[cerrar]

Comparta esta nota con un amigo

E-Mail de su amigo
Su nombre
Su E-Mail

Mediante una declaración que lleva la firma de 46 sacerdotes, una decena de religiosas, más de 150 laicos y laicas y de una treintena de instituciones, parte de la comunidad católica expresó ayer su “rechazo” al pedido realizado por el obispo castrense Antonio Baseotto ante la Corte Suprema para solicitar que se reconozca –en nombre de la inquietud de sus fieles, las Fuerzas Armadas– la constitucionalidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. La información sobre la gestión oficiosa de Baseotto se conoció a través de una nota periodística que nunca fue desmentida ni por el obispo castrense ni por la Conferencia Episcopal. Tras cuestionar la existencia misma de una diócesis castrense, los firmantes recuerdan que “monseñor Baseotto, antes de desempeñarse como obispo castrense, fue obispo de Añatuya, en Santiago del Estero, una de las diócesis más pobres del país” y agregan que “nunca –que nos conste– se reunió con el más alto tribunal para velar por la inquietud de sus fieles”. En contrapartida, el presidente del Episcopado y obispo de Rosario, Eduardo Mirás, justificó la actitud de Baseotto. “Tiene obligaciones con sus fieles”, explicó.
La información periodística respecto de la gestión hecha por Baseotto produjo revuelo e indignación en medios católicos vinculados con las organizaciones de derechos humanos, organizaciones sociales y entre aquellos que se identifican por su compromiso cristiano con los sectores más pobres. Casi de inmediato se comenzó a organizar una respuesta que ahora alcanza estado público. Si bien en un momento se pensó sumar en la declaración a otras instituciones de la sociedad, de los diálogos se concluyó que la mejor actitud sería –como finalmente se resolvió– que Baseotto recibiera una respuesta y un rechazo que partiera de las propias filas católicas.
“Las leyes de Punto Final y Obediencia Debida buscaban, se dijo de un modo falaz, la pacificación. Es evidente que ello no ocurrió, y que el obispo insista en lo mismo revela si no ignorancia, ingenuidad, o incluso complicidad. Si todos somos iguales ante la ley, ¿por qué existe una ley de Punto Final? ¿Existe una ley análoga para delitos comunes o ‘de los comunes’?” dice el documento.
En el mismo texto se menciona que el Concilio Vaticano II de la Iglesia Católica “pretende recordar ante todo la vigencia permanente del derecho natural de gentes y sus principios universales. La misma conciencia del género humano proclama con firmeza, cada vez más, estos principios. Los actos, pues, que se oponen deliberadamente a tales principios y las órdenes que mandan tales actos son criminales y la obediencia ciega no puede excusar a quienes la acatan”. Y se aclara expresamente que “entre estos actos hay que enumerar ante todo aquellos con los que metódicamente se extermina a todo un pueblo, raza o minoría étnica; hay que condenar con energía tales actos como crímenes horrendos; se ha de encomiar, en cambio, al máximo la valentía de los que no temen oponerse abiertamente a los que ordenan semejantes cosas”.
Los firmantes de la declaración católica señalan también que Baseotto, con ocasión de su visita a Roma después de los acontecimientos de diciembre del 2001, denunció que la gente “estaba armada” y que “había células de la guerrilla latinoamericana” en tales episodios. Se concluye que en la actitud asumida por el obispo Baseotto “no se manifiesta un ardiente celo por la situación de los pobres” y “no hay preocupación por la verdadera justicia”. Puntualiza que durante más de una década decenas de leyes perjudicaron en particular a los pobres y jamás se escuchó la voz del obispo, quien, para más, era el encargado nacional de la colecta Más por Menos. Frente a todo ello se insiste en el repudio a las leyes de Punto Final y Obediencia Debida pidiendo que se reconozca su inconstitucionalidad, y “rechazamos el accionar de monseñor Baseotto y loinvitamos al silencio, al arrepentimiento y a una manifestación pública de fidelidad a la Iglesia, que sus actos manifiestan rechazar”.
Pero hubo quien decidió salir al rescate de Baseotto. En una entrevista a Rosario/12, el titular del Episcopado, monseñor Mirás, consideró como algo normal el encuentro entre el obispo castrense y los miembros de la Corte. “Ese sacerdote es el obispo castrense y los fieles de él son los militares. Entonces él tiene obligaciones con sus fieles y fue a preguntar qué pasaba porque sus fieles le preguntaran”, sostuvo. Sin embargo, Mirás se abstuvo de responder si respaldaba el accionar de Baseotto. “No respaldo nada. Espero que la Justicia hable”, dijo.