La Justicia porteña condenó a nueve inquilinos de condición humilde a seis meses de prisión. Les atribuye haber despojado de su vivienda en el barrio de San Telmo a un hombre de origen japonés que se considera un linyera. La información, que se desprende del fallo de la jueza María Luisa Escrich, parece un escarmiento contra las usurpaciones que se producen en la ciudad de Buenos Aires. Pero es mucho más que eso. Resulta un precedente jurídico contra las personas sin techo que ni siquiera alcanzan a pagar una pieza de hotel y subalquilan casas de dudosa habitabilidad. Cinco madres –una, por tener antecedentes, deberá cumplir la pena en la cárcel–, un anciano de 77 años, un desocupado, un obrero panadero y un mensajero son los acusados. Diez niños viven con ellos en el caserón de Chacabuco 630, todos hijos de las condenadas, que en su mayoría trabajan como empleadas domésticas. Escrich, basándose en la acusación del fiscal Angel Carestia, señala que “los imputados se valieron de violencia para ingresar y permanecer en el inmueble en cuestión”, cuando no hay pruebas que respalden tal aseveración en las quince carillas de su sentencia. Los abogados defensores apelarán ante la Cámara lo que una comisión de apoyo a estos vecinos definió como “un nuevo ataque de Macri contra el pueblo”.

El 12 de octubre se conocieron los fundamentos del controvertido fallo del Juzgado Nº 20 en lo Penal, Contravencional y de Faltas. La jueza dio por acreditado que “los imputados despojaron a Néstor Nakama de la tenencia pacífica que el mismo gozaba del inmueble de la calle Chacabuco 630/34 de esta ciudad, mediante el uso de la violencia y hasta la fecha permanecen en él”. La única violencia que quedó acreditada por los testimonios de algunos testigos en el juicio se la atribuyen al presunto propietario. Mariela del Carmen Aguirre, la mujer condenada a prisión efectiva, declaró que la amenazó “con prenderla fuego, paseándose con un bidón de querosén”. Una vecina del barrio aportada por la defensa, Ana Raquel Melnik, describió que Nakama peleaba con un supuesto socio, Carlos Benítez, y que en una ocasión éste “se fue mal, lastimado, agredido, que después no fueron nunca más hasta que en el verano el señor oriental se paseaba con un bidón de nafta amenazando que iba a quemar la casa, a los vecinos, etcétera”.

El denunciante nunca mostró el título que lo acredita como dueño de la vivienda y alegó que figura a nombre de la esposa de su primo, Julia Serikyaku. Su primo es un tal Ryoki Nakama. Benítez, el individuo que mencionó Melnik en su declaración, es quien le subalquiló la vivienda al grupo de inquilinos, a razón de 400 pesos por mes y por persona. La compartía con el japonés, según lo expresó hasta la propia jueza: “Con respecto a la existencia del Sr. Benítez, se encuentra probado que el mismo existió y vivió en el lugar. Ello por cuanto, los testigos Mauro, Villera y López Angeloni (todos declararon a favor de Nakama) confirmaron su existencia”. O sea, el hombre que según los condenados les alquiló una habitación en Chacabuco 630 resultó amigo de Nakama. De la sentencia se desprende que Benítez tuvo una causa por robo en el Juzgado de Instrucción Nº 17. Y en el barrio dicen que también era futbolista de Boca. La dupla, además, se dedicaba a la compraventa de chatarra.

En el fallo se menciona que de la prueba obrante surge que “la situación de calle en la que se encuentra el denunciante es a consecuencia del despojo sufrido”. El japonés o descendiente de japoneses es caracterizado en un texto que difundió el Comité de Apoyo a los Inquilinos, que tiene base en la Asamblea Popular de San Telmo, como un “ciruja, presunto contador público, con dos condenas por estafa, investigado por la muerte dudosa (envenenamiento) de una prima en 2005, que –¡oh casualidad!– lo quería echar de la vivienda”. También dice el texto que estuvo internado en el Hospital Borda en abril último por “representar un peligro para sí y para terceros”. Además, transcribe el dato de una causa por insania que se tramitó en el Juzgado Civil Nº 22.

Escrich condenó a penas de prisión a las cinco mujeres y cuatro hombres, basándose en parte en que “no existe contrato de alquiler, recibo de pago o cualquier elemento que pruebe la buena fe de la ocupación por parte de los imputados”. Y por ende, desestimó los testimonios de dos de las acusadas (Aguirre y Alejandra de la Cruz Aparicio, una empleada doméstica y vendedora de comidas) “de haber pagado por el alquiler de las habitaciones del inmueble de Chacabuco 630 al Sr. Benítez, encargado del lugar”.

La jueza coincidió con la acusación del fiscal Carestia contra Aguirre, Aparicio, Edith Angélica Cuello, Margarita Martínez, Valeria Rosa Valenzuela, Javier Alejandro Valenzuela, Carlos Hugo Pourrian, Robustiano Ayala y Cristian Nores porque, según ellos, invadieron la propiedad “entre los días 8 y 10 de diciembre de 2009, reemplazando la cadena y candado originales de la puerta de ingreso y permaneciendo en él, despojando así de la tenencia al Sr. Néstor Osvaldo Nakama, quien lo ocupaba previamente”. Carestia, cotitular de la Fiscalía Nº 6, es el mismo que intervino en la acusación contra la destituida jueza Rosa Parrilli –aquella que discriminó a dos empleadas del área de Tránsito del gobierno porteño– y que también pidió identificar a piqueteros que acamparon en la Avenida 9 de Julio en diciembre del año pasado.

El Comité de Apoyo a los inquilinos condenados que se constituyó en San Telmo denunció en duros términos a Escrich y Carestia. En un afiche donde aparecen en una fotografía los ocupantes de Chacabuco 630 junto a los diez niños que viven allí, y bajo el título “Estos son los presos de Macri”, señala: “El 4 de octubre el fiscal Angel Carestia y la jueza María Luisa Escrich, por cuenta y orden de su jefe, Mauricio Macri, condenaron a nueve humildes inquilinos a cumplir penas de seis meses de prisión acusándolos de usurpar la vivienda que, de buena fe, alquilaban desde hacía más de un año, en Chacabuco 630. Peor todavía: ordenaron que el inmueble le fuera entregado a un conocido y desquiciado estafador que ni es el propietario ni pudo acreditar ningún derecho sobre el mismo”.