Con el desempate del vicepresidente Julio Cobos, el Grupo A logró sancionar anoche la aplicación del 82 por ciento del salario mínimo vital y móvil para los jubilados. Luego de más de diez horas de debate, la votación quedó empatada en 35 votos a favor de la iniciativa aprobada por Diputados que lleva el haber mínimo de 1042 a 1427 pesos y 35 votos en contra. “Es un voto por la equidad social. La sustentabilidad la vamos a encontrar con una profunda discusión”, aseguró Cobos, quien repitió que ya había anticipado su voto “afirmativo” públicamente. Minutos antes, el presidente del bloque del Frente para la Victoria sostuvo que la iniciativa tiene “fuerte contenido de demagogia política” y advirtió que provocaría la quiebra de la Anses. Fuentes del oficialismo insistían anoche en que la presidenta Cristina Fernandez vetará la ley.

Pocos minutos antes de la votación y como un regalo de medianoche, Pichetto le adelantaba ayer al vicepresidente que el oficialismo había decidido, como en el caso de la Resolución 125, darle el lugar de decidir la suerte del 82 por ciento móvil. “Probablemente tenga que volver a desempatar. Es una votación que va a afectar al gobierno nacional y provocar un fuerte daño a la credibilidad económica”, le advirtió.

“Yo ya había anticipado mi voto afirmativo en los medios”, respondió Cobos, sin dar lugar a dudas, como sucedió durante la histórica madrugada de julio de 2008 en la que rechazó las retenciones móviles con su voto “no positivo”. Acto seguido, el titular del Senado se dedicó a responder las críticas que vendrán en los próximos días: aclaró que durante su gobierno en Mendoza vetó el 82 por ciento móvil, pero porque se trataba de un aumento exclusivo para los docentes. “Me comprometí a gestionar ante la Nación un nuevo convenio y luego pudimos dar el 82 por ciento a todos los jubilados transferidos”, completó y dio paso a la votación en particular que se aprobó rápidamente.

“Esto es una sobreactuación, una sobreoferta de las posibilidades concretas. Si pensaran con cierta vocación de ser poder no estarían planteando este tipo de leyes que tienen un fuerte contenido de irresponsabilidad”, había afirmado Pichetto al cerrar las 12 horas de discusión. Además, el senador rionegrino remarcó que “le niegan al Gobierno de llevar a cabo procesos de desinversión en un año para empresas de medios y ahora obligan al sector público a vender las acciones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad en 30 días”.

Desde temprano la Cámara alta se había convertido en un escenario de llamados, reuniones y especulaciones. A las 10 estaba convocada la reunión de Labor Parlamentaria, en la que se acordó que el único tema del día sería el debate en torno del 82 por ciento móvil y primero, una declaración unánime de rechazo a las prácticas militares que realiza Inglaterra en las islas Malvinas. Hasta entonces, el oficialismo mantenía su posición de no habilitar el quórum hasta tanto la oposición no juntara las 37 bancas.

Sin embargo, casi a las 14 y cuando el Grupo A todavía estaba bastante lejos de alcanzar el número necesario, los legisladores del Frente para la Victoria empezaron a entrar al hemiciclo. Fuentes del Senado deslizaron que previamente al inicio de la sesión hubo una comunicación con la Casa Rosada, en la que recibieron la instrucción de bajar al recinto y habilitar el quórum. La oposición respiró de alivio. Después de haber superado ese primer obstáculo, los senadores de la oposición vivían con cierta amargura que todo el esfuerzo realizado desde hace meses para tratar de aprobar su primera ley en lo que va del año se viera opacado por la cobertura del rescate a los mineros chilenos.

El primero en hacer uso de la palabra fue el senador radical y presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, Alfredo Martínez. El legislador explicó que con aprobar el proyecto en cuestión, el “haber mínimo garantizado nunca deberá ser inferior al 82 por ciento del salario mínimo, vital y móvil”, lo que implica que pasaría de 1042 a 1427 pesos. Para Martínez, la iniciativa “es absolutamente sustentable y da justicia a los jubilados”. A la senadora Laura Montero, soldado incondicional del Cobos, se le ocurrió leer un texto redactado por una obstetra jubilada en el que en referencia al Gobierno llama “hipócritas” a “los que hablan de derechos humanos”, los acusa de “estafar a miles de jubilados, condenándolos a una vejez indigna”. “Casi un genocidio”, concluyó. “No se dan cuenta de que este terrorismo verbal ya no se lo creen”, aseguró Giustiniani y retrucó que este año habrá 41 mil millones de pesos de superávit.

Varios senadores kirchneristas apelaron a los números que maneja la Anses, que no cuenta con los recursos necesarios para solventar la intentona opositora. “Cuando decimos que el costo fiscal es de 40 mil millones para el 2011, decimos que va a tener que hacerse un esfuerzo financiero y fiscal que quiebra la Anses”, sostuvo Eric Calcagno, presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

Desde el mediodía se calculaba que el resultado sería muy ajustado, con una diferencia de uno o dos votos a favor del sí. Desde su provincia, el riojano Carlos Menem volvió a pedir licencia por razones de salud. A su ausencia se sumó la del senador radical por Catamarca Oscar Castillo. Sobre esa base de 70 senadores, la lupa quedó depositada sobre un puñado de legisladores que habían mantenido en suspenso su posición. El correntino José Roldán aclaró que no pertenece a la UCR y adelantó que votaría en contra. Otro que estaba en duda pero que finalmente votó en contra fue el misionero Luis Viana, del FpV. El sanjuanino César Gioja amagó hasta último minuto pero finalmente rechazó la medida, igual que la peronista disidente Roxana Latorre. El neuquino Horacio Lores se sentó para dar quórum pero al final rechazó el proyecto. Así, el oficialismo alcanzó los 35 votos. La oposición, en cambio, contó con 15 votos de la UCR, 11 del PJ disidente, 8 de bloques minoritarios y el del oficialista chubutense Marcelo Guinle. Y la votación, una vez más, quedó en manos del vicepresidente opositor.