Un grupo de asambleístas de Gualeguaychú quemó y enterró varias toneladas de pasta de celulosa que una empresa local le había comprado a la pastera finlandesa Botnia-UPM, que comenzó a funcionar en la ciudad uruguaya de Fray Bentos, a orillas del río que ese país comparte con Argentina, en 2007. Hoy se llevará a cabo una nueva jornada de monitoreo binacional en la planta cuya instalación es la razón del repudio de los asambleístas gualeguaychenses.

Unos treinta manifestantes, a los que se sumó personal de la empresa local Higiene Urbana, participaron el sábado de la quema de la mercadería que había adquirido la empresa Walker, que produce cosmética para automotores en el Parque Industrial Gualeguaychú. Los asambleístas destruyeron la pasta celulosa y enterraron los residuos en un predio destinado a la disposición final de basura de la ciudad, en el marco de una acción de contenido simbólico por parte de la asamblea para sostener su protesta contra la instalación de la fábrica de papel sobre el río Uruguay.

“Queremos demostrarle al gobierno nacional de Cristina Fernández de Kirchner que esta causa no está terminada, que Botnia sigue funcionando y por lo tanto sigue contaminando”, explicó el asambleísta Roberto Marchesini en relación con la quema de la mercadería, unos seis mil kilos de pasta, equivalentes a poco menos de cinco mil dólares.

La empresa argentina Sommer SA, que había importado la celulosa desde Botnia para entregarla a Walker, pidió disculpas públicamente y prometió no volver a realizar operaciones comerciales con la cuestionada pastera finlandesa.

Pero, además de ser una reacción más de la Asamblea en repudio de la papelera que funciona hace cuatro años en el país vecino, la quema de los productos se enmarcó en las críticas de la organización a la manera en que vienen implementando los controles sobre la planta de Botnia-UPM los gobiernos de Argentina y de Uruguay.

Dirigentes locales recordaron que hoy un comité científico binacional ingresará nuevamente a la planta pastera para verificar el cumplimiento de normas de protección ambiental. Al respecto, algunos asambleístas se quejaron por la “lentitud” con que se realizan las inspecciones mientras Botnia sigue en marcha.

A más de un año del fallo de la Corte Internacional de Justicia en el marco del diferendo entre Argentina y Uruguay, Oscar Bargas, integrante de la Asamblea Ambiental, señaló: “No vemos que haya una línea que una lo que la comunidad desea y lo que se dijo en La Haya”. “Van muy despacio, serán los tiempos internacionales, pero no los de la comunidad de Gualeguaychú”, acotó en alusión a los monitoreos que aconsejó el tribunal. Otro dirigente, Martín Alazard, señaló que “se está diluyendo el problema y no se está cumpliendo con el fallo de La Haya que establecía que ambos países controlen a Botnia”.