La historia es conocida por los marplatenses, pero pasaron varios años hasta que tomó forma de expediente judicial. La Cámara Federal de Mar del Plata determinó que los homicidios cometidos por la Concentración Nacional Universitaria (CNU) deben ser considerados de lesa humanidad por haber contado con participación o tolerancia del Estado, y que tuvieron como víctimas a militantes peronistas identificados con la izquierda. El tribunal destacó que grupos paramilitares como la CNU tuvieron el poder de cometer violaciones a los derechos humanos, y algunos de los civiles que lo integraron aún lo conservan. Paradójicamente, la causa que inició en 2006 el fiscal general federal Daniel Adler por iniciativa de organismos de derechos humanos tomó impulso con la resolución de la Cámara, pero a una semana de haber sido emitido ese fallo nueve de los imputados que debían ser indagados están prófugos.

Ya antes del golpe cívico-militar del 24 de marzo de 1976, la CNU había comenzado a sembrar terror en la vida universitaria local. En el Juicio por la Verdad realizado en esa ciudad empezaron a escucharse los detalles de los crímenes cometidos por la organización de ultraderecha denominada Concentración Nacional Universitaria, durante los años ’70 en Mar del Plata. En 2006, el fiscal Adler entendió que estaba ante una asociación ilícita, pero que había cometido un tipo especial de delito, de lesa humanidad; cinco homicidios de personas marcadas por su pensamiento y su accionar. Hace un año el fiscal Adrián Pérès describió en su requerimiento de instrucción que “se verifica una misma modalidad delictiva, todas las víctimas de homicidio fueron acribilladas y sus cuerpos, aparecidos en zonas alejadas de la ciudad, se utilizaron armas del mismo calibre, los secuestros fueron realizados por grupos de varias personas que se movilizaban en diversos vehículos y que en la mayoría de los casos se identificaban como pertenecientes a fuerzas de seguridad”, y además valoró “la idéntica condición de las víctimas, que en todos los casos fueron militantes universitarios de grupos de izquierda”. El fiscal se refirió así al homicidio calificado de Enrique “Pacho” Elizagaray, Guillermo Enrique Videla, Jorge Enrique Videla, Jorge Lisandro Videla y Bernardo Goldenberg.

Luego de la denuncia del fiscal Adler, hace cuatro años, el juez subrogante Rodolfo Pradas se había declarado incompetente. La causa pasó a manos del juez federal Norberto Oyarbide, que investiga los crímenes de otro grupo parapolicial, la Triple A, pero este magistrado tampoco encontró motivos para quedársela y tras un año la devolvió a Pradas. Fue entonces que el fiscal Pérès la impulsó con el pedido de indagatoria de Gustavo Demarchi, Piero Asaro, Fernando Otero, Raúl Viglizzo, Patricio Fernández Rivero, Raúl Moleón, Mario Durquet, Fernando Delgado y Ernesto Ullúa por esos homicidios, y de estas personas más otras once por haber conformado la asociación ilícita. Luego siguieron numerosos planteos de los acusados, entre ellos la recusación de jueces y fiscales, hasta que la Cámara se pronunció en varias oportunidades, pero con la resolución del 2 de noviembre ratificó el rumbo que los fiscales le habían marcado al caso. “Se logró correr el manto de impunidad que había en torno de esos delitos”, dijo Adler al referirse al fallo de los camaristas Jorge Ferro, César Alvarez y Martín Bava.

Así, luego de mucha insistencia por parte de los fiscales y luego de la orden de la Cámara, el martes pasado el juez Pradas ordenó la captura de los imputados, pero hasta ayer nueve de ellos permanecían prófugos. Ullúa y Delgado hace años que están en esa condición, en tanto Demarchi había asegurado ante la Justicia en forma vehemente (tiró los pasaportes sobre la mesa durante la audiencia) que no pensaba darse a la fuga. Desde entonces efectivos de la Policía Bonaerense y de Seguridad Aeroportuaria (PSA) allanaron diferentes domicilios en búsqueda de los imputados, con resultados negativos. Ayer la PSA le informó al magistrado que ninguno de los nueve imputados salió del país.