El ministro de Seguridad y Justicia porteño, Guillermo Montenegro, se abstuvo ayer de contestar ante la Comisión Investigadora de la Legislatura si él recomendó a Jorge “El Fino” Palacios para conducir la Policía Metropolitana o si el ex comisario fue elegido por el jefe de Gobierno, Mauricio Macri. Además, el funcionario se contradijo al explicar por qué se discontinuó el contrato de Roberto Ontiveros, y señaló que se lo desplazó de la futura fuerza por haber asistido junto al espía Ciro James a una reunión oficial con el director de Política Criminal del Ministerio Público Fiscal, Agustín Gamboa. En una tediosa audiencia testimonial, que duró más de ocho horas, declaró también el jefe de la policía porteña, Eugenio Burzaco: su exposición fue por momentos endeble, en particular cuando se refirió a las compras y contrataciones que se realizaron para que la Metropolitana saliera a la calle.

La declaración de Montenegro, que asistió en carácter de investigado, era uno de los testimonios más esperados por los diputados porteños, por el voltaje político que sumaba al tramo final de la pesquisa, antes de que la Comisión Investigadora presente su dictamen a mediados del mes que viene.

Apenas ingresó al salón Montevideo de la Legislatura, el ministro admitió que conoció al Fino Palacios por su desempeño en la Policía Federal y porque “había estado en el club Boca Juniors”. Luego desmintió que el ex jefe de la Metropolitana hubiera presentado su renuncia en desacuerdo con la legislación que enmarcaba el funcionamiento de la nueva fuerza, a su criterio, muy restrictiva, dato que fue revelado por este diario. “No sé, pregúntenle a Página/12”, se escudó el funcionario.

En ese sentido, Montenegro se contradijo con lo que él mismo había asegurado cuando fue interpelado en el recinto con respecto al desplazamiento de Ontiveros de lo que sería la Metropolitana. Esta vez reconoció que “se le dio de baja el contrato por haber participado de esa reunión”, en la que asistió junto a James, en representación de la Metropolitana, para conversar con Gamboa. El ibarrista Eduardo Epszteyn le recordó al ministro que él mismo había negado que ése fuera el motivo, antes de que salieran a la luz los dichos de Gamboa, quien sostuvo que ese encuentro se llevó a cabo en carácter oficial por orden del entonces jefe policial, Osvaldo Chamorro.

En varios pasajes, el funcionario tuvo respuestas crípticas sobre las inquietudes de la oposición. El interrogatorio giró alrededor de algunos miembros de la cúpula policial que fueron eyectados de la fuerza cuando se descubrieron antecedentes negativos que arrastraban desde la Federal. “¿Cuál fue el criterio para contratar a (Héctor) Barúa?”, preguntó Fabio Basteiro, de Proyecto Sur, sobre quien es señalado como el real subjefe de la fuerza. “El mío”, indicó el ministro, sin agregar nada más.

La parte más jugosa del testimonio de Montenegro fue cuando la diputada de Nuevo Encuentro Gabriela Cerruti le preguntó si él creía que había sido desprocesado de la causa de las escuchas para que el juez federal Norberto Oyarbide no perdiera la causa que instruye (a raíz de una recusación de Montenegro), o si era porque era inocente. En ese momento, Montenegro se abstuvo de responder. Luego la diputada le cuestionó por qué ante la CIE el ministro sostenía la postura de hacerse cargo del nombramiento de Palacios al frente de la Metropolitana, y en el escrito que presentó ante el juez no lo habría hecho. “¿A Palacios lo recomendó usted o lo nombró directamente el jefe de Gobierno?”, preguntó. Montenegro, volvió a negarse a contestar. Al estar presente en calidad de investigado, el ministro pudo excusarse de responder amparado en el derecho a no declarar en contra de sí mismo. El resto de su declaración estuvo cruzada por permanentes chicanas entre el bloque del PRO y la oposición, que motivaron la mayor parte de las veces las risas de los asistentes y de los protagonistas. Fue una de las sesiones más distendidas de la CIE.

La peor parte se la había llevado poco antes el jefe Burzaco, que fue sometido a un interrogatorio de cuatro horas, en gran parte monopolizado por el peronista Diego Kravetz, que cuestionó las compras que hizo la fuerza antes de salir a la calle. El funcionario se esforzó por responder pero hizo agua al explicar el funcionamiento de una caja chica de dos millones de pesos, con la que se hicieron numerosas compras. Burzaco negó que la administración de esos fondos estuviera a su cargo y se sorprendió cuando el diputado le mostró una resolución que lo ponía como responsable del dinero.