El juicio por los crímenes en el circuito del Club Atlético, Banco y Olimpo se aproxima al final. Durante su alegato, la fiscalía hizo una reconstrucción histórica de cada una de las víctimas. La enumeración de casos intentó ir más allá del mero raconto de las fechas de los secuestros y, en cambio, subrayar las identidades de los colectivos políticos que fueron cayendo. Empezaron a verse las organizaciones, las relaciones individuales, los enlaces en las desapariciones de compañeros de militancia, amigos y familiares. En las próximas audiencias, la fiscalía concluirá con el alegato y planteará el pedido de una condena por genocidio sostenida en los fundamentos de la Convención de 1948, una posición que consideran inédita porque hasta ahora nunca se asumió desde el Estado.

La fiscalía, encabezada por Alejandro Alagia, empezó con la lectura. Mientras lo nombraban, Julio Simón, “El Turco Julián”, sentado en la sala de audiencias de los tribunales de Comodoro Py, no paraba de hacer subir y bajar la cabeza en señal de queja. Al lado se sentaron los otros trece represores, con Samuel Miara a la distancia conectado a una pantalla desde el Hospital Churruca. La lectura del alegato por parte de Gabriela Sosti empezó después de las acusaciones de las querellas. En su fundamentación, Sosti reconstruyó la historia de las víctimas del circuito integrado por los tres centros clandestinos enlazando los testimonios y los datos que surgieron en el debate.

De las más de 180 víctimas elevadas a juicio, la fiscalía terminó de enumerar 151 casos. Identificó nombres, el día del secuestro, el lugar, las referencias a causas anteriores, sumó sus referencias políticas y parte de la historia de vida de las víctimas. En esa recuperación, también se alteraba el lenguaje judicial, y muchas de las víctimas por ejemplo eran nombradas por sus nombres. Entre otros, mencionó a Nélida Lozano y Osvaldo Acosta, secuestrados en una quinta de la localidad de Moreno. A Osvaldo lo presentaron como defensor de presos políticos, periodista, integrante de la revista Militancia con Rodolfo Ortega Peña y Eduardo Luis Duhalde. Explicó que dentro del centro clandestino el Turco Julián lo obligó a continuar con el interrogatorio a una de las secuestradas en lo que parecía una invitación a la tortura. Cuando tomó una máquina de escribir para hacer las preguntas, el Turco Julián le arrancó la máquina, lo golpeó diciéndole que no era ésa la manera de preguntar. Mencionó los informes que le pidieron que haga adentro del centro, antes de señalar el derrotero que lo llevó luego a la ESMA.

El caso de Nora Bernal y de Jorge Toscana le permitió en cambio subrayar otra de las formas del terror. Jorge era una de las personas que volvió alguna vez a ver a su familia durante el secuestro. Eso que alimentó las falsas expectativas de una liberación que no se produjo fue señalado como una expansión del terror puertas afuera, que provocaba parálisis por el miedo. La caída de Ricardo Moya y de Laura Lucía, en cambio, permitió entender, entre otras cosas, el entramado de las caídas. Laura, que era estudiante de odontología en La Plata, cayó con su pareja, pero en la sucesión fue secuestrada su compañera de vivienda y dentro del centro clandestino también encontró a la hija de una de sus profesoras de la universidad.

Se habló de los distintos colectivos políticos. Desde PCML, Resistencia Libertaria, MF17, Cristianos para la Liberación, Montoneros, pero además la caída del grupo de secundarios del ’77 y luego los de la universidad.

“La búsqueda fue deliberada”, indicó Sosti a Página/12. “Había una voluntad de contar la historia desde una perspectiva distinta, materializar su vocación social y también política, decir quiénes eran, por qué militaban, qué soñaban, qué hacían, que fue lo que fuimos haciendo en las audiencias. Por más que los secuestros se hayan hecho en fechas distintas, la idea es darle una lógica a la caída para dar cuenta del entramado.”

Esa búsqueda de la fiscalía tiene entre otros objetivos la construcción de los fundamentos para pedir las condenas. La fiscalía pedirá la condena por genocidio, pero no como contexto sin aplicación jurídica. “Queremos aplicar la convención de genocidio que tiene aristas muy complejas, pero es un desafío construir el andamiaje teórico para la construcción de esa acusación. Porque lo que es concreto –continuó– es que se violó la Convención del ’48, que ya se estaba aplicando. Y que más allá de los grupos políticos de lo que se trató es de un grupo nacional definido porque, en principio, estaba definido por los grupos políticos.” Otro de los ejes fue además recuperar la carnadura de los desaparecidos y de las víctimas como militantes sociales y políticos para seguir combatiendo con el fantasma de los dos demonios que sigue dando vueltas.