La onda expansiva de la causa sobre las coimas para liberar a los detenidos por el crimen de Mariano Ferreyra amenaza con ser mucho más amplia y potente de lo que nadie había imaginado. La Justicia tiene pruebas que confirmarían que el vicepresidente de Belgrano Cargas y contador de la Unión Ferroviaria (UF), Angel Stafforini, envió parte del dinero destinado a comprar voluntades en la Cámara de Casación Penal al estudio del abogado y ex juez federal subrogante Octavio Aráoz de Lamadrid. Y que, detrás de la operación, estaba el propio titular del gremio, José Pedraza, cuando aún se encontraba en libertad. Hasta ahora aparecía bajo sospecha el nombre de un único camarista, Eduardo Riggi, pero el análisis de los llamados de un agente de la Secretaría de Inteligencia (SI, ex SIDE), llamado Juan José Riquelme y señalado como intermediario, reveló que hablaba al menos con otro integrante de Casación. Además, está imputado el empleado de ese tribunal que se ocupa de hacer los sorteos informáticos para la asignación de expedientes, que tenía contacto con Aráoz.

El soborno quedó frustrado (se supone) porque el fiscal de la causa, Mariano Solessio, resolvió allanar el estudio de Aráoz de Lamadrid justo cuando acababan de entregarle 50 mil dólares, el 1º de febrero último. El presunto destino del dinero era la Cámara de Casación, según relataron a Página/12 allegados a la pesquisa. La fiscalía conocía los movimientos y el recorrido que harían los dólares por el seguimiento de algunos protagonistas del caso que se venían haciendo mediante escuchas telefónicas. Los investigadores estaban al tanto de conversaciones que conectaban a Stafforini con Aráoz de Lamadrid, primer defensor de Guillermo Uño, uno de los integrantes de la patota ferroviaria detenidos por el homicidio de Ferreyra. Al llegar al estudio familiar del abogado, muy cerca del Palacio de Tribunales, la policía encontró lo que buscaba: había un sobre rotulado “Octavio” con la plata adentro. Cerca de Aráoz dicen sistemáticamente que era plata de honorarios.

El monto de 50 mil dólares coincidía con aquel al que se hacía referencia en una de las escuchas detectadas en la investigación del asesinato del militante del Partido Obrero (PO), a cargo de la jueza Wilma López. En su juzgado se quedaron perplejos al escuchar a Pedraza, quien hablaba desde su propio celular, en un diálogo con Stafforini:

–Serán unos 75 (mil) o 50 (mil) –decía el directivo de Belgrano Cargas.

–Si no llegás, nosotros ponemos la diferencia y después la recuperamos ––le contestaba Pedraza.

Ese contacto ocurrió el 25 de enero último, a las 20.06, según las constancias judiciales. Wilma López hizo la denuncia para que se investigara el posible cohecho de manera independiente. De acuerdo con lo que la Justicia pudo reconstruir a partir de las grabaciones recopiladas por el juzgado de López y las ordenadas luego por Solessio y el juez Luis Rodríguez, Pedraza se habría ocupado personalmente de la estrategia para que los siete integrantes de la patota ferroviaria detenidos hasta ese momento fueran liberados. Según refirieron a este diario fuentes cercanas a la causa, el principal interés apuntaba a lograr que Casación revisara (y revocara) los procesamientos por homicidio calificado que había aplicado a los matones incluso la Cámara del Crimen, y que podría costarles una condena a prisión perpetua. La mayor pretensión era –según se desprendería de esas escuchas– que saliera sorteada la Sala III de Casación, que integran Liliana Catucci, Eduardo Riggi y Gustavo Mitchell.

Enganchados

Aráoz de Lamadrid fue secretario letrado y de mucha confianza de Riggi antes de ser nombrado en 2005 juez federal subrogante en reemplazo de Juan José Galeano, cargo en el que duró cinco años hasta que renunció por una investigación del Consejo de la Magistratura. De acuerdo con los entrecruzamientos telefónicos de la causa por tentativa de coima, Aráoz tendría contacto con Riggi y con Stafforini; pero también con Riquelme, quien resultó ser un agente de la SI, ahora suspendido y camino a ser expulsado del organismo, y un intermediario en la negociación. Riquelme, de unos setenta años, apodado “el Yanki”, a su vez se habría comunicado con Riggi y con otro integrante del mismo tribunal. Es un hombre, aseguran funcionarios de la causa, que incluso habla frecuentemente con más jueces, algo que excede a este episodio puntual y podría motivar otra nueva investigación penal.

En un diálogo del 13 de enero, Riquelme le dice a Aráoz: “Bien, le comento (supuestamente a Pedraza), me dijo que está muy bien el número que le pasé y que esta tarde, al atardecer, tiene reunión con el secretario, que anoche habló con él... ehhh... al respecto, el secretario le manifestó que no existe ningún problema con el tema, que la única preocupación que tiene es cómo encuadrar la operatoria, por eso se van a reunir esta noche”.

Cuando la jueza López indagó a Pedraza por el crimen de Ferreyra, le preguntó si conocía a Riquelme. La respuesta fue que sí, hace muchos años. Quizá más de veinte, dicen en el ámbito ferroviario, donde solían definirlo como un lobbista o alguien que ayudaba con las “relaciones institucionales”. En la SI, según la información oficial, cumplía tareas administrativas. Estaba desde los tiempos de Hugo Anzorreguy; antes hay versiones que lo señalan como colaborador de Norberto Varela en el Servicio de Inteligencia Naval y de buenos vínculos con la Iglesia Católica.

Uno de los argumentos por los que López rechazó excarcelar a Pedraza, tras ordenar su detención el 22 de febrero como instigador del homicidio del militante del PO, fue que había intentado entorpecer la investigación a través del intento de coima. Al procesarlo señaló que su verdadera meta “no era beneficiar a los afiliados a la Unión Ferroviaria” que estaban detenidos, “sino a sí mismo, sabedor de su responsabilidad en el hecho y consciente del impacto positivo que sobre su situación traerá aparejado, cual efecto dominó, el mejoramiento de la situación procesal de los coautores materiales y partícipes presentes en el escenario de los hechos”.

Sorteo dudoso

Lo cierto es que el 26 de enero, un día después de que Stafforini y Pedraza hablaran de los “75 o 50”, se hizo el sorteo de la sala de Casación para “radicar” la causa y justamente salió elegida la Sala III. Según publicó el Centro de Información Judicial (CIJ) el 4 de febrero, la asignación se hace “con un sistema” que “provee y administra” el Consejo de la Magistratura. En Casación, aclara, hay “terminales” pero no se puede “acceder al sistema madre”. De acuerdo con declaraciones de testigos en el expediente, como en la Cámara de Casación hay cuatro salas, el sistema estaría programado para que la distribución de causas sea equitativa. Por esa razón, habría una forma de calcular la mayor probabilidad –aunque no la absoluta certeza– de que les toque a ciertos jueces. El empleado que se ocupa de estos sorteos en Casación está imputado porque, según los entrecruzamientos de llamados, hablaba con Aráoz de Lamadrid.

Ante el revuelo, Riggi se excusó por razones de decoro. Lo reemplaza Juan Fégoli quien, esta última semana, junto con Mitchell y Catucci confirmaron los procesamientos de la patota, que igual que Pedraza va camino a juicio oral.

Todavía, al parecer, no hay constancias que involucren de lleno o de manera directa ninguno de los jueces en el intento de coima, pero es un aspecto aún en plena investigación. La causa en el último mes tuvo algunas ideas y vueltas. El fiscal Solessio tuvo un problema de salud severo que lo alejó del expediente. En el ínterin, la causa estuvo en la Sala I de la Cámara del Crimen, que debía resolver si confirmaba el procesamiento y la detención de Pedraza, y subrogaron la fiscalía Pablo Recchini y Sandro Abraldes. Lo cierto es que Pedraza, Aráoz de Lamadrid, Stafforini, Riquelme y el empleado de Casación se encuentran imputados, mientras la situación de uno o más jueces está en vías de definición, antes de futuras citaciones a indagatoria.