Desde hace años, jueces y fiscales discuten quién de ellos debe llevar la batuta en las investigaciones judiciales. Lejos de apaciguarse, esta pelea de poder histórica entró en su momento más álgido justo antes de que empezaran las vacaciones de invierno. La denuncia de un fiscal federal, quien señaló manejos “arbitrarios” de Sus Señorías, encendió una alerta en la Procuración General de la Nación –cabeza de todas las fiscalías–, que puso en marcha un relevamiento sobre el derrotero de los expedientes en todo el país y un análisis estadístico sobre la injerencia de los fiscales. En el organismo analizan propiciar un pronunciamiento de la Corte Suprema y/o promover una reforma legal que defina con claridad qué papel le toca a cada quien.

¿Cuál es el eje de la discordia? Los fiscales acusan a los jueces de manejar los expedientes a su antojo, de regular los tiempos, de meterse de lleno cuando un tema les interesa por su capital político o de delegárselos cuando les incomoda por sus implicancias, o porque no saben por dónde empezar, o como castigo o bien porque perdieron en las apelaciones en Cámara o porque se hartaron. Se quejan de que los tratan como auxiliares o asistentes de segunda. Como una “comisaría”, grafican algunos. Los jueces alegan que ellos tienen la facultad de decidir con discrecionalidad cuándo y cómo le dan cabida a la fiscalía con la que les toca trabajar. Ellos concentran las decisiones sobre medidas, indagatorias, procesamientos o exculpaciones. Esta fue por mucho tiempo una batalla silenciosa, a lo sumo de intercambiar caras de perro entre pasillos o despachos de tribunales, pero ya está en los papeles y se ha hecho pública.

El fiscal que se animó a plantear la necesidad de encauzar la controversia fue Federico Delgado. Lo hizo ante la Cámara Federal y, dos semanas atrás, ante la Procuración General. Sostuvo que los jueces no aplican un criterio “general” para encomendar las investigaciones a las fiscalías, pese a que la ley da ciertos parámetros, sino que hacen un uso “arbitrario” y “abusivo” de esa potestad de delegar las causas, “lo que va en desmedro de cualquier democratización del proceso penal” y “afecta la autonomía del Ministerio Público (las fiscalías)”. Todo esto, advirtió, “afecta el trabajo diario”.

El tironeo suele darse en distintos fueros, pero en el federal tiene la peculiaridad de que los denunciados-investigados suelen ser funcionarios públicos, exponentes del poder económico o represores de la última dictadura. Según el papel que quieran adoptar, el momento político y las perspectivas del caso, los jueces asumen o ceden las investigaciones.

Para ponerlo en ejemplos: Norberto Oyarbide delegó en la fiscalía de Carlos Rívolo la reconstrucción del patrimonio de Ricardo Jaime, pero maneja sin intermediarios la megacausa de los medicamentos que apunta a casi todas las obras sociales sindicales, igual que la del espionaje porteño. Cuando tuvo la de un supuesto complot para derrocar a Fernando de la Rúa sólo la delegó después de más de dos años, tras la apelación del fiscal Carlos Stornelli contra el archivo. La jueza María Servini de Cubría le delegó a Guillermo Marijuán la causa de la bolsa de Felisa Miceli cuando la ex ministra aún estaba en funciones, pero se quedó el año pasado con la denuncia de Cinthia Hotton sobre supuesta compra de votos para la aprobación del Presupuesto, que al final cerró. La jueza siempre procuró ocuparse en persona de las causas sobre apropiación de hijos de desaparecidos. La mayoría de los jueces federales han intentado capitalizar sin delegar las investigaciones sobre crímenes del terrorismo de Estado.

En el fuero ordinario, la causa sobre el presunto intento de sobornar a jueces de la Cámara de Casación Penal para que liberaran a los detenidos por el crimen de Mariano Ferreyra estuvo más de cinco meses a cargo de la fiscalía, primero de Mariano Solessio y luego de Sandro Abraldes, y en cuanto este último pidió indagatorias en mayo, el juez Luis Rodríguez asumió la pesquisa y ordenó más medidas de prueba antes de resolver nada.

Según la ley, hay dos momentos de intervención garantizada y decisiva de las fiscalías en los procesos judiciales: deben impulsar la “acción penal” si creen que hay razones para abrir una causa o de-

sistir de hacerlo y tienen el poder de apelar cuando, por ejemplo, el juez decide sobreseimientos o faltas de mérito, lo que implica la chance de revertir el rumbo de una pesquisa o (si no apela) dejarla morir. El problema es qué pasa en el ínterin. ¿El juez puede decidir en cualquier momento darle intervención o hay plazos? ¿Puede no dársela nunca?

Según planteó Delgado, la ley habla de un plazo de 24 horas desde que llega la denuncia, que algunos interpretan hasta tres días, para pasarle la posta a la fiscalía. El fiscal dice que no importan los días exactos, pero debe ser “con la mayor inmediatez posible”. Dice que no cuestiona la “discrecionalidad” de los jueces, pero lo que debe evitarse es que se convierta en “arbitrariedad”. El procurador Esteban Righi se tomó el asunto muy a pecho y ya analiza qué caminos seguir. Por lo pronto, la fiscalía de Política Criminal de la Procuración, a cargo de Mary Beloff, inició un sondeo de opiniones de las fiscalías de todo el país. En el fuero federal, todos los fiscales menos dos que decidieron no opinar, coincidieron con Delgado. Ahora está en plena confección la consulta en las fiscalías porteñas y federales del resto del país. También se está haciendo un análisis estadístico de participación de las fiscalías en los expedientes, cuánto tiempo los tramitan y en qué momento, según explicaron en el organismo a Página/12. Los resultados estarían listos en unos quince días, y en función de eso, Ri-ghi decidirá el camino a seguir. Promover una reforma de la ley que establezca funciones claras es una opción, compatible también con promover una opinión de la Corte Suprema.

En el fondo de la cuestión es una pelea de modelos y de estrellatos. Una pelea de poder. Los fiscales responsabilizan a los jueces de fomentar un sistema “inquisitivo” (que la jurisprudencia tiende a modificar) de rasgos autoritarios, donde los jueces concentran las decisiones: manejan el timing, interrogan y resuelven el destino de los imputados. Los fiscales quedan en una zona gris, expuestos al riesgo de ser figuras decorativas. El modelo “acusatorio”, en cambio, le da más protagonismo a los fiscales y es el que han fomentado la mayoría de los proyectos de reformas procesales de vanguardia, pero que hasta ahora no han tenido éxito, al menos a nivel nacional. Es un esquema que recorta el peso de los jueces –poderosa corporación si las hay–, lo que explica que las dificultades para su aprobación y las resistencias que ha generado en las jurisdicciones donde se empezó a aplicar, como la provincia de Buenos Aires.