Ahora los sospechosos son tres. Aldo Amuchástegui es el nombre del encargado de coches remolcados del taller de Remedios de Escalada del ex Ferrocarril Roca que fue señalado ayer por testigos como el responsable de haber disparado el miércoles pasado contra el militante del Partido Obrero Mariano Ferreyra. Aunque pesa el secreto de sumario sobre la causa, distintas fuentes informaron a Página/12 que la jueza Susana López ya expidió su orden de captura y mandó a realizar una serie de allanamientos (que se llevaron a cabo anoche y durante esta madrugada) para detenerlo. De esta manera, se desdobló la investigación por ese crimen: anoche prestó declaración Cristian Favale, el barrabrava de Defensa y Justicia que, hasta entonces, era el único sospechoso de haber apretado el gatillo. Ante la jueza, Favale volvió a sostener su inocencia y acusó a un tercer hombre, al que asegura puede reconocer: según la descripción que hizo, podría tratarse de Gabriel “el Payaso” Sánchez, guarda de tren de la estación Constitución y miembro de la barra brava de Racing. La indagatoria fue suspendida porque el imputado sufrió un ataque de nervios. En un día agitado, también se presentó ante la jueza Pablo Díaz, el delegado de la Unión Ferroviaria al que se le imputa haber reclutado y coordinado la patota que atacó a los manifestantes que intentaban cortar las vías. Díaz buscó deslindar responsabilidad asegurando que las balas surgieron de los militantes del PO. Ayer a última hora se produjo la detención de otro ferroviario, Juan Carlos Pérez, que tendría relación con el arma homicida.

Sospechosos

El testimonio de los cinco testigos que se presentaron ante la fiscal Cristina Caamaño aportaron novedades que ameritaron retrasar el llamado a indagatoria de los dos detenidos, Favale y Díaz, que estaban previstos para el mediodía y se concretaron recién a última hora de la tarde. Los elementos novedosos apuntan a Aldo Amuchástegui, un ferroviario que se desempeña como encargado de coches remolcados en los talleres del ex Ferrocarril Roca: ese sitio se repite en muchos de los relatos de los hechos del miércoles pasado como el lugar de donde salió el tirador. Según pudo averiguar este diario, al menos un testigo le aseguró a la jueza que “en los talleres dicen que el que disparó es de ahí” y otros dieron descripciones que coinciden con las características físicas de Amuchástegui, al que también se lo señala como miembro de la barra brava de Banfield. Anoche, la jueza López habría dictado una orden de captura en su contra y el departamento de Asuntos Internos de la Policía Federal –el mismo que detuvo a Díaz en la noche del sábado– llevaba a cabo una serie de allanamientos destinados a encontrarlo.

Estas novedades retrasaron las indagatorias de los detenidos. Primero fue el turno de Favale, quien fue señalado durante el fin de semana como el pistolero que disparó contra los manifestantes. Aunque se presentó en el quinto piso de Tribunales y aceptó declarar, la indagatoria tuvo que ser suspendida un cuarto de hora más tarde porque “se quebró y tuvo una crisis de llanto”, según informó su abogado, Sergio D’Amico.

De todas formas, el barrabrava de Defensa y Justicia tuvo tiempo de reafirmar lo que le dijo a la prensa en las notas que dio antes de entregarse el domingo al mediodía: ante la jueza reiteró su inocencia y sostuvo que el miércoles fue a Avellaneda porque le habían prometido un puesto de trabajo si concurría a “manifestarse para defender a la Unión Ferroviaria”. Su situación es algo mejor que 24 horas antes: aunque sigue siendo la hipótesis principal de los investigadores, ya no es el único sospechoso del crimen. Sin embargo, desde la querella confían que, “con lo que hay, existen pruebas suficientes en el expediente para su procesamiento y la prisión preventiva, dadas las características del delito y que estuvo prófugo durante más de 24 horas”.

Antes de retirarse del juzgado, Favale tuvo tiempo de asegurarle a la magistrada que vio al tirador y podría identificarlo. “Era un hombre robusto, de tez blanca, con anteojos y gorrita, con el tatuaje de un payaso en el brazo”, volvió a describir. También dijo que “tras disparar guardó el arma al costado de la cintura”, aunque antes de su detención había dado una versión distinta: “Guardó un fierro, un 38, en su auto, un Focus de cuatro puertas, creo que color champán”, había relatado a la prensa el domingo por la mañana. Favale dice no saber su nombre, pero la descripción coincide con Gabriel Sánchez, un activista de la Unión Ferroviaria que trabaja como guardatrenes en la estación Constitución y forma parte de la Guardia Imperial, barrabrava de Racing y al que apodan “el Payaso”, justamente por el tatuaje en su brazo derecho: este es el tercer sospechoso que tiene la causa.

La declaración de Díaz, en cambio, duró cerca de tres horas. Allí, el imputado sostuvo que a Ferreyra lo mataron balas de su propio bando, disparadas por militantes del PO durante el encontronazo con los ferroviarios. “Nombró a un testigo que vio a una persona sacar un arma del otro lado, que estaba atrás de un basural, y con una mochila”, informó su abogado, Carlos Froment. El delegado de la Unión Ferroviaria, hombre de confianza del titular gremial, José Pedraza, está imputado como el reclutador y coordinador de la patota que emboscó a los manifestantes, algo que negó en su versión: “Los ferroviarios fueron llegando solos al saber que se iban a cortar las vías”, relató.

Las policías

Los testigos que se presentaron por la mañana también complicaron a la policía por su actuación durante los episodios del miércoles pasado. Las acusaciones implican tanto a la Federal, cuya responsabilidad ya estaba bajo la lupa, como a la Bonaerense, que hasta ahora venía capeando el temporal. Esto tiene que ver con que ayer el Partido Obrero se presentó como querellante en la causa con el objetivo de “marcar en la investigación las responsabilidades en las que todavía no se ha avanzado”, como “otros sindicalistas, los autores intelectuales, la empresa y las policías involucradas”, según le explicó a este diario uno de los responsables de ese espacio involucrados en la causa.

En el caso de la Federal, los testigos de ayer habrían dado nuevos testimonios que confirman que “cuando los trabajadores que estaban junto a Pablo Díaz y la patota se acercan para agredir a los trabajadores que protestaban, los patrulleros se abren y los dejan pasar”. Por otra parte, señalaron a la comisaría 2ª de Avellaneda, adonde –tal como publicó este diario– el día del asesinato de Ferreyra vieron ingresar a cinco hombres que serían “miembros de la patota o policías de civil, que mucho no se distinguen”.

Informe: Adrián Pérez.