El juez federal Norberto Oyarbide fue ayer en persona a allanar ocho viviendas que pertenecerían a los hermanos Sergio y Pablo Schoklender y a algunos de sus allegados en el country El Patacón, en el barrio La Lonja de Pilar. Al terminar el procedimiento el magistrado informó: “Se ha podido observar con toda claridad que (los chalés) están construidos con materiales que se emplean para construir casas de la Fundación” Madres de Plaza de Mayo como parte de la Misión Sueños Compartidos. La hipótesis de la fiscalía del caso, que había pedido la inspección el viernes último, es que se habrían utilizado para estos inmuebles los materiales que pagaban las Madres.

Oyarbide fue al barrio El Patacón escoltado por un grupo de efectivos de la División Investigaciones de Organizaciones Criminales de la Policía Federal, y hasta un helicóptero. De las 17 parcelas que hay allí, ocho casas están siendo investigadas en la causa sobre presunto desvío de fondos asignados a las Madres para la construcción de viviendas sociales. Según informaron allegados a la causa, cuando el juez y los agentes se pusieron a rascar la pintura de las paredes, en tres de los inmuebles encontraron por debajo un relleno tipo telgopor que coincidiría con el utilizado en la fabricación de los paneles con que se montan las viviendas de la Misión Sueños Compartidos. Una sería una casa de Pablo Schoklender.

En el expediente, según fuentes de la investigación, se habían incorporado testimonios de vecinos que señalaron el ingreso de materiales para construcción en vehículos que tenían el logo de la Asociación Madres de Plaza de Mayo. El mayor de los Schoklender dice que las camionetas de la entidad no participaban de ninguna construcción y que él no es propietario de ninguna casa en el barrio donde ayer se hizo el procedimiento. La defensa de Pablo admite que uno de los inmuebles le pertenece, y está en hipoteca, pero alegan ignorar de que está hecho.

Por los datos con que contarían las fiscalías de Jorge Di Lello y Raúl Pleé (quien colabora con la pesquisa como fiscal antilavado), en El Patacón habría propiedades de los Schoklender, de Viviana Sala (ex esposa de Sergio), de Eugenio De Falco (hermano del financista ligado a la casa de cambios Trade Travel, en la que se investiga si los ex apoderados de Madres cambiaban cheques), de Víctor Orsi (ligado a la firma Antártica Argentina, en cuya cuenta bancaria se depositaron 4 millones de pesos de cheques de la fundación y a nombre de la cual Sergio compró terrenos en José C. Paz) y de otras dos personas muy cercanas al mayor de los hermanos, Eduardo González Fernández y Enrique Reale.

El juez informó que en el allanamiento se secuestró “papelería en general y otra de altísimo valor” probatorio. La investigación patrimonial sobre los Schoklender pretende dilucidar el posible destino de fondos que, se sospecha, habrían sido desviados del propósito de construir viviendas sociales. En el caso de las casas de La Lonja, además, la Justicia intentará establecer si los ex apoderados y su círculo se adueñaron directamente de materiales que pagaban las Madres. Los fiscales habían pedido el embargo de las propiedades y un peritaje sobre los materiales en cuestión, para corroborar si se utilizaron los paneles del sistema italiano M2, distintivo de Sueños Compartidos.

Por otro carril, se investiga la ruta del dinero, es decir, de los 765 millones de pesos que el Ministerio de Planificación otorgó para que las Madres construyeran las viviendas sociales. Di Lello pidió la semana pasada allanamientos en financieras donde se sospecha que los Schoklender cambiaban cheques, entre ellas algunas ligadas a Fernando Caparrós Gómez, a quien Sergio Schoklender le compró la empresa Meldorek, que era dueña de dos aviones, dos yates y dos Ferrari, cuya titularidad actual los investigadores intentan aclarar. Una de las Ferrari, por ejemplo, se confirmó que ahora pertenece a un joven de 29 años que vive en Neuquén.

Oyarbide mostró que el resultado del allanamiento de ayer fue significativo, pero esperaría juntar otras evidencias para hacer llamados a indagatoria. Además, previo a eso resolvería si acepta a Hebe de Bonafini o a la fundación como querellantes, algo que pidieron con el argumento de que la entidad fue defraudada ya que, entre otras cosas, los ex apoderados habrían dejado importantes deudas impositivas y provisionales. El juez, que anteayer se mostró enojado con los fiscales por la filtración de datos de la causa, reimplantó por diez días más el secreto de sumario.