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Jorge Rafael Videla, bueno es subrayarlo, ya estaba condenado por el Juicio a las Juntas: el indulto del presidente Carlos Menem fue declarado nulo, el fallo recobró plena vigencia. La decisión del Tribunal Federal Oral de Córdoba es, de cualquier manera, un hito histórico. Cadena perpetua y cárcel común para el ex dictador y represor. Le corresponden de pleno derecho porque fue juzgado por crímenes comunes y porque ha perdido la condición militar. Videla, un habitué del banquillo de los acusados, repitió su discurso remanido. Añadió, apenas, una excusa miserable ex post facto: una supuesta bendición (un pedido más bien) del dirigente radical Ricardo Balbín. Mendaz e indigna de crédito es, en su plenitud, la narrativa de los genocidas. Buscan arraigo en el sistema político previo, aluden a sus deberes militares. Soslayan que gobernaron a sangre y fuego, que impusieron sus propios criterios en el plan sistemático de exterminio. Hablan de más sobre las autoridades civiles y callan sobre sus demiurgos y aliados: el establishment que les dio letra y programa. Su finalidad iba mucho más allá de “la subversión”, era despanzurrar los vestigios del más grande Estado benefactor de América del Sur y barrer con una sociedad civil habituada a la lucha política, las reivindicaciones y la militancia.

Videla reiteró su monserga, se victimizó. Fue sentenciado en base a las leyes ordinarias, tras un proceso pleno de garantías. No hay en Argentina un Nuremberg: un tribunal de vencedores, con leyes propias impuestas tras la victoria bélica. Impera el derecho penal común, con los añadidos epocales del derecho internacional. Eso determina circunstancias enojosas, que enmarañan la “ingeniería judicial”: los procesos surgen al vaivén de los requerimientos de fiscales y querellantes. Es un costo de la legalidad.

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Luciano Benjamín Menéndez, aún más baqueano en el arte de acumular condenas, representó el papel de Luciano Benjamín Menéndez. A los perros de la guerra les encanta citar a Antonio Gramsci y enriquecer su ignorancia con nuevas lecturas. Otrora fue el fugaz ministro de Educación machista, Abel Posse. Ahora visitó la prosa de Tzvetan Todorov. El intelectual búlgaro, reprisando en tono perverso la de viejos comensales de Victoria Ocampo, pasó una semanita en nuestro país y sacó conclusiones berretas, inconsistentes. Pan comido para el Chacal del Tercer Cuerpo, que se valió de la cita de autoridad como argumento de la defensa. Si Todorov llegara a enterarse del uso social de sus intervenciones periodísticas, acaso tendría oportunidad de recapacitar sobre la mirada del turista, epidérmica y frívola.

Videla y Menéndez lucieron arrogantes y convencidos. Sostuvieron el silencio sobre sus cómplices, instigadores y encubridores civiles (hablamos en términos políticos) y consiguieron reforzar el pacto de silencio. Toda organización genocida urde su burocracia, deja huellas escritas, la lógica organizativa se lo impone. Entre nosotros, pocos datos de esos se han ido conociendo por la omertá de los terroristas de Estado. También gracias a las omisiones de la jerarquía de la Iglesia Católica, que tiene sobrado saber sobre el tema y la guarda cual si fuera secreto de confesión.

Otros criminales abyectos, dueño de vida y honra de tantos argentinos, bajaron la mirada, se escondieron de las cámaras. Resaltó El Turco Julián, que supo desfilar por tantos programas de tv basura alardeando de sus hazañas cuando creían que habían logrado la eterna impunidad.

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El pacto de silencio pareció tener un quiebre en Córdoba, a través de un eslabón débil y viscoso. El ex cabo Miguel Angel Pérez, asesino del militante popular Raúl “Paco” Bauducco, adujo que se le había escapado el tiro, por impericia. Pidió perdón a los familiares de la víctima y culpó a las autoridades castrenses de “arruinar su vida y su familia”. Contó que no estaba preparado, como militar, para una labor carcelaria.... “Yo sólo estaba capacitado para realizar fajina.” Víctimas que conocen a Pérez y lo padecieron niegan su autorretrato piadoso: lo describen como un represor violento y sádico.

Aun así, el mensaje de Pérez apuntaba a deslindar responsabilidades con sus jefes, pero no avanzó en su denuncia. Videla lo desmereció en su alegato final, le atribuyó carecer de las dotes necesarias para ser un soldado.

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Varias absoluciones dictó el Tribunal cordobés, algunas enardecieron a querellantes y víctimas. El cronista, por falta de conocimiento propio, desiste de entrar en el punto, que deberá ser dirimido por tribunales superiores. Pero destaca, sin que esto sirva de justificativo para una sentencia eventualmente injusta, que la existencia de absoluciones prueba la seriedad de los procesos. Contra lo que ellos afirman, los acusados no están condenados de antemano. La plena vigencia de la ley, con su amplio contenido garantista, los favorece. En tendencia, eso refuerza la calidad institucional de los procesos. En detalle, cada caso debe ser motivo de una sentencia fundada.

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La Unidad Fiscal de coordinación y seguimiento de las causas por violaciones de derechos humanos de la Procuración General (UFC) dio a conocer un informe con datos actuales sobre el despliegue de los juicios por delitos de lesa humanidad. El número de condenados en 2010 cuadruplicó largamente a los de 2009. También se potenció la cifra de procesados: son 800 en total, 166 más que el año anterior.

Se han dictado sentencias en casi todas las provincias argentinas. Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, la Ciudad Autónoma, Formosa, San Luis, La Pampa, Misiones, Salta, Tucumán, Neuquén, Santiago del Estero y Mendoza.

Si se cumplen, medianamente, los términos procesales, el año próximo se agregarán a la lista Jujuy, Entre Ríos y Chubut. La dilación obedece a resistencias internas, en especial de jueces y eventualmente de fiscales. En Entre Ríos, los bretes fueron fenomenales, se han ido removiendo. Será en la causa conocida como Area Concordia. Según informa el recomendable on line entrerriano Junio, que dirige el periodista Claudio Gastaldi, la fiscal María Isabel Cacciopoli consiguió pruebas inusuales: documentación de época de la policía provincial que se había dado por perdida y que estaba oculta, pero disponible. En Chubut se juzgará un hecho fundacional, preludio de la última dictadura: la Masacre de Trelew, consumada el 22 de agosto de 1972.

No es sencillo computar el número exacto de condenados, porque los hay en toda la geografía nacional, a través de varias vertientes: la resurrección del Juicio a las Juntas y expedientes referidos a apropiación de bebés, los procesos más recientes. La UFC estima su cifra aproximada en dos centenares. La mayoría se sentenció después de 2004, tras la nulidad de las leyes de la impunidad. La Cámara de Casación es un embudo ulterior a las sentencias. Sus Señorías, dando rienda suelta a su idiosincrasia derechosa y a su ideología, asientan sus posaderas sobre los expedientes dilatándolos hasta el paroxismo. En los tribunales, el que quiere ralentar las decisiones siempre goza de un bonus, cuyo vigor se acrecienta cuando el tribunal tiene empatía con los acusados. La Corte Suprema conoce ese retén siniestro, lo deplora en la intimidad, lo cuestiona con frases melifluas no siempre accesibles a los profanos. Y no se juega a fondo. Su compromiso con los derechos humanos es muy alto, su ethos corporativo, también.

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Videla se victimiza como “preso político”. Miente de nuevo, a sabiendas. Su actuación política fue sopesada por el electorado, durante décadas. Sus crímenes son atroces pero se juzgan por ley común. La doctrina, la jurisprudencia y la conciencia internacional vienen determinando que los delitos de lesa humanidad sean imprescriptibles, consecuencia de cajón de su afrentosa peculiaridad. En el resto, es el Código Penal y los tribunales ordinarios. Como ya se apuntó, eso carga la mochila de demoras, traqueteos y se magnifica por la existencia de tribunales afines a los represores.

Una apuesta de los genocidas es trabar los trámites, esperanzados en un cambio de gobierno en 2011. La presencia activa de Cecilia Pando en el lanzamiento de la candidatura presidencial de Eduardo Duhalde patentiza ese afán. Las argucias y chicanas de Marcela y Felipe Herrera Noble, hurtándole la responsabilidad a una toma de pruebas legal e incruenta, se orienta al mismo norte.

Con cada sentencia se afirma la búsqueda de verdad y justicia. A despecho de retrocesos y concesiones indignas de gobiernos democráticos, la Argentina ocupa un lugar privilegiado en el mundo en esta materia. Como siempre, es motivo para rendir homenaje a la inclaudicable, pacífica y democrática lucha de los organismos de derechos humanos.

Para este diario, que desde sus primeros días tuvo a los derechos humanos como el principal núcleo de su línea editorial, es motivo para festejar. La lectura de los recordatorios gratuitos que se repiten desde sus primeras ediciones demuestra cómo evolucionó la palabra de los familiares y las víctimas sobrevivientes y cuánto se ha avanzado en sentencias, reconocimiento de cuerpos, recuperación de chicos apropiados. Un buen motivo, pues, para levantar la copa y brindar con el lector, sin dejar de reconocer cuánto falta hacer en este y otros terrenos en esta sociedad dolida, luchadora y esperanzada.

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