La fiscalía que investiga el asesinato de Mariano Ferreyra ya juntó gran cantidad de pruebas que, a su criterio, demuestran que la Policía Federal mantuvo una postura de “inacción” que permitió que una patota de la Unión Ferroviaria (UF) matara al joven militante del Partido Obrero (PO) y baleara a otras tres personas. Pero además sostiene que “el accionar policial no se limitó a ese estadio previo sino que posteriormente se facilitaron los medios para alcanzar la impunidad sobre el hecho”. Así está definido textualmente en un tramo del expediente –al que accedió Página/12– en el que se analiza la actuación de unos cincuenta policías, varios de ellos con rango de comisario y subcomisario.

Hasta ahora los resultados más visibles de la investigación del crimen de Ferreyra estuvieron relacionados con los autores materiales. Hay siete detenidos, encaminados hacia un juicio oral por homicidio calificado, que pueden tener una pena de prisión perpetua. En paralelo, en el verano avanzó otro expediente anexo donde se intenta de-sentrañar si la Policía Federal actuó con negligencia o si liberó la zona para que el grupo de choque de la UF atacara a los trabajadores tercerizados de la ex línea Roca y las agrupaciones políticas (entre quienes estaba Mariano) que los acompañaban en un intento de corte de vías en reclamo de puestos de trabajo. Esta pesquisa en un comienzo estuvo a cargo de la fiscalía de Cristina Caamaño, luego nombrada viceministra de Seguridad. Ahora la reemplaza Fernando Fiszer.

Las conclusiones sobre la “inacción” de la Federal y los presuntos intentos por borrar rastros figuran en la causa por lo menos desde diciembre, según allegados al caso. Fueron definidas por la fiscalía cuando la jueza Wilma López le reclamó que precisara lo que en tribunales llaman “objeto procesal”, o sea, qué es lo que se investiga en concreto. La magistrada necesitaba esos datos para definir a quiénes aceptaba como querellantes.

Hay cinco elementos que habrían llevado a los investigadores a señalar la responsabilidad policial según se deduce del material disponible que pudo ser consultado por las partes:

• Los policías que intervinieron en el operativo, antes y durante la violenta embestida contra los manifestantes, omitieron avisar de inmediato al juez de turno.

• Tampoco resguardaron el lugar ni las pruebas para la investigación judicial que evidentemente se avecinaba frente a un asesinato y varios heridos de gravedad.

• El video propio que la comisaría 30ª entregó a la Justicia estaba cortado entre las 13.33 y las 13.39, justo el momento en que al parecer se produjeron los disparos. Esa seccional tuvo tres móviles asignados al lugar de los hechos.

• Las comunicaciones policiales registradas por el Comando Radioeléctrico que la fuerza le dio a la jueza de la causa, Wilma López, también estaban cortadas y editadas. A una grabación le faltaban 39 minutos. En otra, crucial, estaba ausente todo lo que hablaban los uniformados entre las 14 y las 15.

• El contenido del video original y las modulaciones policiales completas, que fueron recuperadas por el juzgado en un allanamiento al Departamento Central de Policía, son muy comprometedores para la Federal.

El fiscal Fiszer estaría cerca de terminar de identificar qué efectivos están comprometidos, por acción u omisión, en el asesinato de Ferreyra y la tentativa de homicidio de Elsa Rodríguez (quien recibió un balazo en la cabeza), Nelson Aguirre y Ariel Pintos, los dos últimos heridos con armas de fuego en las piernas. Una vez que tenga la lista y el detalle de qué le atribuye a cada quién, le pediría a la jueza López que llame a indagatoria.

Entre los hombres más comprometidos figurarían los de la División Roca de la Policía Federal, que habitualmente custodian las vías y la estación y que tienen contacto usual con los ferroviarios. Aquel día en Barracas estuvieron el comisario Jorge Raúl Ferreyra, el subcomisario Claudio Premuda, los principales Omar Póvolo y Carlos Farías, el inspector Gastón Domecq y el sargento Gabriel Eduardo Berberán. Algunos, sospechan en tribunales, podrían haber estado en contacto antes y después con quienes manejaban a la patota. Hubo también diez uniformados de la comisaría 30ª, en distintos turnos, al mando del subcomisario Rolando César Garay. A cargo del operativo estuvieron el comisario inspector Luis Osvaldo Mansilla, jefe de Control de Líneas, y el comisario inspector Marcos Andrés Brusson, de Brigadas y Eventos Especiales. Hubo siete efectivos del “grupo de combate”, cuatro de las divisiones San Martín y Belgrano, dos de la policía adicional, nueve efectivos de la Delegación Avellaneda, dos de inteligencia, e intervino la Dirección de Operaciones con la Guardia de Infantería. Por lo menos catorce policías estaban de civil (ver aparte).

Además de los entrecruzamientos telefónicos y testimonios incorporados, las comunicaciones policiales registradas a través del Comando Radioléctrico son también una prueba contundente. Como reveló Página/12 en noviembre último, en el momento de máxima agresión y que ya había por lo menos un herido de bala, una de las instrucciones para los agentes fue mantenerse “expectantes, no sea cosa que después las dos facciones antagónicas se unan para combatir contra nosotros” (sic). La pasividad fue acatada, pero no así la orden posterior de “individualizar a los agresores para su detención” e identificar a los heridos. Estos últimos fueron auxiliados por una ambulancia privada que pasaba de casualidad.

Los siete procesados que hay hasta el momento en la causa fueron apresados días después, tras haber sido identificados por numerosos testigos en las imágenes de la televisión. Los barrabravas Cristian Favale y Gabriel “Payaso” Sánchez están acusados de haber efectuado disparos; el delegado ferroviario Pablo Díaz está imputado como “instigador” (reclutó y daba las órdenes); el delegado Jorge González junto con Salvador Pipitó están implicados en amenazas para evitar que el equipo del canal C5N filmara los acontecimientos; el picaboletos Guillermo Uño y el portero del taller de Remedios de Escalada Juan Carlos Pérez están involucrados en la recolección de las armas para su posterior ocultamiento. Favale es el único de ellos que no es ferroviario (aunque tramitaba su ingreso), y que llevó un grupo de matones amigos. La fiscalía sostiene que aportar a estas fuerzas de choque es parte del “mérito” que la UF requiere para conseguirle trabajo a la gente o mejorar su condiciones. La jueza tiene pendiente resolver –como pidió la fiscalía– si cita a indagatoria al titular de la UF, José Pedraza, y su segundo, Juan Carlos “Gallego” Fernández.

Tanto la magistrada como la Cámara del Crimen describieron lo ocurrido aquel 20 de octubre así: los tercerizados y agrupaciones de apoyo intentaron hacer un corte de vías en la estación Avellaneda pero ante una primera advertencia verbal de los ferroviarios dejaron el lugar. Caminaron unos 300 metros bordeando las vías mientras la patota los seguía por el terraplén e hicieron una asamblea en Luján y Perdriel. En el momento en que se estaban yendo fueron atacados con piedras, rulemanes, otros elementos contundentes y armas de fuego. A Mariano Ferreyra lo mató un proyectil de un arma de 38 milímetros. Ya cuando pidió las indagatorias la fiscalía señalaba la llamativa inacción de la policía, que tenía tres patrulleros interpuestos entre ambos grupos y permanecieron “sin adoptar ningún recaudo ante el peligro que el grupo identificado con la Unión Ferroviaria agrediera al grupo que integraban los trabajadores tercerizados, frente a su ostensible agresividad”.

Al testificar, algunos de los policías dijeron que tomaron “conocimiento de los lamentables hechos”, como si no hubieran visto nada, cuando ya estaban consumados. Los delitos que podrían atribuirles van desde el incumplimiento de los deberes de funcionario hasta la participación en el homicidio.