Las cámaras patronales más importantes del país difundieron ayer un comunicado donde aseguran que el proyecto de ley de participación de los trabajadores en las ganancias empresarias desalienta la inversión y por ello provocará un incremento en la exclusión y el desempleo. Además, solicitaron la “búsqueda de consenso” en relación con este debate, “alejando los fantasmas de la violencia cuyos efectos han vuelto a generar hechos lamentables”, vinculando el proyecto de ley del abogado de la CGT y diputado del FpV, Héctor Recalde, con la disputa sindical que derivó en el asesinato de Mariano Ferreyra. Los “popes” empresariales también criticaron implícitamente al secretario general de la CGT, Hugo Moyano.

El cuestionamiento hacia la iniciativa que defiende Moyano (en conjunto con la CTA todavía bajo la conducción de Hugo Yasky) tuvo lugar en un almuerzo celebrado ayer en la sede de la UIA, al que asistieron los representantes de las entidades patronales nucleadas en el G-7, ahora devenido en G-6. El presidente de la UIA, Héctor Méndez, y el secretario de la entidad fabril, José Ignacio de Mendiguren, recibieron al presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Carlos Wagner; de la Bolsa de Comercio, Adelmo Gabbi; de la Sociedad Rural Argentina, Hugo Biolcati; de la Asociación de Bancos de Capital Argentino, Jorge Brito, y al vicepresidente de la Cámara Argentina de Comercio, Eduardo Eurnekian.

Según manifestó Carlos Wagner a Página/12, “el proyecto de ley supone en los hechos una interferencia en el manejo de la empresa”. “Representa un peligro potencial que hará que los accionistas dejen de invertir”, opinó. Según las patronales, del articulado se desprende un mecanismo de “cogestión sindical” que estaría lesionando el derecho de propiedad, lo que “provocará un aumento en la exclusión y en el desempleo”. “Ese método no está presente en ninguno de los modelos exitosos en el mundo que plantean este tipo de esquemas”, agregó Wagner.

Consultado por este diario, Recalde aseguró que “los empresarios confunden la cogestión con el derecho a la información”. “El proyecto sólo establece que una vez por año los sindicatos puedan controlar los números de la empresa”, indicó. Según el legislador, el acceso a la información de la compañía complica las maniobras de evasión, puesto que el control de los trabajadores sería en algunos casos más efectivo que el que realiza la AFIP. El diputado explica que una cuota del fuerte rechazo patronal puede deberse a esa situación. “Tienen que entender que el empresario que evade está compitiendo en forma desleal”, planteó Recalde.

El proyecto de ley efectivamente no habla de cogestión, sino que indica que “la asociación sindical podrá fiscalizar la información proporcionada por la empresa y requerir la totalidad de la información complementaria y respaldatoria”, con el objetivo de que los trabajadores puedan revisar la forma en que se determinó la ganancia a distribuir. “Actualmente se está violando la seguridad jurídica, porque la Constitución establece la participación de los trabajadores en las ganancias”, consideró Recalde.

En el marco de la crítica al proyecto, el G-7 manifestó que “es necesario consensuar y alejar los fantasmas de la violencia, cuyos efectos han vuelto a generar hechos lamentables y desgraciados”, en referencia al asesinato de Mariano Ferreyra. De esta manera, las entidades trataron de vincular la discusión de la participación en las ganancias, que según su mirada generaría cierta agitación del “clima de paz social”, con la disputa sindical que terminó en tragedia la semana pasada.

Los empresarios pidieron “la inclusión del tema en una agenda amplia que contenga los grandes problemas económico-sociales” y, en un tiro por elevación a Hugo Moyano, indicaron que “excesos verbales como los difundidos días pasados en boca de importantes dirigentes sindicales no son constructivos y alejan a las partes de cualquier entendimiento”.

Otra crítica patronal es que el proyecto habría sido presentado “de manera intempestiva, sin respetar los compromisos de consulta previa entre los sectores establecidos por la Organización Internacional del Trabajo”. Recalde respondió que “el artículo 19 de la Constitución Nacional privilegia al Parlamento como instancia de debate, y sólo en los casos donde la medida surja a partir de una resolución unilateral del Ejecutivo (que es muy distinto de la situación actual) la OIT recomienda, pero no obliga, que antes se debata la iniciativa entre los distintos actores”.

El próximo 2 de noviembre las entidades patronales asistirán a la Comisión de Legislación del Trabajo que preside Recalde, luego de su faltazo al último convite en Diputados. Presentarán una iniciativa alternativa que “comparte muy pocos elementos con el proyecto de Recalde”, aclaró Wagner. Buscan que los porcentajes a repartir se negocien en paritarias, similar a la modalidad que utiliza Brasil.