El Tribunal Superior de Justicia porteño ordenó al gobierno dirigido por Mauricio Macri sacar de todo circuito de difusión cuatro videos publicitarios en los que el jefe comunal PRO aparece promocionando su gestión. Aunque falló el jueves pasado, la decisión de la máxima autoridad judicial de la Ciudad que se conoció ayer sostuvo que el contenido de los audiovisuales entra en conflicto con la ley 268 de la Ciudad de Buenos Aires, que en su tercer artículo prohíbe la “propaganda institucional que tienda a inducir al voto” en época de campaña.

Los videos buscan remarcar el “valor fundamental” que diferentes programas del gobierno porteño supuestamente tuvieron en la vida de cuatro personas y formaban parte de una batería de cortos igualmente sensibleros publicados en la página web PRO “Historias para creer” (www.historiasparacreer.bue nosaires.gob.ar). Si bien todos los videos del sitio buscan destacar, tocando siempre la cuerda sensiblera y a veces rozando el golpe bajo, los “logros” de la gestión macrista, los cuatro casos citados por la máxima autoridad judicial porteña compartían la particularidad de que era el propio jefe de Gobierno y candidato a la reelección quien ponía el broche de oro al sentido de los spots.

Según informó el Tribunal Superior de Justicia porteño, un particular denunció los avisos sobre los que luego los jueces se expidieron, tras analizar el material. En su fallo, el presidente del tribunal, Luis Lozano, y las juezas Alicia Ruiz y Ana María Condelos explicaron que en los cortos “María”, “María Inés Bogado - Historias para creer”, “Matías - Historias para creer” y “Pedro - Historias para creer” –tal cual los nombres que los identificaban en el sitio YouTube donde estaban alojados– la presencia de Macri “vinculada a esos beneficios o servicios (que los videos buscan publicitar) encuadra en la disposición del artículo 3 de la ley 268 que veda la promoción de candidatos en actividades como ésta”.

El fundamento sirvió de base al veredicto del tribunal, que ordenó a la gestión macrista “levantar la exhibición de los cuatro videos en cualquier medio de difusión en que se estuvieran exhibiendo o propagando” o aplicar “la supresión de la parte correspondiente a la aparición de la imagen y la voz del candidato Mauricio Macri en los cuatro videos”. De igual manera, el tribunal ordenó que se proceda con idéntica actitud “con cualquier otro video de igual contenido que haya librado para su difusión a medios privados o públicos”.

“Por fin empieza a acabarse la mentira de Macri y su gobierno, que se la pasó metiendo a la campaña de fondo de la publicidad oficial”, expresó el legislador ibarrista Eduardo Epszteyn, quien hace un mes denunció públicamente que Pedro Morales, el protagonista de “Pedro”, uno de los videos que la Justicia ordenó dar de baja, había intentado suicidarse producto de la publicidad que el spot hacía de su historia personal. Epszteyn consideró que el fallo de la Justicia “es bueno aunque tardío, pero no por falla del Tribunal sino porque esta gente hace tiempo que viene llevando a cabo esta práctica inmoral”.

En cuanto a los efectos que la orden judicial que recayó sobre el gobierno porteño podría llegar a tener sobre la evolución final de la campaña porteña con vistas a la elección del próximo domingo, Epszteyn evitó hacer vaticinios: “Lo fundamental es que el electorado penalice con el voto este tipo de prácticas inmorales y antiéticas”.

Por su parte, la candidata a legisladora porteña por Nuevo Encuentro Gabriela Cerruti festejó la orden de la Justicia porteña y acusó a Macri de violar “sistemáticamente” la legislación que prohíbe la propaganda institucional como parte de la campaña electoral. “Una vez más Macri confunde los límites entre lo público y lo privado y usa el Estado como parte de su patrimonio personal”, denunció a través de Twitter.

La legisladora recordó además que Macri “vetó la ley de publicidad oficial que permitiría hoy un mayor control de los recursos del Estado que se están usando para la campaña y la búsqueda tendenciosa del uso del color amarillo” y que el candidato a la reelección en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se había comprometido en 2007 a “no realizar publicidad oficial ni inauguraciones de obras públicas en los 30 días previos a los comicios”.

Luego de conocido el fallo, los cuatro videos en cuestión desaparecieron de la web.