La acusación a Luis Abelardo Patti está a punto de terminar. Ayer, a un día de la última jornada de alegatos, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación acusó al ex intendente de Escobar del asesinato de Gastón Gonçalves, entre otros cargos, y pidió para él y el resto de los represores imputados la pena de prisión perpetua en cárcel común. Tal como sucedió con las querellas de los familiares de las víctimas, la secretaría presentó la acusación en el “marco de un genocidio”. Para eso amplió los fundamentos que hasta ahora viene repitiendo en los pedidos de condenas y exhortó además al Congreso a “adecuar definitivamente nuestra legislación positiva interna a los tratados internacionales que el Estado argentino ha ratificado”.

El juicio volvió a empezar en el auditorio municipal de José León Suárez, en medio de un descampado, a dos cuadras de donde los cartoneros del Tren Blanco cuentan con las guarderías para los niños y sobre el mismo lugar que hace años recorrió uno de los testigos del juicio, a horas de los fusilamientos del ’56. Nuevamente, Patti estuvo ausente de la sala. La jueza Lucila Larrandart lo nombró cuando el único de sus dos abogados que estuvo en la audiencia de pronto desapareció de la silla para ir al baño. “¿Dónde está la defensa de Patti?”, preguntó impetuosa la presidenta del Tribunal Oral Federal Nº 1 de San Martín y, ante la novedad, ordenó un cuarto intermedio en la sala.

Antes del alegato de la Secretaría de Derechos Humanos, los abogados Ana Oberlin y Pablo Llonto terminaron la acusación que habían empezado el jueves pasado. Como representantes de las familias de Gastón Gonçalves, los hermanos Guillermo y Luis D’Amico y Diego Muniz Barreto, los abogados presentaron las pruebas del caso del ex diputado: su secuestro, la detención ilegal en la comisaría de Escobar, las torturas, el traslado al centro clandestino de Campo de Mayo y el homicidio dentro de un auto que arrojaron al río. Al terminar, Ana Oberlin –como hizo luego la Secretaría de Derechos Humanos– pidió prisión perpetua en el marco de un genocidio para los cinco imputados: Patti, Fernando Meneghini, Martín Rodríguez, Reynaldo Bignone y Omar Riveros. Como publicó ayer este diario, acusó a Patti por el homicidio agravado por alevosía de Gastón Gonçalves, y además por privación ilegal de la libertad agravada en los casos de Gonçalves, Muniz Barreto, los hermanos D’Amico y sus padres; aplicación de tormentos agravados por ser las víctimas perseguidos políticos; y allanamiento ilegal de la casa de los D’Amico. Para todos pidió cárcel común y la suspensión de los beneficios de la jubilación. Antes del final dejó los papeles a un lado y habló cara a cara con el Tribunal. “Espero –les dijo–- que haya tenido sentido todo esto para todos los testigos que valientemente se acercaron a contar todo lo que vivieron, a conectar las piezas de este rompecabezas... Esperamos que haya tenido sentido que los familiares hayan venido a todas las audiencias y se hayan sentado a escuchar una y otra vez las cosas terribles que pasaron con sus familias.” Agregó que esto no va a hacer que la ausencia cotidiana de las víctimas deje de pesar; “eso es parte de lo irreparable. Pero lo que sí se puede hacer es devolverles a sus familias la credibilidad: demostrarles que ustedes, señores jueces, no son un nuevo eslabón en la cadena de impunidades o de mentiras que sufrieron todos estos años. Por eso les pedimos que la sentencia esté impregnada de memoria y de verdad y, sobre todo, de una vez por todas, de justicia.”

Ciro Annicchiarico y Rosario Alvarez Garriga presentaron después la acusación de la Secretaría de Derechos Humanos en “nombre de todas las víctimas del terrorismo de Estado que hubo en el país”. Annicchiarico, que ya había acusado “en el marco de un genocidio” cuando estuvo al frente de la querella en el caso de Floreal Avellaneda, agregó en esta ocasión nuevos fundamentos. Entre ellos, parte de las lecturas que están revisando las definiciones del Estatuto de Roma y de la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio. Por caso, la lectura del francés Yves Ternon y el argentino Daniel Feierstein, cuyas miradas permiten ampliar la restringida categoría del “grupo nacional” como víctima necesaria para configurar el delito de genocidio, para pensar en cualquier grupo de un país o nación, donde la característica de “grupo” es determinada por el violador o represor, según sintetiza Annicchiarico a pedido de Página/12. “Es el agresor el que determina cuál es el grupo”, dice, en un esquema en el que sigue la interpretación que abrió el juez Baltasar Garzón en el fallo “Pinochet”, seguido por el Tribunal Oral Federal Nº 1 de La Plata en las sentencias de los casos “Etchecolatz”, “Von Wernich” y “Unidad Nº 9”.

Para el caso argentino, y a partir de esas lecturas, dijo el abogado, “el plan sistemático de exterminio estuvo dirigido a la destrucción de una parte, un grupo diferenciado de la Nación argentina, caracterizado por los perpetradores como ‘delincuentes subversivos’, opositores al régimen, quienes, según los agentes del Estado terrorista, amenazaban el modo de existencia ‘occidental y cristiano’”. Pretendieron “destruir los lazos de solidaridad y protesta social, para la imposición de nuevas relaciones caracterizadas por la atomización y el individualismo, en el marco de un determinado modelo económico social”. Esa descripción, según el abogado, permite decir que los delitos de lesa humanidad cometidos en el país se perpetraron en el marco de un genocidio, pero hasta tanto no haya legislación positiva, a su criterio, no puede acusarse a los represores por genocidio. Eso que sí hizo la fiscalía de Alejandro Alagia en la causa “Atlético-Banco-Olimpo” no fue reproducido en este caso por dos razones. Primero, explicaron, porque los acusados no fueron indagados por ese delito. Y segundo, porque no está prevista la pena. Aun así, lo que se pidió intenta abrir los caminos que faltan recorrer: “Queremos que el tribunal reconozca que hubo un genocidio en la Argentina”.