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La Auditoría General de la Nación se sumará a la nómina cada vez más extensa de dependencias oficiales que decidieron constatar el calamitoso estado de los trenes urbanos de pasajeros. En los próximos días, un grupo de auditores comenzará una revisión centrada en las condiciones de seguridad sobre las líneas Mitre y Sarmiento, operadas por TBA, y, de superar cierta restricción presupuestaria, continuará con el Roca, responsabilidad de Trenes Metropolitanos. La decisión fue adoptada luego de que un relevamiento realizado por la AGN meses atrás descubriera que en esos ferrocarriles urbanos se registró un nivel alarmante de descarrilamientos, choques en pasos a nivel y otros incidentes, atribuibles a deficiencias en el mantenimiento.
Con esta intervención, el Congreso también tomará cartas en un tema que ha cobrado relevancia política desde que el candidato impulsado por el oficialismo, Néstor Kirchner, advirtiera públicamente sobre la necesidad de revisar esas concesiones. La Auditoría es un órgano de control externo que reporta directamente al Parlamento mediante la Comisión Mixta Revisora de Cuentas, ahora comandada por el senador del PJ, Oscar Lamberto. El circuito se completa cuando ese grupo avala el informe de la AGN, que se eleva finalmente al Poder Ejecutivo a modo de recomendación.
La intervención de los auditores se sumará a la labor a cargo de los inspectores de la Comisión Nacional Reguladora del Transporte, que tiene competencia natural sobre trenes de pasajeros, cargas y colectivos. El órgano a cargo de Pedro “Tito” García produjo más de un informe destacando las falencias en esos servicios, que a veces fueron utilizados para las discusiones con las empresas y, eventualmente, derivaron en sanciones.
Días atrás, y luego de las objeciones públicas que Kirchner hiciera al sistema, el jefe de Gabinete, Alfredo Atanasof, resolvió crear su propio cuerpo de inspectores ad hoc para hacer un chequeo superficial del nivel de deterioro en el que está el sistema ferroviario. La tarea culminaría en los próximos días con un informe que finalmente debería servirle a Eduardo Duhalde para tomar alguna decisión supuestamente terminante.
Ahora también entrará en el juego la Auditoría, que el año pasado realizó un testeo informal sobre el estado de los servicios ferroviarios, centrado en las condiciones de seguridad. La AGN tiene la facultad de fiscalizar el cumplimiento de los contratos de las privatizadas y al mismo tiempo evaluar la labor de los entes de control. Ni uno ni otros relevamientos dieron resultados alentadores.
A juicio de los auditores de la AGN, el Mitre y el Sarmiento están entre las líneas más riesgosas, seguida por el Roca, trío que involucra a casi el 80 por ciento de los viajeros. Con esta base, a fines del año pasado, planificó las inspecciones que ahora está a punto de comenzar sobre los trenes de TBA y que aspira a extender a los de Metropolitanos si consigue una partida de fondos adicional o si redistribuye lo que tiene.
Para cada inspección específica, la Auditoría contrata un promedio de cuatro o cinco profesionales externos a los que les paga a razón de 17 pesos la hora, por jornadas de 7 u 8 horas. No son importes a priori exorbitantes. Sin embargo, fuentes de la propia AGN admitieron ante este diario que hoy sólo podría disponer de ese dinero a condición de resignar alguna de las otras inspecciones previstas.