El mismo día en que ordenó quitar de exposición cuatro videos porque violaban la Ley de Campaña Electoral, el Tribunal Superior de Justicia rechazó un pedido para que el gobierno porteño se abstuviera de incluir en la publicidad oficial y en la comunicación en general cualquier elemento que identifique a un funcionario público o integrante de una agrupación política, en este caso del PRO, al espacio al que responde. El amparo había sido presentado por la legisladora de la Coalición Cívica Rocío Sánchez Andía a fines de marzo, a la que se sumaron como terceros la diputada nacional María Fernanda Reyes y los legisladores porteños Fernando Sánchez, Fabio Basteiro, Marcelo Parrilli y Martín Hourest, y por último la senadora y candidata a jefa de Gobierno porteño por la CC, María Eugenia Estenssoro. El fallo rechazó el amparo por considerar que no están “acreditadas debidamente las violaciones concretas a la ley 268”, pero afirmó que en caso de reunirse las pruebas que lo demostrasen, el tribunal actuaría para evitar el aprovechamiento de publicidades oficiales para la campaña electoral. Además, el presidente del tribunal, Luis Lozano, indicó que aquellos que solicitaron intervenir como terceros interesados “no se inscriben en el universo de personas con capacidad para instar una acción por violación de la ley 268”, aunque Estenssoro tomó legitimidad tras oficializar su candidatura.