La Cámara de Casación rechazó ayer, por tercera vez, el pedido de excarcelación de Jorge “Fino” Palacios, preso en el penal de Marcos Paz desde hace once meses. El argumento de dos de los tres jueces es que teniendo la experiencia que tiene en el mundo del espionaje, los contactos en las fuerzas de seguridad y los recursos materiales con los que cuenta, tiene lógica que en libertad obstruya la investigación y logre alterar pruebas de importancia que se están haciendo. Por ello, los magistrados consideran que debe continuar detenido. Los jueces de la Casación no evaluaron la acusación en sí misma, es decir que se mantienen firmes las imputaciones por violación de secretos, violación de privacidad, falsedad ideológica y –aunque en esto no tienen unanimidad los magistrados– asociación ilícita.

La eventual libertad de Palacios hubiera sido festejada, seguramente con discreción, por el macrismo. Es más, lo habrían exhibido como un argumento en la comisión de investigación de la Legislatura. Sin embargo, la realidad es que ni la continuidad de su prisión ni la excarcelación cambian el fondo de la causa judicial y las acusaciones por espionaje. En ese terreno, Mauricio Macri y su entorno sostuvieron desde el principio que la causa era un armado del juez federal Norberto Oyarbide, en combinación con el Gobierno, pero lo cierto es que las medidas del magistrado fueron confirmadas por la Cámara Federal varias veces y también por la Casación.

La jueza Angela Ledesma, redactora de la resolución mayoritaria de ayer, sostiene que hay un conjunto de pruebas que todavía falta hacer y que con Palacios en libertad podrían ser alteradas. Por ejemplo, el juez libró un oficio a la Justicia norteamericana para que la empresa de seguridad Ackerman responda si contrató a Global Consultancy, la consultora de Palacios, para tercerizar una investigación sobre el cuñado de Mauricio Macri, Daniel Leonardo. Ackerman habría sido contratada por Franco Macri y Mauricio sugiere que toda la responsabilidad del espionaje ilegal sobre Leonardo es de su papá.

También está pendiente averiguar con precisión cómo se hicieron los pedidos de informes financieros de dirigentes gremiales porteños, opositores al gobierno de Macri y hasta hombres del PRO, averiguaciones que partieron de una computadora en la empresa de Palacios. Ledesma dice que, tal vez, el Fino no obstaculice algunas de las medidas de prueba pendientes, pero que se trata de un conjunto y que es evidente su capacidad para moverse en el ámbito de las investigaciones. El criterio de Ledesma fue acompañado por otro juez de la Sala, Gustavo Mitchell. En cambio votó a favor de la libertad de Palacios la jueza Liliana Catucci.

En la anterior denegatoria de la excarcelación de Palacios, hace poco más de un mes, Catucci se refirió a la acusación de asociación ilícita y directamente se opuso a esa imputación. Su par de aquel momento, Eduardo Riggi, sugirió que tal vez la figura de la asociación ilícita no correspondía, pero la cuestión era que Palacios podía obstruir la pesquisa. En esta oportunidad, ninguno de los tres jueces volvió sobre el tema, algo que podrían haber hecho.