Con quórum ajustado y trámite rápido, el Senado volvió a sesionar tras un mes de receso. Los senadores le dieron nuevamente media sanción y estado parlamentario al proyecto para indemnizar a las víctimas del atentado a la AMIA en 1994, que nunca había llegado al recinto de Diputados por diferencias sobre el sistema indemnizatorio. Además, dieron ingreso a los pliegos que envió el Ejecutivo para el nombramiento de 92 jueces, fiscales y defensores oficiales que comenzarán a analizarse en la Comisión de Acuerdos de la Cámara. También convirtieron en ley la modificación del Régimen de Promoción del Software, el acceso a educación pública de las personas privadas de libertad y la modificación a la Ley de Contrato de Trabajo para agilizar la homologación de los convenios laborales. Por unanimidad, el Senado dio media sanción a la regulación laboral para los empleados de call centers y un nuevo régimen jubilatorio para trabajadores rurales.

La sesión comenzó casi dos horas después de lo previsto y con 43 senadores presentes, apenas seis más del quórum necesario para abrir la sesión. Tras los homenajes, la asunción del nuevo senador fueguino Osvaldo Ramón López y la cuestión de privilegio presentada por el senador Daniel Filmus por la “campaña sucia” en su contra (ver aparte), los legisladores abordaron el tema de la AMIA.

El Senado aprobó por unanimidad la indemnización a las víctimas del atentado a la mutual judía, pero hubo diferencias durante el debate.

Los senadores volvieron a insistir en el texto original que había aprobado la Cámara alta y que nunca llegó al recinto de Diputados, en medio de una discusión que cruzó transversalmente a distintos bloques políticos por el monto indemnizatorio. Los diputados no lograron destrabar el debate sobre la iniciativa que establece el pago a las víctimas de una indemnización mayor a la que recibieron las víctimas del terrorismo de Estado. “Es lamentable que todavía las víctimas se encuentren recorriendo los pasillos de Tribunales en busca de una reparación a la que este cuerpo le dio media sanción, pero caducó en Diputados”, abrió la puntana Liliana Negre de Alonso.

La senadora del peronismo disidente, presidenta de la Comisión de Legislación General, volvió a insistir con el texto original que aprobó el Senado. La única modificación fue la incorporación solicitada por el oficialista jujeño Guillermo Jenefes: se agregó que el Estado deberá hacerse cargo de las costas de los abogados contratados por los familiares que iniciaron procesos judiciales contra la Nación.

La iniciativa establece una indemnización para los familiares de las víctimas fatales del atentado que llega a un millón 800 mil pesos. Una cifra que surge del cálculo del pago de 200 sueldos de la categoría A “0” –la más alta de la administración pública nacional–, en carácter de daños y perjuicios, daño moral y lucro cesante. Los sobrevivientes del atentado, en tanto, cobrarían un porcentaje de ese monto de acuerdo con las lesiones y secuelas sufridas: el 75 por ciento para heridos graves y el 60 para damnificados con daños menores.

La cordobesa Norma Morandini votó a favor en general, pero se abstuvo en el artículo 6º del proyecto. La candidata a vicepresidenta de Hermes Binner, que había participado de la discusión en la Cámara baja, cuestionó la “diferencia” entre el resarcimiento a las víctimas de la AMIA y el destinado a las del terrorismo de Estado. Las indemnizaciones de estas últimas fueron en base a la misma categoría laboral (A “0”), pero multiplicadas por cien, la mitad de lo propuesto para las víctimas de la AMIA, y tampoco incluyó el cargo de las costas de los procesos judiciales. Por los mismos motivos, la senadora de la Coalición Cívica, María Eugenia Estenssoro, también se abstuvo de votar el artículo 6º.

Más tarde, el Senado también convirtió en ley el proyecto de modificación a la normativa sobre Promoción del Software, que otorga mayores beneficios fiscales y agiliza la cobranza para las empresas exportadoras. Una iniciativa cuya aprobación había solicitado la Presidenta en su discurso de apertura del año parlamentario y que ayer festejó la ministra de Industria, Débora Giorgi.

La norma aprobada establece una extensión por cinco años de la ley de vigencia del Régimen de Promoción, que vencía en 2014, para llevarla al 2019. Además, permite que las firmas exportadoras puedan cancelar el Impuesto a las Ganancias con el bono fiscal que reciben en la actualidad, equivalente al 70 por ciento de las contribuciones patronales que realizan. También se contempla que la desgravación del 60 por ciento en el monto de Ganancias incluya las utilidades provenientes del exterior. Esta reforma de la ley facilita el ingreso de las pymes a los beneficios fiscales que otorga, con el requisito de que acrediten exportaciones y nuevos desarrollos tecnológicos.