Desde París

La guerra del combustible le siguió a la batalla social que los sindicatos vienen librando desde hace siete meses contra la reforma de las jubilaciones. En un contexto violento por la radicalización de las protestas, la huelga en las refinerías, el bloqueo de los depósitos de combustible, de las rutas, de las universidades y de los bachilleratos, la policía intervino para levantar las barricadas erigidas ante los depósitos y las rutas por los trabajadores.

El presidente francés, Nicolas Sarkozy, había dado la orden de que se alzaran los bloqueos. La policía actuó, desalojó algunos piquetes, pero éstos volvieron a formarse más tarde. El poder apostó por la mano dura, pero en muchas regiones de Francia, entre ellas París, los automovilistas siguen buscando empeñosamente una gota de combustible. Cuatro mil estaciones de servicio continuaban cerradas ayer del total de doce mil que hay en el país.

Después de la masiva protesta popular del martes –entre un millón doscientas mil personas y tres millones y medio según las fuentes–, los sindicatos decidirán hoy las pasos a seguir. Mucho dependerá de la unidad de las ocho organizaciones sindicales que, con la CGT a la cabeza, promueven la protesta. Algunos sindicatos parecen optar por bajarse del tren a raíz de la violencia protagonizada por grupos turbulentos cuyos excesos empañan la naturaleza de un movimiento social no violento. En Lyon, centro, y Nanterre, suburbio universitario de París, los jóvenes se enfrentaron con mucha violencia con la policía.

La confrontación se trasladó también al Senado: en las puertas, donde unos mil bachilleres organizaron una manifestación, y adentro, donde el bloque de izquierda hace todo lo posible para demorar el voto. En vísperas de que los senadores aprueben el proyecto de ley que reformará el sistema de jubilaciones, el bloque de izquierda pidió que se suspendiera el voto. Los portavoces de los tres grupos de la izquierda, Partido Socialista, Partido Comunista y Radicales, interpelaron solemnemente a Nicolas Sarkozy, a fin de que suspenda la discusión mientras se pacta un acuerdo con los sindicatos. “Escuchen lo que está pasando, el pedido razonable de las organizaciones sindicales: retomar las negociaciones”, dijo el presidente del grupo comunista en el Senado.

“Qué idea peculiar, los debates en el Senado no se suspenderán”, respondió de inmediato el ministro de Trabajo. Con las mismas palabras de siempre, Eric Woerth repitió que la reforma era “necesaria e indispensable” y que no había ninguna “necesidad de anular el debate”. El Ejecutivo y el Senado corren contra reloj, presionados por la calle, los sondeos, el desabastecimiento, la revuelta estudiantil y el escenario violento que se va diseñando.

El tiempo de la aprobación de la ley se alarga en parte por la guerrilla interna que libran los senadores de la izquierda. Socialistas, comunistas y radicales presentaron una lluvia de enmiendas al texto y provocaron discusiones eternas. No se sabe si el texto será aprobado mañana o de aquí al domingo. Con dos actores radicalizados en sus posturas, gobierno y sindicatos, Francia asiste y participa en este conflicto cuyo significado y su destino van mucho más allá de la adopción del proyecto de ley que amplía de 60 a 62 años la edad mínima de la jubilación y de 65 a 67 el derecho al cobro completo de la pensión.

La radicalización de la última semana tomó por sorpresa al Ejecutivo, que soñaba con una ley sin sobresaltos excesivos, y también a los analistas, que no contaron ni con la persistencia de la unidad sindical ni con el eco que el movimiento de protesta alcanzó en la población. Siete de cada diez franceses (71 por ciento) lo apoyan y casi seis de cada diez (59 por ciento) se declaran favorables a que el movimiento continúe. El gobierno cuenta con que la dinámica confrontativa y la parálisis política a que da lugar la discusión de la ley se deshilachen una vez que el proyecto sea aprobado.

La prensa empieza a reseñar en sus análisis un dato significativo: la aprobación de esta ley emblemática –Nicolas Sarkozy puso todo el peso en ella– atrajo a actores que estaban fuera del asunto, los estudiantes, dio cuerpo a una oposición popular de considerable resistencia, sacó a la clase trabajadora a las calles, activó zonas de rebeldía impensables –las refinerías y los depósitos– y terminó plasmando una suerte de unión popular, masiva y persistente, contra una reforma que, hace unos meses, la opinión pública juzgaba necesaria.

El país pasó de la “necesidad” a la resistencia. El futuro de la reforma parece transparente, parece que logrará su aprobación. En cambio, el beneficio calculado por los sesudos consejeros presidenciales que idearon el plan de batalla reviste contornos electorales y políticos negativos. Eso no estaba en el plan.