Paula Efigenia Cárdenas y Raquel Freinkil comparten las mismas marcas del dolor y una edad biológica que convierte su desamparo en una carga. Son madres nonagenarias a las que el gobierno porteño no les paga un subsidio previsto por la ley 2089, que creó el Fondo Solidario Permanente para abuelas o abuelos que sean padres de desaparecidos y no reciban ningún beneficio semejante. Ellas lo gestionaron en 2009, pero en la Subsecretaría de Derechos Humanos les responden que no hay presupuesto y hasta cortan el teléfono cuando llaman sus familiares.

Quebrada por el llanto, Angela Barrera, la nieta de Cárdenas, no comprende cómo “traban algo tan importante. Me produce indignación, ya que es poco dinero y mi abuela inició el trámite a principios del año pasado”. Luciana González, la nieta de Freinkil, se cansó de llamar al organismo que conduce el subsecretario Edgardo Berón, pero invariablemente le informaron que no era posible cumplir con su pedido. Ninguna de las dos se resignó y acudieron a la Defensoría del Pueblo de la ciudad que en una resolución mencionó “la imposibilidad de alegar formulaciones de tipo presupuestario como justificación del incumplimiento de la entrega de un subsidio que por la ley ha sido instituido”.

A los 90 años, la abuela Paula se mantiene muy lúcida. Fue una de las integrantes del grupo fundacional de Madres de Plaza de Mayo y es la memoria viva de su grupo familiar. Su hijo, Juan Carlos Barrera, desapareció el 7 de abril de 1976. Trabajaba en el Correo Central donde era delegado. Sus restos fueron identificados por el Equipo Argentino de Antropología Forense en el cementerio de Moreno. El hallazgo permitió comprobar que lo habían asesinado dos días después de su secuestro. Ahora descansa en el cementerio de Flores. Su compañera, Angela Inés Avila, comparte la indignación de su hija y su suegra por la dilación en el cobro del subsidio: “Es una ruindad. Macri sólo se fija en sus ganancias y nada más”. La hija agrega que “a mí ya no me da la cara para decirle a mi abuela que el trámite está demorado”.

Las dos vivieron con miedo desde aquel 7 de abril en que secuestraron a Juan Carlos. A Paula, su madre, la encerraron en el placard de su departamento. De ahí se lo llevaron a él, que se había cruzado desde su domicilio –vivía enfrente– para visitarla como hacía siempre. “Yo nunca me mudé, nunca cambié de teléfono, no modifiqué nada pensando que alguna vez iba a volver. Jamás imaginé que sucedería lo contrario. Hice todos los trámites pertinentes, pero vivía con miedo, incluso de ir a Tribunales. Era la típica Susanita que pensaba en casarse, tener hijos, mi casa, pero cero de política”, recuerda Avila. “Mi abuela militó en el peronismo. Vive de una jubilación. Con mi mamá me ayudaron a buscar a mi viejo. El día que lo pusimos en un nicho, pensé que se me moría de la emoción”, comenta con el ánimo turbado Angela.

Madre e hija recibieron a Página/12 y compartieron fotografías de Barrera muy joven: con sus compañeros del Correo Central, con un amigo del fútbol en el club Sacachispas, con un grupo musical en el que se lo ve sonriendo y hasta el recorte de una vieja revista de 1983 en que se difunde su caso por primera vez en democracia. “Estudiaba ingeniería, era muy inteligente”, lo evoca conmovida su esposa.

La abuela sale muy poco de su departamento. Sólo lo hace en compañía de Angela (h), que recientemente tuvo a una beba, Alma, la nieta de Juan Carlos y bisnieta de Paula. La anciana espera la reparación que el Estado porteño está obligado a pagarle y le retacea, y que el artículo 1º de la ley 2089 –sancionada el 14 de septiembre de 2006– define como “un subsidio único, especial y mensual a las abuelas y abuelos, con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que siendo madres o padres de desaparecidos o fallecidos por causa de la represión ilegal (24 de marzo de 1976/10 de diciembre de 1983), hubieran sido desplazados de la calidad de derechohabiente forzoso del desaparecido o fallecido, a los fines de la Ley Nº24.411, por otro familiar del mismo, y que tampoco hubieran percibido otra indemnización de similar origen”.

Este es el caso de Raquel Freinkil, que en febrero cumple 93, quien inició el trámite para percibir el subsidio en 2009 y en junio pasado denunció su situación ante la Defensoría del Pueblo luego de varias gestiones infructuosas ante la Subsecretaría de Derechos Humanos. Su hija, Nora Hochman, desapareció el 23 de julio de 1976 junto a su marido, Alberto Antebi, un abogado recién recibido al que un grupo de tareas secuestró en un estudio jurídico. Su colega Carlos Slepoy de la Asociación Argentina Pro Derechos Humanos de Madrid (Aapdh) declaró en el Juicio por la Verdad en mayo de 2001 que “formaba parte de un grupo de abogados jóvenes que habíamos decidido poner estudios jurídicos en distintos puntos de la provincia para asesorar a delegados gremiales. Eramos doce, pero desaparecieron cinco: Oscar Di Dío, Adolfo Chorni, Alberto Antebi, Nora Hochman y Alberto Podgaetsky”.

Los hijos del matrimonio, Martín y Federico, cobraron una indemnización por la desaparición de sus padres, algo que nunca había sucedido con Raquel, la madre de Nora. Luciana González, otra de las nietas de Freinkil –hija de una hermana mayor de Hochman– intentó ayudar a su abuela para que le abonaran el subsidio. Cuando inició el expediente correspondiente le dijeron que iba a salir “en dos meses”. Desde ese momento, cada vez que se comunicó con la Subsecretaría de Berón, que depende de la Secretaría de Inclusión y Derechos Humanos a cargo de Daniel Lipovetsky, los empleados le respondieron con evasivas o el argumento de la falta de presupuesto. “También me cortaban”, cuenta González, quien nunca consiguió ser atendida por un responsable del área.

“Es posible observar que la norma se dirige a un universo de personas de la tercera edad, lo que debe atenderse al momento de resolver las solicitudes radicadas. De esta forma, al tratarse de un paliativo económico destinado a personas de avanzada edad, debiera primar la celeridad en la tramitación, lo cual no ha ocurrido en el particular”, se explica en la actuación 2964/10 que llevó adelante la Defensoría sobre el caso de Paula Cárdenas.

El artículo 3º de la ley 2089 especifica que “los beneficiarios tendrán derecho a percibir un subsidio mensual no acumulable equivalente a una remuneración mensual que no será inferior al monto que percibe un agente categoría A1, del tramo y nivel profesional de la administración de la ciudad”. Según González, son algo así como “dos mil pesos mensuales”. Una suma que el gobierno porteño se niega a pagarles a dos ancianas, madres de militantes desaparecidos, cuando ya se agotaron todos los plazos razonables.