Los miembros de la Concentración Nacional Universitaria de Mar del Plata, responsables de decenas de crímenes durante el año previo al golpe de Estado de 1976, contaron “con la protección y encubrimiento de las más altas jerarquías militares, policiales y judiciales”. La afirmación es del Tribunal Oral Federal de Mar del Plata, que los denunció dos años y medio atrás, y no parece haber perdido vigencia: de los siete ex CNU que ordenó detener en noviembre el juez federal Rodolfo Pradas fueron capturados sólo dos, Patricio Fernández Rivero y Mario Durquet. A los dos prófugos históricos, Ernesto Ullúa y Fernando Delgado, se sumaron entonces Piero Asaro, Fernando Otero, Raúl Viglizzo y Raúl Moleón.

El debut en sociedad de la CNU marplatense fue el 6 de diciembre de 1971, durante una asamblea en la universidad provincial, con el asesinato de la estudiante Silvia Filler. Cinco miembros de la banda fueron procesados con prisión preventiva. Recuperaron la libertad en 1973 con la amnistía de Héctor Cámpora. Tras el asesinato del jefe de la CNU, Ernesto Piantoni, el 20 de marzo de 1975, “parte” del grupo “se asoció con el fin de cometer delitos indeterminados” y contó “con la estrecha vinculación de la organización que funcionaba bajo la sigla AAA”, sostuvieron los jueces Néstor Parra, Roberto Falcone y Mario Portela. El rol de Gustavo Demarchi era clave por partida doble: como coordinador académico de la universidad provincial contrataba a los miembros de la patota para brindar “seguridad”; como fiscal federal archivaba en tiempo record y sin investigar los crímenes de sus compañeros.

La seguidilla de ejecuciones, siempre con zonas liberadas, derivaría luego del golpe de Estado en la integración de varios de sus miembros al Grupo de Artillería de Defensa Aérea 601. Un informe de Inteligencia de Prefectura de junio de 1976 apunta que “la colaboración” de la CNU con el GADA-601 fue “indispensable para la identificación de elementos de izquierda” y permitió “purificar las distintas facultades” de la universidad nacional. Otro informe, de la Dirección de Investigaciones de la Policía de la provincia de Buenos Aires, confirmó que “después del golpe de marzo de 1976, algunos (miembros de la CNU) colaboraron con el Ejército en la lucha antisubversiva”.