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El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) recusará al ministro de la Corte Suprema Adolfo Vázquez por haberle adelantado al obispo castrense, monseñor Antonio Baseotto, que el máximo tribunal se dispondría a dar por constitucionales las leyes de Obediencia Debida y Punto Final antes de las elecciones. El mismo cuestionamiento hará Federico Gómez Miranda, querellante en una causa contra el represor Alfredo Astiz que está a estudio de los supremos. Dos de los jueces negaron a este diario que entre ellos el tema esté en debate en este momento y que una mayoría comparta el criterio de Vázquez. “Ni siquiera hay un proyecto circulando entre nosotros”, coincidieron. “Lo único que se habló en algún momento es que quizá deberíamos enviar los expedientes a la Cámara de Casación para que se pronuncie primero”, puntualizó uno de los magistrados. Admitieron, sí, que la visita del prelado fue para presionarlos.
Después de su plenario habitual del martes último, siete de los nueve ministros de la Corte –Julio Nazareno, Eduardo Moliné O’Connor, Augusto Belluscio, Enrique Petracchi, Antonio Boggiano, Juan Carlos Maqueda y Vázquez– recibieron a monseñor Baseotto, que había ido especialmente a insistir para que el tribunal confirme las leyes de impunidad en los expedientes sobre violaciones a los derechos humanos. En esas causas hubo fallos en primera y segunda instancia en los que las leyes que amnistiaron los crímenes de la dictadura –derogadas en 1998 por el Congreso– fueron declaradas nulas e inconstitucionales.
Según una versión publicada por el diario La Nación, en el encuentro con el prelado, el juez Vázquez le prometió al obispo castrense que la Corte firmaría un fallo dictando la constitucionalidad de las leyes antes del 27 de abril. “Quédese tranquilo. El fallo vamos a sacarlo cuanto antes. Esta Corte ya tiene dicho que esas leyes son constitucionales. Estamos hartos de los jueces que no respetan los precedentes y le tienen miedo a la prensa”, habría dicho el ministro, según el matutino.
“Vázquez habrá expresado una intención personal, no representa a todo el resto, ni siquiera creo que a una mayoría”, dijo uno de los ministros consultados por este diario. “Sería una tontería de parte nuestra hacer eso en esta etapa electoral. En principio varios ministros lo que sí venían pensando era que estas causas debían pasar primero por Casación”, insistió otro juez.
Además de recusar a Vázquez, el CELS denunciará la reunión que los jueces tuvieron con el obispo en una audiencia que se hará la semana próxima ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA, que había sido especialmente solicitada a raíz de presiones previas del jefe del Ejército, Ricardo Brinzoni, y del ministro de Defensa, Horacio Jaunarena, sobre el máximo tribunal.
En una declaración firmada ayer en conjunto, los organismos de derechos humanos expresaron su repudio al “desempeño abiertamente ilegal del ministro de la Corte Suprema de Justicia, Adolfo Vázquez”. “Los jueces -añadieron en un comunicado– no pueden manifestar por adelantado las decisiones que adoptarán en sus fallos. Conceder audiencia a sectores interesados ajenos a la causa implica el sometimiento del cuerpo a un acto de presión política. Y resulta vergonzante que, además, se les brinden detalles acerca de sus decisiones, llegando incluso a precisar la fecha en la que serán adoptadas.” Suscribieron ese texto, el CELS, Abuelas de Plaza de Mayo, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Familiares de Desaparecidos y Detenidos, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos y el Servicio de Paz y Justicia.
El abogado Eduardo Barcesat, quien representa a Gómez Miranda en la causa contra Astiz, advirtió que recusará a Vázquez teniendo en cuenta que “ha acreditado su interés en el resultado de la causa y ha emitido opinión previo al voto, lo que torna inexcusable su apartamiento”.
El Partido Sociales expresó públicamente su rechazo a la “injustificable” intromisión de monseñor Baseotto ante la Corte. Elsecretario adjunto de la fuerza, Oscar González, cuestionó “que una autoridad de la Iglesia” utilice su cargo para “traficar influencias antes jueces”. El diputado Jorge Rivas advirtió: “Mientras la sociedad reclama justicia en todos los órdenes, quienes son los máximos responsables de administrarla se encargan de hacer exactamente lo contrario”.