La Secretaría de Comercio Interior, a cargo de Guillermo Moreno, comenzó a instrumentar las sanciones previstas en la Ley de Abastecimiento a la petrolera Shell. Según fuentes de esa cartera, ya se habrían armado cuatro expedientes con posibles multas para la compañía angloholandesa por no acatar las resoluciones de la semana pasada, donde el Ejecutivo instó a la empresa a retrotraer los últimos aumentos en los distintos combustibles líquidos. Por su parte, Shell ya recurrió a la Justicia y espera que en las próximas horas haya un fallo sobre el tema. En los últimos doce meses, la compañía angloholandesa aumentó sus naftas un 24 por ciento, según la Secretaría de Energía.

A fin del mes pasado, Shell decidió aplicar una nueva suba en sus combustibles, que osciló entre el 2 y el 3,6 por ciento. Para el Gobierno, la jugada rompió un acuerdo establecido en diciembre del año pasado, por el cual la Secretaría de Comercio había avalado un reajuste de los precios para todas las compañías del sector. Sin embargo, la empresa liderada por Juan José Aranguren decidió mover el tablero. “Más que un empresario es un dirigente de la oposición”, manifestó Julio De Vido, ministro de Planificación, en referencia al presidente de Shell.

Frente a esta situación, Moreno sacó a relucir la famosa Ley de Abastecimiento, que data de 1974. Lo que ayer hicieron funcionarios de la Secretaría de Comercio fue comenzar con la inspección de las estaciones de servicio y consultar por qué habían aumentado los precios. “Si los estacioneros dicen que fue porque recibieron la nafta con aumentos, le solicitan la factura y se hace responsable a la distribuidora –en este caso Shell– y no a los dueños de las estaciones de servicio”, explicaron a Página/12 desde el Gobierno.

“No creo que la situación dé para mucho más, por eso me parece que el tema se irá diluyendo con el tiempo. La Ley de Abastecimiento estaba contemplada en las llamadas facultades delegadas. Como éstas dejaron de tener vigencia en agosto del año pasado, Moreno no puede hacer uso de esa normativa”, explicó a Página/12 un empresario del sector.

Si bien es correcto que la normativa estaba contemplada dentro de las “facultades delegadas” que caducaron el año pasado, hay otros análisis jurídicos que sostienen su plena vigencia. “Lo esencial de la ley está en el artículo 2, que entre otras cosas autoriza a fijar precios máximos o cuotas de producción a los proveedores e intermediarios en supuestos de desabastecimiento. Cuando el Ejecutivo lo hace, ello estrictamente no sería legislar, sino reglamentar o dictar actos de aplicación particulares”, explicó el abogado Gustavo Arballo al sitio Chequeado.com. Según esta interpretación, la norma estaría vigente.

“No vamos a hacer ningún tipo de comentario”, indicó a este diario un vocero de Shell. La petrolera está a la espera de la respuesta de la Justicia a su pedido de medida cautelar. En enero del año pasado, la empresa ofrecía sus naftas súper a 3,449 y hoy están en 4,299, es decir, un 24 por ciento más. En el mismo período, YPF las incrementó 27 por ciento.

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