Hace aproximadamente ocho meses, el Frente para la Victoria empezaba el período legislativo con una contundente derrota: la oposición le arrebataba la mayoría en todas las comisiones del Senado y prometía “el fin de la hegemonía kirchnerista”. Ayer, en la última sesión ordinaria del año, el oficialismo coronó el ciclo 2010 con dos victorias en iniciativas que la oposición había prometido durante la campaña. La Cámara alta rechazó la modificación del Consejo de la Magistratura y la reglamentación de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), ambas iniciativas aprobadas por el Grupo A en Diputados. Además, el kirchnerismo logró rechazar el tratamiento de los denominados “superpoderes”, cuya eliminación quiso imponer el conglomerado antikirchnerista.

Hasta pasado el mediodía, todo indicaba que ayer la oposición se quedaría una vez más sin el quórum para arrancar la sesión. En la reunión de Labor Parlamentaria, los líderes del Grupo A manifestaron su deseo de imponer el tratamiento de los tres temas resistidos por el Gobierno, aun a sabiendas de que no contarían con los 37 senadores necesarios. El presidente del bloque K, Miguel Pichetto, les endilgó que su actitud iba en contra de otros temas de consenso, como la ley de prepagas o de salud mental, que quisieron colocar en el último lugar de la agenda.

Pero a poco de terminar la reunión de Labor, el bloque kirchnerista se reunió para analizar la situación. Los números le daban a favor y por el margen más amplio en lo que va del año. Previa consulta con el jefe de Gabinete y con apenas 32 senadores sentados en las bancas, Pichetto hizo su ingreso al recinto seguido por el resto del bloque. Después de una farragosa discusión reglamentaria, se produjo la primera derrota del Grupo A: como no había dictamen de comisión, la oposición necesitaba dos tercios de los votos para habilitar el tratamiento sobre tablas de los “superpoderes”. La oposición consiguió 33 votos a favor y el FpV 36 en contra.

Excluido ese tema y tras una concesión del oficialismo para dejar en último término la ley de prepagas y de salud mental, comenzó el debate de las otras iniciativas. “Esta reforma logra una conjunción entre todos los sectores y da calidad institucional”, aseguró la peronista disidente Liliana Negre de Alonso, iniciando el debate sobre el Consejo de la Magistratura. El debate, de fuerte controversia en Diputados, fue descartado ayer sin despertar el entusiasmo de otros tiempos.

Los cambios más importantes eran la ampliación de los integrantes de 13 a 18 y la incorporación de la Corte Suprema como titular del Consejo. La suma de cinco miembros busca eliminar el “poder de veto” que la oposición le critica al oficialismo. Con la nueva conformación, la “corporación judicial” tendría 8 lugares mientras que los electos por la voluntad popular pasarían a ser 7. Los tres restantes, del ámbito académico. “El veto se ha verificado no a partir de cuestiones expresas, es mucho más perverso porque funciona tácitamente. A raíz de eso un juez puede no juzgar al poder porque sabe que al final del camino se necesitará el voto de un oficialista”, arremetió el radical Ernesto Sanz. “Poner a la par a los diputados y senadores que son elegidos por 22 millones de personas con los abogados y jueces que son elegidos por 22 mil, eso es muy negativo”, le respondió Pichetto y agregó: “Pareciera que tienen una vocación por la derrota, espero que no la tengan también en materia electoral”.

Los radicales no ignoraron que iban a perder las dos votaciones. Pero prefirieron el costo de esta derrota a tener que, en el caso de ganar las elecciones, gobernar en 2011 con esas dos iniciativas convertidas en ley. Con el voto de los peronistas pampeanos, Carlos Verna y María Higonet, la santafesina Roxana Latorre y la rionegrina María José Bongiorno, el rechazo a la reforma alcanzó 38 votos contra 31 a favor.

Luego llegó el debate por la regulación de los DNU, cuya modificación surgió al calor del último verano, en el que se generó un conflicto por la utilización de reservas del Banco Central para el pago de deuda pública. “La ley actual es inconstitucional y afecta a las provincias porque no consulta al Senado. La Argentina se va encaminando hacia un Estado totalitario”, consideró la peronista disidente Sonia Escudero. La iniciativa exigía la aprobación de las dos Cámaras en un plazo menor a 60 días para que un DNU quede firme. “Es un instrumento necesario para la gobernabilidad”, sentenció Pichetto antes de la votación: 36 votos en contra, 29 a favor.