El ministro de Seguridad y Justicia de la provincia de Buenos Aires dijo ayer a Clarín: “¡No puede ser! A este tipo le damos 10 millones por año y encima nos pega y nos quiere fijar la política de seguridad!”. Se refería “al dinero que la provincia le asigna a la Comisión Provincial de la Memoria, en la que pisa fuerte el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) presidido por Horacio Verbitsky”. El alcaide mayor Ricardo Casal tiene varias confusiones, que deben ser rectificadas. La Comisión por la Memoria de la provincia de Buenos Aires es un organismo público extra-poderes que funciona de manera autónoma y autárquica. Fue creada en el año 2000 por la Legislatura Provincial, que establece su presupuesto. Sus copresidentes son el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel y el ex fiscal general Hugo Cañón y la integran religiosos (Aldo Etchegoyen, Daniel Goldman y Martha Pelloni), intelectuales y artistas (Roberto Tito Cosa, Fortunato Mallimaci y Mempo Giardinelli), sindicalistas (Víctor De Gennaro y Víctor Mendibil), dirigentes políticos (Alejandro Mosquera, Elisa Carca) y miembros de organizaciones sociales o defensoras de los derechos humanos, como Mauricio Tenembaum, Emilce Moler y Laura Conte. Ninguno de ellos forma parte del CELS, salvo Laura Conte, quien es también fundadora de Madres de Plaza de Mayo. Desde mucho antes de que asumiera Casal, el CELS y la Comisión coinciden en el relevamiento y la denuncia de la violencia policial y penitenciaria. La semana pasada, en José León Suárez, dos adolescentes fueron asesinados y otros recibieron impactos de balas policiales en la espalda, sin que haya un solo funcionario estatal herido. Con esto basta para refutar la versión de Casal sobre un enfrentamiento con una banda de delincuentes. Se trató de un asesinato a sangre fría, por el que el ministro asumió la responsabilidad al adoptar la inverosímil narración policial, refutada por el fiscal que interviene y por todos los testigos. Como el militar Aldo Rico y el policía Ramón Verón (designados al frente del ministerio de Seguridad por el ex gobernador Carlos Rückauf), el penitenciario Casal ha delegado la conducción de la seguridad en la policía, con nefasto resultado. Esta práctica superó el jueves un nuevo peligroso límite, incompatible con las pautas de una seguridad democrática. Casal se convierte así en parte del problema y no de la solución. La cínica frase que reprodujo ayer Clarín refleja a la perfección sus equívocos valores. Fuera de las cárceles del Servicio Penitenciario, en las que Casal se formó y donde la vida no vale nada, no todo se puede comprar.