La Razón”. Adelantó que, en ese marco, “el documento hace una síntesis de toda la prueba documental y permite mostrar que las acciones clase A de Papel Prensa fueron apropiadas bajo los tristemente célebres métodos del terrorismo de Estado”.

“La Justicia determinará, pero entendemos que tenemos pruebas contundentes. La prueba documental y los testimonios de los involucrados son coincidentes y determinan que no pudieron expresar su voluntad al momento de la operación de venta de Papel Prensa”, aseguró Paglieri. “Podemos determinar que la operación tiene vicios de ilegalidad, ya que los accionistas no pudieron expresar su voluntad (...). La Justicia determinará cuáles son cada uno de los componentes de esa irregularidad”, aseguró. Se espera que hoy, inmediatamente después de recibir el informe, Cristina Fernández instruya públicamente al procurador general del Tesoro, Joaquín Da Rocha, para que presente a la Justicia la denuncia sobre las presuntas irregularidades en la compra de Papel Prensa por parte de Clarín, La Nación y La Razón en 1976.

Carrió descalificó la denuncia pretendiendo deslegitimar al gobierno democrático. “Esto inicia una fase dictatorial muy clara, corta la democracia, porque uno de los pilares de la República es la libertad de expresión y el derecho del pueblo a saber”, manifestó, en referencia al probable inicio de una investigación judicial sobre la venta de las acciones de Papel Prensa. “Cristina inicia el camino de una especie de terrorismo de Estado, en el sentido de que el Estado avasalla la propiedad, inventa causas de derechos humanos, inicia procesos de lesa humanidad, para quedarse con bienes de otros y así dominar a la opinión pública”, interpretó la ex radical, ex ARI y ex aliada del radicalismo y el socialismo.

Duhalde apuntó para el mismo lado, aunque en términos menos rimbombantes, a través de un comunicado que emitió en nombre del Movimiento Productivo Argentino. Allí planteó su “preocupación por una nueva escalada gubernamental contra la seguridad jurídica (...), como el plan de confiscar Papel Prensa, utilizando excusas sin sustento jurídico o histórico. Al más puro estilo chavista (aludiendo al presidente de Venezuela), se pretende (...) intentar silenciar a los medios de comunicación independientes”.

El diputado del peronismo disidente Francisco De Narváez se sumó a la polémica. “Si la Presidenta anuncia mañana (por hoy) la estatización de Papel Prensa, sería un retroceso inmenso para el país”, aseguró desde Mendoza.

El titular del bloque de diputados del Frente para la Victoria, Agustín Rossi, dio respuesta a estos planteos y razonamientos. “Lograr que Clarín y La Nación no ejerzan una posición dominante y discrimen al resto de los diarios en Argentina es a favor de la libertad de prensa, no en contra.”

Rossi recordó que “el tema de Papel Prensa toma luz pública cuando Osvaldo Papaleo va a una audiencia pública en la Cámara de Diputados sobre la ley de medios y por primera vez cuenta, en un marco institucional, cómo había sido la venta de la familia Graiver”. “A partir de ahí, correctamente, el Estado, a través de sus directores, elaboró un informe y construyó una historia de lo que ha sido esa venta”, explicó y señaló que “cuando se escucha el testimonio de Papaleo se ve claramente que es irregular, o condicionada, desde muchísimos puntos de vista”.