Siete trabajadores de la empresa recuperada Rabbione están en riesgo de que les rematen sus casas porque un juzgado les exige que paguen un canon de alquiler por el edificio de la empresa que reabrieron. Aplicado de manera reatroactiva, este canon les generó una pretendida deuda de 315 mil pesos. Como no pueden pagarlo, el juez Alberto Aleman –a pedido del síndico– inició los trámites para que respondan con sus viviendas particulares, solicitándole al Registro de la Propiedad que las desafecte como bien de familia.

Rabbione fue recuperada en 2001, después de haber sido abandonada por sus antiguos dueños. Es una empresa de transporte de cargas que hace mudanzas, retiros a domicilio, envío de mercaderías y reparto de medicamentos. Actualmente da empleo a 40 personas, aunque fue reabierta por nueve de sus antiguos trabajadores. De ese grupo fundador, siete están bajo la amenaza de perder sus viviendas.

“Nunca vi una cosa igual. El juzgado no reconoció el proceso de recuperación. Rechazó que la ciudad de Buenos Aires le diera el edificio en comodato a la cooperativa, porque declaró inconstitucional la ley de ocupación temporaria que sancionó la Legislatura en favor de los trabajadores. Más tarde, cuando el gobierno porteño se presentó a pagar un canon de alquiler, el juzgado se negó a recibirlo porque había declarado inconstitucional la ley. Luego, la Legislatura sancionó una ley de expropiación definitiva y el juzgado también la declaró inconstitucional. Tras negarse a percibir el canon de parte del gobierno, prefirió ir por las casas de los trabajadores para hacerse de dinero para la quiebra”, señaló la abogada de la cooperativa, Florencia Kravetz.

La cooperativa enfrenta un doble problema legal. Por un lado, la declaración de inconstitucionalidad de la ley de ocupación temporaria que había declarado de utilidad pública el edificio de Rabbione. Ese fallo, dictado en el 2008 por la jueza María Gabriela Vassallo, por entonces a cargo del juzgado, puso al derecho de propiedad por encima del derecho al trabajo.

El segundo problema legal tiene que ver con la ley de quiebras vigente, que le dice al juez que, cuando una empresa se funde, su prioridad es rematar los bienes para pagar a los acreedores en lugar de garantizar la continuidad de los puestos de trabajo. Si bien en el Congreso nacional hay un proyecto para modificar la ley de quiebras, por el momento sólo sigue siendo un proyecto.

Así, sin que esté vigente la expropiación, y entre amenazas de remate, la Justicia fijó un canon de alquiler del edificio y condenó a los trabajadores a pagarlo de manera retroactiva. Ahora, ante esa deuda impaga, avanza en el remate de sus casas.

Los integrantes de la cooperativa pidieron la intervención del Ministerio de Trabajo, que la semana pasada solicitó una audiencia al juzgado para buscar una salida a la situación. “La cooperativa tiene bienes propios para rever estas decisiones y queremos pedir además la intervención del gobierno de la ciudad, que no ha sido tomado como parte en el proceso”, apuntó Kravetz.

La historia de la recuperación de Rabbione es intrincada. Jorge Frojan, presidente de la cooperativa, cuenta que los antiguos dueños dejaron de ir a la empresa después del 19 y 20 de diciembre de 2001. En medio de la crisis, los Rabbione habían vendido la empresa a unos inversionistas. Pero, el 21 de diciembre, los trabajadores encontraron la persiana baja y un cartel que decía “cerrado hasta marzo”. Tomaron el edificio para evitar que los antiguos dueños se llevaran las máquinas y camiones y poco después comenzaron a autogestionar la empresa.

El presidente de la cooperativa agrega un dato que sirve para completar el panorama: “Cuando el juzgado no quiso aceptar que el Gobierno de la Ciudad pagara el canon, nos dejó en un callejón sin salida, porque nosotros tenemos un buen nivel de trabajo y podríamos pagar lo que se reclama, si tuviéramos acceso al crédito. Pero los bancos no dan financiamiento a las cooperativas de trabajo”. Para agravar las cosas, la gestión macrista, en lugar de insistir legalmente para pagar, protegiendo así a la empresa recuperada, de-sistió de hacerlo.

Ahora, si no se logra una salida alternativa, las casas de los siete trabajadores irán a remate. La medida, sin antecedentes, es grave en sí misma, pero sentará además un precedente para el conjunto de las recuperadas, que en la gran mayoría de los casos están en una situación legal de precariedad porque el Estado porteño no pagó las indemnizaciones por expropiación.