Los diputados volverán hoy al recinto en una sesión especial sin temas conflictivos y que tiene como eje convertir en ley la ratificación del convenio constitutivo del Banco del Sur, que Argentina firmó en 2009 junto a otros seis países latinoamericanos (Venezuela, Brasil, Ecuador, Uruguay, Bolivia y Paraguay) en la caribeña isla Margarita. El temario también incluye, con algunas disidencias, la incorporación al Código Penal de la extensión del plazo para la prescripción de delitos contra la integridad sexual de menores, que comenzará a contabilizarse a partir de que la víctima cumpla la mayoría de edad. Además de darle rango constitucional a la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer.

La mayoría de los bloques de la Cámara baja ya anticiparon –durante el debate en las comisiones de Relaciones Exteriores, Finanzas y de Presupuesto– su apoyo a la creación de la entidad regional para promover, con recursos propios, el desarrollo económico y obras de infraestructura en América del Sur, así como un instrumento para afrontar las consecuencias de la crisis económica internacional.

“Las recetas del FMI fueron ejecutadas impiadosamente desde la década del ’70, con el consiguiente aumento de la pobreza, la indigencia, la desarticulación de políticas de industrialización, estableciéndose la necesidad de privatizar los recursos más importantes de la economía para favorecer el interés privado, que actuaba de consuno (de común acuerdo) con el Fondo y con los otros organismos multilaterales”, dice en su fundamento el proyecto que propone la creación del banco regional y que hoy tratarán los diputados.

De esta manera, la Argentina será el cuarto país cuyo Parlamento ratifica el convenio constitutivo del Banco del Sur, que comenzó a gestarse en 2007, que cobró fuerza durante la crisis internacional del año siguiente y que el 26 de septiembre de 2009 los presidentes Cristina Kirchner (Argentina), Hugo Chávez (Venezuela), Evo Morales (Bolivia), Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil), Rafael Correa (Ecuador), Fernando Lugo (Paraguay) y Tabaré Vázquez (Uruguay) rubricaron en Porlamar, de la venezolana isla Margarita. Ya la habían hecho Venezuela y Ecuador, y próximamente se sumarán Uruguay y Brasil.

El oficialista Frente para la Victoria y las bancadas opositoras también resolvieron sumar al temario de la sesión especial de hoy otros dos temas que tienen consenso generalizado, aunque con algunas disidencias.

Una es la incorporación al artículo 63 del Código Penal de la extensión del plazo para la prescripción de delitos cometidos contra la integridad sexual de menores. Los mismos comenzarán a contabilizarse una vez que la víctima cumpla la mayoría de edad, “cuando por razones comprobadas no se hubiere encontrado en condiciones psicológicas o materiales de denunciar” el delito. Una forma de facilitar que los delitos contra menores, muchas veces cometidos dentro del ámbito familiar, no queden impunes por el solo paso del tiempo. Una de las impulsoras de la iniciativa, la ex diputada de la Coalición Cívica Marcela Rodríguez, planteaba ampliar la extensión de las prescripciones penales a otros tipos de delitos. Aunque la mayoría de los bloques coincidieron en convertir en ley el texto aprobado en Senado para no demorar más su inclusión en el Código Penal.

El otro punto del orden del día será otorgarle jerarquía constitucional a la Convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, aprobada por la Asamblea General de la OEA en junio del ’94. La Convención ya había sido ratificada por Argentina en julio del ’96 y convertida en ley. Ahora también formará parte del texto de la Constitución.

De esta manera, el oficialismo –tras el contundente triunfo en la primarias– consiguió hacer prevalecer su criterio para poner en funcionamiento la Cámara baja, que hace un mes que no sesiona: la convocatoria a una sesión especial con temario acordado y acotado para que la disputa electoral no vuelva a paralizar la actividad legislativa.