Durante los quince años transcurridos desde que presentó la denuncia para que se juzgue el plan sistemático de apropiación de bebés, Abuelas de Plaza de Mayo ideó infinidad de campañas para difundir la búsqueda de los nietos robados durante la dictadura. Cuando se concretó el milagro de sentar a Videla, Bignone & Cía. en el banquillo chocó con la realidad de los juicios orales y (en teoría) públicos: los relatos de los trescientos testigos que declararán durante los próximos ocho meses no podrán ser difundidos por medios audiovisuales. Abuelas reclamó entonces publicidad real, explicó que la difusión es imprescindible para concientizar a la sociedad y para que más jóvenes decidan averiguar su origen, pero el Tribunal Oral Federal Nº 6 rechazó el planteo. Se amparó paradójicamente en una acordada de la Corte Suprema de Justicia sobre la necesidad de garantizar la publicidad de juicios “que generan gran interés en la ciudadanía” pero que en la práctica sólo obliga a difundir un puñado de audiencias. Por ese motivo, además de apelar la negativa ante la Cámara de Casación, Abuelas pedirá la próxima semana la intervención de la Unidad de Superintendencia para Delitos de Lesa Humanidad del alto tribunal.

El TOF que integran María del Carmen Roqueta, Julio Panelo y Domingo Altieri anunció antes del inicio del juicio que permitiría “la difusión radial y televisiva” de actos iniciales, alegatos y la lectura de la sentencia. El criterio, vigente en todos los tribunales porteños y diferente de los aplicados en Córdoba o Tucumán, donde fue posible ver las arengas de Menéndez y los pucheros de Antonio Bussi, impidió poder seguir las declaraciones de imputados como Videla o el Tigre Acosta. Abuelas presentó entonces una solicitud para que el tribunal autorice la publicidad de todas las audiencias, incluyendo declaraciones de represores, víctimas y testigos. También el fiscal Martín Niklison reclamó mayor difusión, aunque acotada a las indagatorias. El TOF rechazó ambos pedidos en base a la acordada 29/09 de la Corte, que convalidó el criterio que aplicaban todos los tribunales menos el díscolo TOF 5 porteño en tiempos de Guillermo Gordo (prohibía de plano el ingreso de las cámaras a la sala) y restringió el aplicado en La Plata cuando se juzgó a Miguel Etchecolatz, que incluía la publicidad de las testimoniales.

“Planteamos que la acordada de la Corte debe tomarse como piso”, explica Alan Iud, abogado de Abuelas. “Por las particularidades de esta causa, que no trata de uno sino de varios centros clandestinos de detención, en todo caso se podría diferir la difusión de los testimonios hasta que concluya la etapa correspondiente a cada CCD, ya que no habría un vínculo con los siguientes”, agrega. “La trascendencia política e histórica de estos procesos requiere de una amplia difusión. Es central que se conozca de primera mano, a través del relato de los testigos, qué sucedió con las mujeres embarazadas que dieron a luz en centros clandestinos y con aquellas secuestradas con sus hijos; qué sucedió y qué sigue sucediendo con esos niños”, explican en Abuelas. Los argumentos exceden el plano jurídico. “Nuestra experiencia nos indica que la difusión de los casos de apropiaciones y de las búsquedas de abuelas, tíos o hermanos favorece la presentación de jóvenes con dudas sobre su identidad. Todos los hechos con significación pública, desde las telenovelas hasta las noticias de restituciones, provocan notoriamente mayores presentaciones voluntarias de jóvenes que quieren analizarse”, concluye el letrado de Abuelas.